En nuestro modelo republicano se establece un sistema semiparlamentario que tiene en la interpelación de los Ministros de Estado su figura cumbre porque otorga al Congreso facultades de control y fiscalización de la gestión administrativa que realiza el poder Ejecutivo. En ese sentido se trata de una institución valiosa que debió utilizarse exactamente para el cumplimiento de sus fines naturales, reconocidos en todos los países donde el parlamento puede interpelar a los encargados de alguna de las carteras de gobierno, pero en Guatemala desde hace años se viene utilizando como un instrumento para entrampar la agenda legislativa, llegándose al colmo cuando durante un año se mantuvo el interrogatorio al anodino Ministro de Cultura, obligando, además, a que la Ministra de Educación prácticamente tuviera que trasladar su despacho al Palacio Legislativo, pendiente del inicio de su propia interpelación, misma que no llegó en esos doce meses.

Dos artículos de la Constitución regulan con todo detalle la figura de la interpelación, privilegiando el derecho de los diputados a preguntar y la obligación de los ministros a responder, incluyendo la prohibición para salir del país mientras dure la interpelación, entre otras cosas. Su conclusión está en el planteamiento del voto de falta de confianza que deberá tramitarse expeditamente, en la misma sesión en que lo pidan cuatro o más diputados o en las dos siguientes, y que de alcanzar la mayoría absoluta del total de diputados, obliga al ministro a presentar su renuncia, misma que será forzosamente aceptada si dos tercios del total de diputados ratifican el voto de falta de confianza.
 
 Pero tener al Congreso paralizado por una interpelación inútil, incapaz de generar el voto de falta de confianza ni de producir elementos probatorios como para solicitar que se certifique lo conducente a la fiscalía para el inicio del antejuicio correspondiente, es inconcebible y un atentado contra la institucionalidad del país. Tanto así que al día de hoy si alguien escucha que se habla de interpelación, en lo primero que piensa es en una acción filibustera para entrampar al Congreso y jamás en un instrumento de control legítimo para evitar abusos o excesos en el ejercicio del poder.
 
 De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, se suele decir, y los constituyentes que regularon la interpelación pensaron que siempre tendríamos diputados responsables, serios y comprometidos con la Nación, que usarían la figura para ejercer verdadero control en beneficio del pueblo. Y si bien los diputados de Lider se llevan las palmas porque llevan más de un año manteniendo allí sentado a ese Ministro que ni huele ni hiede, no son los únicos responsables de prostituir las interpelaciones hasta convertirlas en un instrumento inútil y absolutamente viciado.
 
 Tanto así que si se decidiera regular las interpelaciones, poniendo límites razonables, nadie protestaría porque hoy por hoy son vistas únicamente como una maniobra politiquera para perder tiempo y hacer más inútil aún, si es que cabe la posibilidad, al Congreso de la República. Los diputados tienen derecho a interpelar, pero ese derecho, como todos los demás, se comprometen cuando son utilizados abusiva a inmoralmente con fines aviesos.