Esta vez que La Hora publicó un amplio y detallado reportaje (martes 21) acerca del conflicto entre dos empresas extranjeras que previamente celebraron un contrato entre sí para la construcción de una planta de generación eléctrica en Escuintla y que una de ellas, la Jaguar Energy, presuntamente no cumplió con sus obligaciones, el Ministerio Público anunció que investiga lo que ocurrió recientemente en el proyecto y quizá también averigüe lo que actualmente acontece en ese sitio, precisamente, puesto que cuando yo publiqué un breve artículo al respecto no se dieron por enterados en el MP.
Decía en aquella ocasión que inicialmente no me interesaron los desplegados de prensa de las firmas Jaguar Energy y China Machine New Energy (CMNE), porque se trataba de un asunto meramente mercantil que ni me va ni me viene; pero cuando leí una lacónica e inadvertida información acerca de que la primera de esas compañías había utilizado los servicios de una empresa privada de seguridad para desalojar a los obreros chinos de las instalaciones, resultando 15 trabajadores heridos, y que ningún funcionario del Gobierno reaccionó, entonces me entrometí en ese caso porque no concibo que asalariados de cualquier nacionalidad que laboren en territorio guatemalteco sean agredidos con lujo de fuerza y que los supuestos responsables no sean enjuiciados.
Disiento de lo expresado por la empresa Jaguar Energy, en un campo pagado, al aseverar que ha surgido una campaña “de desinformación y manipulación”, desmentida implícitamente por el reportaje de anteayer en este vespertino, que incluye segmentos de un video que muestra el momento en que agentes de seguridad de esa compañía atacan con violencia a los trabajadores chinos, que volvían a las instalaciones en las que se construye la planta, para proseguir pacíficamente con sus tareas laborales, y ahora están recluidos en una especie de “campo de concentración”.
Tampoco se puede aceptar el falaz argumento de que el conflicto entre las firmas no retrasaría el aumento cuantioso de la oferta de energía eléctrica en un futuro inmediato del país. Más bien, ocultar ese retraso es lesionar los intereses de los guatemaltecos que se beneficiarían de una mayor oferta de energía eléctrica más barata, especialmente porque se generaría con carbón y no con combustible derivado del petróleo.
Por no disponer de información suficiente se presume que la firma estadounidense ya no cuenta con suficiente liquidez para financiar la construcción de la planta, habiendo adquirido con la China Machine New Energy una deuda de casi 200 millones de dólares, como lo señala el reportaje de La Hora, además de que ha ocultado que la planta que se construye es garantía de pago y, por consiguiente, si no paga, es incierto su derecho de propiedad de la misma.
La empresa de capital norteamericano debería informar sobre las bases legales en las que se habría sustentado para ordenar que se atacara a los obreros orientales, así como divulgar su estado financiero, su disponibilidad de recursos para continuar con la construcción de la planta, la deuda que tiene con la CMNE, la garantía del pago de esa deuda, el tiempo que se ha retrasado el proyecto y la factibilidad de que cumpla con entregar cada etapa de la planta en el tiempo convenido.
Satisface que el MP realice las investigaciones penales, mientras el Gobierno debe evitar que empresas privadas de seguridad se arroguen atribuciones y facultades que sólo incumben a órganos competentes del Estado.
(El comunitario Romualdo Tishudo advierte que lo más importantes es proteger a los desamparados obreros chinos).