El Decreto 13-2013, que estableció las leyes de transparencia, trae consigo una serie de reformas principalmente positivas, porque según analistas, instauran más controles en las instituciones del Estado altamente señaladas por ser focos de corrupción. Sin embargo, la aprobación de las normas no garantiza que haya más transparencia si no se aplican y se fortalece la auditoría social.

SU APLICACIÓN ES EL NUEVO RETO PARA EL ESTADO

La iniciativa 4461 del paquete de leyes fue presentada por el presidente Otto Pérez Molina en marzo del 2012, pero no fue sino hasta octubre del 2013, después de una serie de modificaciones muy alejadas de la propuesta original, que finalmente fue aprobada.

De esa manera se reformaron la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Esta normativa fue decretada mediante una agenda que condicionaba al Partido Patriota (PP) a votar a favor de dicho proyecto de ley, porque a cambio las demás bancadas votarían a favor de autorizar un préstamo de US$200 millones.

Este préstamo tenía como principal destino el apoyo presupuestario al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), la cual está a cargo del principal candidato del PP a la presidencia, que es el ministro Alejandro Sinibaldi.

CAMBIOS

La propuesta que dio origen al Decreto 13-2013 fue dictaminada por las comisiones legislativas de Transparencia, Probidad, y Legislación y puntos Constitucionales. En esta búsqueda de consensos, se tomó en cuenta la opinión de todos los sectores involucrados en llevar a cabo el cumplimiento de la nueva normativa.

La Ley Orgánica del Presupuesto fue la que sufrió más modificaciones; se estableció que todos los fideicomisos, organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos regionales e internacionales, fondos públicos y asociaciones sin fines de lucro tendrán que rendir cuentas de su gestión anual y el impacto de ésa en las políticas públicas, así como los mecanismos de transparencia que implementaron para dar a conocer sus funciones.

Asimismo se hizo obligatorio que dichas entidades, repetidamente señaladas por actos de corrupción, ahora deben de rendir informes diarios de su ejecución presupuestaria en los Sistemas de Administración Financiera (SIAF).

El Decreto 13-2013 establece que en el 2016 el Estado ya no podrá prestar los servicios a través de ONG para la extensión de la cobertura de salud, por lo que se obliga a que el Gobierno se encargue de forma directa de prestar atención a la población.

Esto mismo dio paso a que la Ley Orgánica de la CGCN ampliara su competencia, ya que con las modificaciones, las ONG también deberán ser fiscalizadas por la Contraloría y si se niegan a facilitar información, tendrán que pagar una multa de hasta Q60 mil o bien un juez competente puede autorizar la captura de toda la papelería para realizar una auditoría.

A esto último también se agregan las municipalidades y las entidades autónomas, las cuales siempre son las principales instituciones que se niegan a las auditorías que hace la Contraloría.

¿RETRACTARSE Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS?

Juan Carlos Paredes, auditor independiente y ex presidente del Colegio de Auditores, señaló que dichos cambios son positivos para fortalecer la Contraloría, pero ve negativo que dicho ente fiscalizador podrá realizar una contra revisión de las auditorías.

El experto considera que esto se podría utilizar de forma discrecional por los auditores, que ahora tendrán la competencia para fiscalizar a instituciones que durante años han sido centros de corrupción, pero también se podrán realizar cambios posteriores en sus informes y se puede prestar a anomalías.

La normativa que menos cambios tuvo fue la Ley Orgánica de la SAT, que en opinión del congresista independiente José Alejandro Arévalo, la mayoría son positivos, dado que ahora los miembros del Directorio de la institución ya no son vitalicios y están obligados a presentar un plan de trabajo, cosa que antes no hacían.

De acuerdo con Arévalo, lo negativo a destacar de esta reforma es que no se prohíbe a los miembros del Directorio a prestar servicios de consultoría a empresas que tienen compromisos con la SAT o peor aún, que sean instituciones privadas señaladas de defraudación fiscal.

NEGOCIACIÓN

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que el punto más difícil fue de consensuar y el sensible fue obligar a que los  fideicomisos y ONG rindan cuentas de su gestión anual y que informen a diario al SIAF de su ejecución presupuestaria, y que además ahora deban ser fiscalizados por la CGCN.

Fuentes que estuvieron presentes en la negociación y pidieron no ser mencionadas indicaron que para que los jefes del Ejecutivo aceptaran que las ONG ya no prestaran servicios de cobertura de salud, la normativa tuvo que quedar con un artículo transitorio que estableciera que esto se aplicara hasta el 2016, año en que el gobierno del PP finaliza, lo cual quedó plasmado en los artículos transitorios del decreto. 

De acuerdo con el congresista Arévalo, fueron los artículos transitorios los que debilitaron la norma y que también se puede ver como algo negativo, ya que ponen fechas muy lejanas a la actualidad para aplicar las nuevas reglas, las cuales permiten que dichas instituciones sigan siendo focos de corrupción, porque los controles que propone el decreto para estos entes no garantiza que serán aplicados por los gobernantes.