Las relaciones entre los gobiernos y la prensa nunca son armoniosas porque hasta el más eficiente de los gobiernos se molesta cuando se le señala un error, no digamos cuando se le hace algún señalamiento sobre abusos en el ejercicio del poder. Históricamente las tensiones se han manifestado de distintas formas y en los países más civilizados y con mayor tradición democrática y de respeto a las libertades humanas, las autoridades se molestan, pero no traducen sus sentimientos en acciones contra sus críticos.
Tras la acción penal emprendida por el Presidente y la Vicepresidenta contra el presidente del diario elPeriódico, se produjo una avalancha pública, nacional e internacional, contra tal procedimiento de las autoridades por apartarse de lo establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento para juzgar excesos en el ejercicio del derecho a la libre expresión. Tanto así que los gobernantes anunciaron que retirarían las acciones penales, pero no cabe duda que el daño para su imagen estaba hecho.
Las empresas periodísticas, como cualquier empresa, tenemos obligaciones tributarias y estamos expuestos y sujetos a fiscalización como cualquier otro negocio. Pero por mucho que se quiera explicar y justificar la auditoría ordenada por la Superintendencia de Administración Tributaria a la empresa editora de elPeriódico, el antecedente de los procesos contra Rubén Zamora define el territorio y condiciona la reacción de la opinión pública.
Hay sectores que insisten en que los periodistas pretendemos un trato especial, un fuero distinto y una impunidad absoluta basada en el poder de nuestros medios. Nosotros nunca defenderemos situaciones de ese tipo porque creemos en la responsabilidad en el ejercicio de nuestro oficio, pero una auditoría que pudo ser totalmente normal en condiciones también normales, se convierte en parte de las acciones contra la libertad de expresión cuando existen los antecedentes de los procesos señalados.
Creemos que el gobierno sigue cometiendo errores que le comprometen y dañan. Seguramente algunos asesores han pensado que las recientes encuestas demuestran la fortaleza del régimen y la debilidad de sus críticos, pero lo que no se puede medir es el efecto que en el extranjero tiene lo que se asume como un acoso contra la prensa. Muchos lo entienden así en Guatemala y serán más los que lo hagan en el exterior porque, repetimos, la historia de nuestros pueblos está plagada de esfuerzos por acallar a la prensa.
Nadie puede objetar una auditoría fiscal, pero las condiciones existentes alientan la idea de un acoso fiscal.
Minutero:
No es sentar un adagio
pero siempre se ha recurrido
a hablar de que hubo descuido
cuando se habla de plagio