No por tanto haberlo dicho sale sobrando repetir que consideramos que la adopción es una de las instituciones más nobles del derecho civil porque provee de familia a niños que no la tienen y permite a familias gozar de la bendición de enriquecerse con hijos. En ese sentido, la promoción de adopciones debiera ser bien vista y aplaudida, además de que se debe fortalecer el mecanismo para garantizar los fines de la institución.

Sin embargo, cuando vemos que nuestro paí­s es el paraí­so para las adopciones y que ocupamos el primer lugar del mundo si se toma en cuenta la relación entre cantidad de habitantes y número de adopciones, tenemos que entender que ello no es porque seamos cabalmente los más aplicados en practicar los mejores procedimientos que tiendan a asegurar a las partes todos los beneficios inherentes.

Por el contrario, en este mundo actual en el que hemos ido derivando a la comercialización de todo, hasta de las adopciones, hay que ver que en el fondo está el interés económico de quienes se dedican a realizar los trámites y que, en muchos casos, son verdaderos vendedores de niños a compradores extranjeros cuyo principal requisito es el cheque que deben extender para cubrir los gastos de la adopción. Decir que hay tráfico de niños es muy duro y por supuesto que despierta malestar entre quienes ejercen su oficio notarial facilitando la gestión a extranjeros que pagan en dólares o euros el trámite. Pero si estuviéramos hablando de otra «mercancí­a», nadie dudarí­a en hablar de tráfico.

Guatemala tiene que adoptar medidas para honrar el espí­ritu de su legislación en materia de adopciones y asegurar que efectivamente la institución sirva a las familias y a los niños que carecen de ellas. No puede negarse la existencia de casos en los que los menores son robados, sustraí­dos de sus padres naturales, para ser colocados en las casas cunas que ofrecen el producto. Y tampoco que hay madres que en estado de extrema necesidad y de abandono social, venden a sus hijos y los producen como fuente de ingresos al poner a disposición de ese inclemente mercado la mercancí­a apetecida.

Debemos garantizar que la adopción siga siendo una noble institución del derecho civil y no un negocio por mucho que existan aquellos que creen que todo lo que es parte del mercado se vuelve bueno por obra y gracia de un Dios que sólo ellos entienden. Y ahora que la presencia de expertos internacionales pone el dedo en la llaga para que entendamos hasta qué punto Guatemala está corrompida al no sólo exportar a sus trabajadores que se vuelven migrantes ilegales, sino a sus niños que se convierten en una simple y pura mercancí­a.