Existe una amplia gama de factores que inciden en que las mujeres se dediquen a la prostitución y dentro de estos sobresalen las necesidades económicas y la adversa situación social. Por eso, el comercio sexual se ha convertido en un negocio rentable, especialmente para las personas que utilizan a las mujeres jóvenes como mercancía y desean ganar dinero fácil, al tiempo que se difumina con la terrible trata de personas.

La prostitución no está regulada en Guatemala y existen factores determinantes de orden social, de salud y económicos que las autoridades pasan por alto, lo cual constituye un estado de desprotección hacia las personas que ejercen este oficio, pero que además invisibiliza a las víctimas de la trata de personas.

En un sistema que se podría considerar machista, racial y clasista, la prostituta es la mujer que siempre está a la merced de los hombres, disponible en cualquier momento, sometida y sodomizada.

Se sabe que estas féminas se ubican en las llamadas zonas rojas de la ciudad capital y de los departamentos del país, además de las zonas más “exclusivas” en centros nocturnos y que están dispuestas a intercambiar su cuerpo por dinero, aunque muchas veces ocurre de manera forzosa, en lo que se conoce como trata sexual de personas.

Lo cierto es que en ambos contextos, las mujeres son usadas como objetos sexuales, pues sus cuerpos se venden como mercancía, pero también  las convierte en el centro de un negocio importante para la delincuencia organizada.

Algunos grupos se dedican no solo a explotar sexualmente a las personas, sino trafican con ellas, lo cual hace más fácil que individuos sin escrúpulos las manejen y las traten a su sabor y antojo.

¿FALTA DE INTERÉS O NEGLIGENCIA?

Por tradición, la prostitución se lleva a cabo en burdeles, cantinas, casas cerradas, bares, clubes nocturnos y, finalmente, con servicios a domicilio, y ante la falta de controles el problema se extiende a la trata.

Para el asesor jurídico de la Fundación Sobrevivientes, Nery Baten, no hay que dejar de lado que aunque el ejercicio de la prostitución no está penado como tal, el proxenetismo sí lo es, sobre todo cuando redes de trata de personas captan a sus víctimas en diferentes regiones del país, bajo engaños o secuestradas para luego explotarlas sexualmente.

“El factor que influye para que sean traídas y utilizadas estas personas es el económico, pues se sabe de personas que dirigen estos negocios o tienen lugares específicos y consiguen a otras personas para ubicar a las víctimas en cualquier lugar a nivel nacional, pero se concentran más en la Capital porque aquí el negocio paga más”, manifiesta.

Asimismo, recalca que la trata de personas no solo incluye la prostitución y la explotación sexual, sino también la explotación laboral, la servidumbre, el tráfico de órganos e incluso, el reclutamiento de menores de edad para hechos delictivos organizados, así como las adopciones ilegales.

Un estudio de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Personas presentado en 2010, en el cual se entrevistó a 146 mujeres que eran víctimas de tráfico internacional y prostitución local, cuenta que el 80% de ellas sufrieron violencia física por parte de proxenetas y múltiples afecciones derivadas del abuso al que eran forzadas.

Algunas mujeres señalaron que los establecimientos sexuales les ofrecían alguna protección, añadiendo que ninguna persona velaba por su salud y seguridad dentro y fuera de las habitaciones, donde “cualquier cosa podía ocurrir”.

Precisamente en materia de seguridad, el asesor de Sobrevivientes indica que las fuerzas de seguridad muchas veces están involucradas en estos hechos y cuando no están implicadas, prefieren no actuar por el temor de correr peligro.

“Hay falta de interés e incluso negligencia por el hecho de que las personas deben denunciar cuando saben de algún hecho ilícito o que tengan la idea de que algún delito se está cometiendo. Creo que las autoridades saben de los anuncios (de prensa) que se dan en los periódicos, y de oficio podrían hacer las averiguaciones y de esa manera llegar a las personas que se dedican a esto, sin embargo no lo hacen. Es por eso que se termina consintiendo cosas que toda la población ya sabe”, advierte Baten.

¿QUÉ PASA EN LA JUSTICIA?

Si todos saben que el problema de la prostitución y la trata de personas convergen en los mismos lugares, ¿por qué nadie actúa? Parte de esa respuesta la dio el Departamento de Estado de Estados Unidos en el Informe sobre Trata de Personas 2013, en el capítulo dedicado a Guatemala.

“Informes creíbles de organizaciones internacionales, ONG y varios funcionarios del Gobierno continuaron indicando que los funcionarios públicos corruptos obstaculizaron los esfuerzos de las fuerzas del orden contra la trata y facilitaron la actividad de trata al aceptar o extorsionar sobornos, falsificar documentos de identidad, filtrar información sobre incursiones policiales inminentes a sospechosos de la trata y hacer caso omiso de la actividad de trata en los lugares con oferta comercial de sexo”, señala el documento.

Y aunque los casos lleguen a los tribunales, no hay garantías de que se haga justicia, pues el informe extranjero refiere que durante el año un juez en un tribunal especializado para delitos contra las mujeres se negó a escuchar las pruebas contra un delincuente acusado de tráfico y procedió a liberar al sospechoso.

LEY INSUFICIENTE

Mediante la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, se obliga al Estado a inscribir en un registro a las mujeres que ejercen la prostitución en el país, pero no con fines de discriminación sino para registrar los resultados de los exámenes médicos periódicos a los que estas personas tienen derecho

Asimismo exige a los prostíbulos mantener un estricto control sanitario y se penaliza el consumo de alcohol dentro de las habitaciones. Sin embargo, la inscripción en un Juzgado de Sanidad debe ser voluntaria y los controles son escasos.

Asimismo, el Reglamento de Profilaxis Sexual en su artículo 21 establece que la prostitución no podrá ejercerse a una distancia menor a los 100 metros de distancia de escuelas, colegios, oficinas o expendios de bebidas alcohólicas.

Según el doctor Rafael Espada, ex vicepresidente de la República, la prostitución no está regulada en Guatemala, en teoría, pues desafortunadamente no ha habido un buen control sanitario, por lo cual se convierte en un problema de salud.

“Lo que debe haber es mayor educación a la juventud, a la mujer y niñas, y eso está muy abandonado en el país; y debido a la poca educación en los niños es un problema serio y poco controlado”, enfatiza.

El galeno expresa que parte del problema de embarazos no deseados, de transmisión de VIH y otras enfermedades venéreas, es por la prostitución mal controlada en el país a pesar de que existe la legislación.

“Hay mucho descontrol en los centros nocturnos de Guatemala, así como en cantinas o centros de masaje. No hay suficientes inspectores de salud para controlar este tipo de actividades, incluso cerca de las escuelas hay cantinas y centros nocturnos. El desarrollo urbanístico de la ciudad está mal diseñado porque no hay coordinación entre salud, educación y gobierno”, opina el exfuncionario.

VISTA COMO UN NEGOCIO

No cabe duda que desde los inicios, la prostitución se ha comprendido como una actividad remunerada para quien la realiza, pues es evidente que es mucho más rápido obtener cierta cantidad de dinero ofreciendo tiempo de placer sexual, que realizar otro tipo de actividades.

A pesar de ello, no se puede comparar el deterioro físico, mental y psicológico que sufre la persona que realiza este oficio. En algunas comunidades de Guatemala, inclusive, adolescentes y niñas son vendidas por sus propios familiares a Q200 o regaladas bajo la excusa de ya no poder alimentarlas correctamente.

También que existen ciertos casos en donde las mujeres que se dedican a la prostitución fueron anteriormente abusadas por familiares, amigos o conocidos y en un alto porcentaje, fueron exiliadas de sus hogares por un embarazo precoz o por contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.

A decir de la coordinadora del Grupo de Apoyo Mutuo, Karla Campos, muchas de las mujeres que ejercen esta profesión no lo hacen por decisión propia, sino porque están siendo víctimas de trata de personas.

Además, expone que el comercio sexual y el delito de trata en el país no está siendo controlado ni por el Ministerio de Gobernación ni por la cartera de Salud con miras a garantizar la salubridad y seguridad de las personas, pues en la mayoría de casos estas son obligadas no solo a ofrecer su cuerpo a cambio de dinero sino a realizar trabajos de otro tipo para obtener mayores ganancias, lo cual constituye un escenario de esclavitud.

“El Ministerio de Gobernación debería tener un monitoreo en ese aspecto porque hay casas de citas y de masajes registradas, para saber de qué país son las personas que se encuentran prestando el servicio en esos lugares y demostrar si estas personas están aquí secuestradas o bajo engaños”, menciona Campos.

Sin embargo, para la activista en Derechos Humanos aún existe mucha corrupción en las instituciones de Guatemala en cuanto a este tema, porque “en cualquier momento se podría pagar para tener legalmente constituido esto que es ilegal”, es decir, el proxenetismo y la trata de “blancas”.

PROSTITUCIÓN Y TRATA

Las formas de explotación sexual más conocidas son el turismo sexual, la prostitución militar, en burdeles, cantinas, centros nocturnos, prostitución callejera, trata internacional; pero todas están interrelacionadas con la violación a los derechos humanos. En este fenómeno, por ley, debería converger la interacción de los actores públicos (Ministerio de Salud, Gobernación, Municipalidades, Policía Nacional Civil).

Por otro lado, destaca el hecho de que la tasa de natalidad ha aumentado de manera considerable, lo cual pareciera paradójico en cuanto a la planificación familiar, por el incremento de embarazos no deseados y por consiguiente, niños sin madre o padre.

Asimismo, se habla de educación sexual pero en los últimos años se ha incrementado el índice de contagio de personas con enfermedades venéreas y VIH. Entre las principales infecciones se encuentran la sífilis, gonorrea, verrugas, herpes genital, vaginitis, clamidia, sarna, ladillas y finalmente la más mortal, el SIDA.

Por su parte, el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, señala que los métodos de supervisión se ejercen en los centros de salud por medio de pruebas de detección temprana de VIH/SIDA, planificación familiar, gratuidad de métodos anticonceptivos y tratamiento de antirretrovirales.

Además, el titular de la cartera refiere que el año pasado se invirtieron aproximadamente Q21 millones en la compra de preservativos, anticonceptivos inyectados de tres y dos meses, intradérmicos y tomados; vitamina A y B, zinc, hierro y ácido fólico que se les brinda a las personas que ejercen la prostitución de manera legal.

“Nosotros recibimos a estas mujeres y llegan a chequeos, se les hace el Papanicolaou, examen ginecológico, se les detecta si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, pruebas preventivas de VIH y se les da tratamiento cuando se les detecta”, enfatiza Villavicencio.

NECESIDAD DE REGULACIÓN

En este tema se puede señalar que en el marco jurídico no existe legislación específica que aborde el tema de la prostitución de una manera integral, pues aunque el Código Penal penalice el proxenetismo y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas regule conductas prohibitivas relacionadas al sexo, no se sanciona a la personas que voluntariamente pretenden adquirir el servicio de una prostituta sino más bien pareciera que se garantiza el sexo forzado.

Además, es necesario contar con una norma que se adecue a este tema en la actualidad de Guatemala para que las mujeres y niñas no sigan estando a merced de las bandas que las esclavizan con total impunidad y corrupción.

Se estima que aproximadamente unas 18 mil prostitutas ejercen el oficio sin ningún respaldo en el país y que no cuentan con los recursos mínimos para salvaguardar su integridad física y mental, aunque la cifra puede subir hasta 32 mil de acuerdo con un subregistro de adolescentes y menores de edad que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

 LAS CASAS DE CITAS

En Guatemala, es un secreto a voces que cada vez más se publican anuncios clasificados en donde ofrecen empleos en salas de masajes que en realidad son centros de prostitución en donde por media hora del llamado “masaje”, se llega a cobrar de Q200 hasta Q300. No obstante, en varios bares de la Antigua Guatemala ha aumentado el índice de prostitución, a pesar de que no existe un prostíbulo legalmente registrado como tal.

Además, en los alrededores de la 9ª. avenida y 16 calle de la zona 1, se pueden ubicar fácilmente cantinas y restaurantes en donde se presume que menores de edad están siendo explotadas sexualmente por Q35 y Q100, lo cual constituiría una pena severa en países como Francia o Suiza, donde se penaliza a los clientes.

Al respecto, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, argumenta que la cartera del Interior no actúa de manera directa en la regulación de la prostitución en Guatemala, sino a través de la Comisión Multisectorial, instancia donde participa la Dirección General de Migración, municipalidades y dependencias de investigación; se supervisa la legalidad de los negocios en donde se vende licor y las casas cerradas en donde se revisa el estatus legal de las prostitutas.

“Si no está autorizado el establecimiento, se cierra y hay conducción de las personas que estén dentro. Los centros de distracción en las áreas que corresponde, son las municipalidades las que autorizan este tipo de negocios”, declara Bonilla.

López Bonilla indicó que en el 2013 fueron capturadas 217 personas e investigan 769 casos con el fin de desarticular bandas que se dedican a la trata. Agrega que en 2012 fueron detenidas 72 personas involucradas en este delito.

La escena es frecuente cada vez más: la Policía Nacional Civil realiza un operativo en un bar y encuentra a una joven menor de 18 años que es explotada sexualmente. A ella la envían a una casa hogar y al dueño del negocio lo aprehenden. El propietario queda libre tras pagar Q3 mil, abre de nuevo el bar y busca a otra menor para sustituir a la faltante.

Esto evidencia las pocas herramientas que existen en el país para combatir la Explotación Sexual Comercial (ESC) de niños y adolescentes. Según el actual Código Penal, el delito se tipifica como corrupción de menores o como proxenetismo. Pero ni lo uno ni lo otro permite sancionar la falta en función de su gravedad y sentar precedentes para frenar el problema.

En casos de explotación sexual infantil, la Fiscalía de la Niñez en el Ministerio Público, sólo ha conseguido siete sentencias por proxenetismo agravado y ninguna por corrupción de menores en el presente año.