Al mediodía de este miércoles comparecieron ante el Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales Geraldine del Cid, Cristal Cotón Florián, Aníbal Rodríguez y José Miguel Hernández. El Ministerio Público (MP) les imputa el delito de lesiones y atentado contra funcionarios, por el cual podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión.

Los señalados fueron capturados ayer, sindicados de lanzar cal a la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuando abandonaba la gran Sala del Teatro Nacional al terminar la presentación del segundo informe del gobierno.

Durante la audiencia el Ministerio Público pidió  que fueran procesados y enviados a prisión por el delito de atentado contra altos funcionarios y lesiones, y como pruebas presentó objetos incautados ayer a los sindicados.
La legislación penal de Guatemala establece que quien es encontrado culpable del delito de atentado contra altos funcionarios será sancionado con una pena de prisión de cinco hasta quince años.
En el artículo 384 del Código Penal tipifica esta pena ante atentados contra la vida, integridad corporal o la libertad del Presidente de la República, de cualquiera de los Presidentes de los otros organismos del Estado o del Vicepresidente de la República.
Por aparte la Real Academia Española define como atentado “delito que consiste en la violencia o resistencia grave contra la autoridad o sus agentes en el ejercicio de funciones públicas, sin llegar a la rebelión ni sedición.”.
En relación al delito de lesiones, la Ley establece penas de cárcel que van desde los 6 meses hasta los 12 años, dependiendo de la gravedad del delito.
Geraldine del Cid y Cristal Cotón Florián son señaladas de arrojar cal a la vicemandataria.
LIGADOS A PROCESO

Por otro lado, el Juzgado de Paz de Turno del Organismo Judicial (OJ) ligó a proceso a cinco de las seis personas capturadas ayer afuera del Teatro Nacional por el delito de reuniones y manifestaciones ilícitas.

En la audiencia de primera declaración realizada esta mañana el MP les imputó el ilícito mencionado, contenido en el artículo 397 del Código Penal. De acuerdo con la fiscalía los señalados se encontraban reunidos junto a 25 personas aproximadamente, para obstaculizar la actividad realizada ayer, cuando el Presidente presentó su segundo informe de labores.

Según la normativa guatemalteca, el delito de reuniones y manifestaciones ilícitas contempla prisión de 6 meses hasta dos años.

Las personas ligadas a proceso fueron identificadas como Jonás Everildo Cortez Abrego, Julio Orozco Silva, Jorge Alfredo Escobar, Hilary Gabriela Ramírez y  Ricardo Arévalo Sosa.

Jimy Eduardo Ambrosio Quej no fue vinculado a la causa penal por padecer de supuestos mentales. Otros tres menores de edad fueron escuchados en un juzgado de menores en conflicto con la Ley penal.