Un amplio proyecto de ley agrícola de probables consecuencias para Estados Unidos en el comercio internacional circula en el Congreso estadounidense de mayoría demócrata pese a la amenaza de veto anunciada por el gobierno del presidente republicano George W. Bush.
La Cámara de Representantes está lista para votar el multimillonario plan quinquenal que prevé protecciones para agricultores y ganaderos a través de regulaciones de la cantidad de subsidios y ayuda disponibles y con una cantidad de nuevas disposiciones como programas de nutrición y conservación.
El gobierno de Bush ha amenazado con vetar la ley, en parte por lo que considera subsidios altos, un seguro elemento que bloqueará la Ronda de Doha en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Algunos observadores sugieren que la amenaza podría ser difícil de concretar, dado el actual panorama político estadounidense, caldeado de por sí con la campaña hacia las elecciones presidenciales de 2008.
No obstante, la Casa Blanca renovó su advertencia el miércoles después de que una comisión de representantes señalara que aspira a aumentar los impuestos para algunas empresas extranjeras con filiales en Estados Unidos con el fin de de financiar parte de los programas nutricionales del gobierno.
Los aumentos de tasas propuestos encendieron un virulento debate entre los congresistas, dado el profundo rechazo que ese tipo de medidas recibe de parte de los republicanos.
«Encuentro inaceptable aumentar los impuestos para pagar una ley agrícola que carece virtualmente de una reforma», destacó el secretario de Agricultura, Mike Johanns.
«Yo y el equipo completo de máximos asesores del presidente le recomendaremos que vete esta ley en caso de que sea adoptada bajo la formulación actual», puntualizó.
La ley, con un presupuesto estimado en 286.000 millones de dólares, fue aprobada la semana pasada por el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes tras arduas discusiones para conseguir apoyo bipartidario al texto.
El presidente de ese comité, Collin Peterson, dijo que la ley otorga una «reforma significativa» e impone «el equilibrio necesario» para garantizarle a los granjeros que «la protección es firme y segura».
Entre los temas más difíciles de solucionar se cuentan los subsidios agrícolas, que generaron una fuerte reacción de 22 países de economías emergentes que negocian la ronda de Doha en la OMC.
El gobierno de Bush está sometido a una feroz presión internacional para ayudar a desbloquear las negociaciones de la ronda de Doha, lanzada en la capital de Qatar hace casi seis años con el objetivo de reducir barreras comerciales y alentar el desarrollo.
Las naciones críticas de los subsidios agrícolas dicen que esas subvenciones ayudan a los países desarrollados a ubicar su producción excedentaria en el mercado mundial a precios injustamente bajos, privando así a muchas economías emergentes y a países pobres de la posibilidad de reforzar sus propios sectores de exportación agrícola.
La legislación actual prevé subsidios a los granjeros con ingresos de hasta 2,5 millones de dólares anuales. El texto a votación reduciría ese monto a un millón anual y eliminaría los límites a ciertos préstamos. Los republicanos dicen que la ley privaría de subvención a unos 7.000 granjeros.
En caso de ser aprobada por los representantes, la ley deberá obtener la aprobación del Senado antes de ser presentada al presidente Bush para su aprobación.