El mexicano Edgar Tamayo fue ejecutado ayer en Texas por el asesinato de un oficial de policía de Houston hace 20 años, a pesar de las súplicas y la presión diplomática del gobierno mexicano y del Departamento de Estado para detener la pena capital.
Tamayo, de 46 años, recibió una inyección letal por los disparos que cegaron la vida del oficial Guy Gaddis en enero de 1994.
Cuando un guardián le preguntó si tenía una última declaración, musitó «no» y movió la cabeza. A medida que la dosis letal de pentobarbital comenzó a hacer efecto, respiró unas cuantas veces y luego hizo un ronquido ligeramente audible antes de dejarse de mover por completo. Fue declarado muerto 17 minutos después de que le administraron la sustancia, a las 9:32 de la noche.
La ejecución, la primera de este año en el estado con mayor cantidad de reos ejecutados del país, se retrasó por más de tres horas mientras la Corte Suprema de Estados Unidos sopesaba apelaciones de último momento.
Tamayo nunca miró hacia la madre de Gaddis, dos hermanos y otros dos familiares que veían a través de una ventana.
«Es un cobarde justo como cuando le disparó a mi hermano en la nuca y murió como un cobarde», dijo Glen Gaddis.
Había varias decenas de policías y simpatizantes del patrullero muerto que aceleraban sus motocicletas fuera de la prisión antes de que dejaran ingresar a los testigos dentro de la cámara de la muerte. Tamayo no escogió ningún testigo propio.
«Un pedazo de mi corazón hecho pedazos se siente mejor», dijo la madre del oficial, Gayle.
La ejecución se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos y tribunales federales rechazaron apelaciones de último momento, y de que los funcionarios de Texas desdeñaron los argumentos de que la detención y pena de muerte de Tamayo estaban viciados porque no le informaron, según indica un acuerdo internacional, que podía recibir asistencia jurídica de su país tras el arresto.
Los abogados también alegaron sin éxito que no era mentalmente capaz y por lo tanto no era elegible para la pena de muerte, y que los procedimientos de clemencia del estado fueron injustos.
La Junta de Perdón y Libertad Condicional de Texas había rechazado el martes el pedido de clemencia de Tamayo.
«No importa de dónde sea la persona», dijo Lucy Nashed, portavoz del gobernador Rick Perry. «El que cometa un crimen despreciable como éste en Texas, queda sujeto a nuestras leyes estatales, incluido un juicio justo con jurado, y la pena máxima».
Las abogadas de Tamayo, Sandra L. Babcock y Maurie Levin, emitieron un comunicado tras la decisión de la Corte Suprema.
«Hoy Texas una vez más ha demostrado su total desprecio por el imperio de la ley y los compromisos de los tratados de Estados Unidos. En su afán de ejecutar al señor Tamayo, el gobernador y el fiscal general intencionalmente hicieron caso omiso de las promesas que hicieron a los líderes de nuestra nación que de garantizarían una revisión de la violación de los derechos consulares del señor Tamayo», dijeron.
«La ejecución del señor Tamayo viola los compromisos de tratados (firmados) por Estados Unidos, amenaza los intereses de política exterior de la nación, y socava la seguridad de todos los estadounidenses en el extranjero», añadieron Babcock y Levin.
Gaddis, quien llevaba dos años en la policía, llevaba a Tamayo y otro hombre desde el lugar de un robo cuando, según muestra la evidencia, el oficial recibió tres disparos en la cabeza y el cuello con una pistola que Tamayo había ocultado en sus pantalones. El auto se estrelló, y Tamayo huyó a pie pero fue capturado a pocas cuadras, todavía esposado, con el reloj y el collar de la víctima del robo.
Funcionarios mexicanos y los abogados de Tamayo dijeron que estaba protegido por una cláusula de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La asistencia jurídica que garantiza ese tratado pudiera haber descubierto pruebas para impugnar la pena capital por asesinato o que evitaran que Tamayo fuese condenado a la pena de muerte, dijeron.
Los registros muestran que el consulado se enteró del caso hasta que el juicio estaba a punto de comenzar.
El secretario de Estado John Kerry había pedido al procurador general de Texas, Greg Abbott, que demorara la ejecución, diciendo que «podría afectar la manera como los ciudadanos norteamericanos son tratados en otros países». El Departamento de Estado repitió esa postura el miércoles.
Pero el despacho de Abbott y la fiscalía de distrito del Condado Harris se opusieron a cualquier retraso.
Por lo menos otros dos reos en circunstancias similares fueron ejecutados en Texas en años recientes.
El gobierno mexicano expresó en un comunicado tras la muerte de Tamayo que «la importancia fundamental de este caso es que es el respeto al derecho de acceso a la protección que brindan nuestros consulados a los mexicanos en el exterior». A comienzo de la semana había declarado que se oponía con firmeza a la ejecución.
Tamayo estaba en Estados Unidos sin autorización y tenía antecedentes penales en California, donde cumplió una pena de prisión por robo y recibió la libertad condicional, según registros de la prisión.
Tamayo estaba entre más de 40 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, falló en 2004 que no les habían informado debidamente de sus derechos consulares. La Corte Suprema indicó posteriormente que audiencias solicitadas por la Corte Internacional sobre los casos de esos reos sólo eran obligatorias si el Congreso emitía una ley al respecto.
«Desafortunadamente, esa ley nunca se aprobó», reconoció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.