El Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Organismo Judicial (OJ) no contarán con los presupuestos esperados para operar efectivamente en el 2014, por lo que tendrán que adecuar los recursos disponibles para funcionar, limitando así su crecimiento.

Las instituciones del sector justicia afrontan una crisis financiera desde hace años y ahora algunas se encuentran en circunstancias verdaderamente complicadas porque con la emisión de nuevas leyes aumenta el número de personas capturadas y con el incremento de la violencia también se eleva la cantidad de investigaciones, pero el presupuesto con el que operan las entidades no crece en relación a las nuevas necesidades.

Recortes presupuestarios, políticas de ahorro y reducción de costos son algunas de las medidas y salidas que se han tomado en dicho sector para enfrentarse a la situación sin llegar a colapsar, pero que en extremos ata las manos a la expansión en la cobertura del servicio haciendo del lema “una justicia pronta y cumplida” una aspiración en lugar de una realidad.

En entrevistas realizadas a representantes del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) dan cuenta que en suma las tres entidades necesitarían Q 1 mil 308 millones además de su presupuesto, para lograr trabajar sin déficit.

OJ SIN PRESUPUESTO SUFICIENTE

A diario son capturadas decenas de personas. Todos los procesos penales van a parar al Organismo Judicial (OJ), donde son diligenciados. Actualmente la entidad  lucha por ampliar su cobertura en toda la República, y también pide un desahogo con un presupuesto con mayores fondos.

Recientemente, por medio del Acuerdo 66-2013, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó su presupuesto fiscal para el 2014, por mil 890 millones de quetzales, el mismo del 2013.

La cantidad es insuficiente comparada con los proyectos ya establecidos en el Plan Quinquenal del Poder Judicial, y en consecuencia deja a ese organismo de Estado con un déficit de Q587 millones, explicó Hugo Guzmán, gerente general del Organismo Judicial (OJ).

Según informó, en el último período de la actual magistratura el Poder Judicial contará con el mismo presupuesto de 2013, de mil 890 millones de quetzales, considerando que el Congreso de la República no aprobó el Presupuesto  General de Ingresos y Egresos del Estado para 2014.

La cifra corresponde a la asignación constitucional del 2% de presupuesto de los ingresos ordinarios del Estado, no obstante el monto nunca ha sido suficiente para suplir las necesidades de la entidad administradora de justicia.

De esa cuenta José Arturo Sierra, presidente del OJ, indicó que desde finales del 2013, los togados han tenido acercamientos con el Ejecutivo para que se les amplíe el presupuesto.

“Verdaderamente no tenemos, lo que tenemos que hacer es gestionar en el Organismo Ejecutivo aumento del presupuesto”, acotó.

Lo que produce la falta de fondos es que se paralicen los proyectos de construcción, de ampliación informática, creación de tribunales, señaló Sierra, pues indicó que no pueden echarse a andar los planes sin fondos.

“Tenemos pláticas con el Ejecutivo tendientes a mejorar eso, pero es incierto, porque ellos tampoco pueden prometer nada porque dependen de los ingresos tributarios”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de presupuesto que requieren en ampliación manifestó que ese tipo de información no podía brindarla.

“Todos esos datos prefiero no hacerlos públicos, son cuestiones muy internas del Organismo Judicial, son datos de montos y mejor no hacerlos públicos porque de todas maneras son cuestiones hipotéticas que están en discusión”, concluyó.

No obstante, en junio del 2013 la CSJ hizo un requerimiento presupuestario  al Ministerio de Finanzas, donde indicó que para 2014 se necesitarían Q2,375 millones para cubrir los gastos de la entidad y poder realizar nuevos proyectos. La petición fue rechazada y el organismo no pudo ampliar sus fondos.

Según la información, los fondos son insuficientes para que se amplíe la cobertura del sistema de justicia, ya que de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental del OJ, del total del presupuesto de la institución (Q1, 833, 242,617) 96.4 por ciento (Q1,767,617,188) es destinado a gastos de funcionamiento, principalmente para cubrir los sueldos de 9,270 trabajadores. El restante 3.6 por ciento (Q66, 625,429) corresponde a los gastos de inversión.

CARENCIAS EN LA DEFENSA PÚBLICA

Por su parte, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) advierte una fuerte crisis económica para el año 2014. De acuerdo con las declaraciones de la directora de esa entidad, Blanca Stalling, la falta de presupuesto hace que las carencias de personal y fondos para impulsar proyectos, dejen en jaque el servicio que la Constitución Política les manda.

Según explicó la funcionaria, actualmente cuentan con un déficit de Q521 millones, ya que el presupuesto que les fue asignado es de Q126 millones y necesitarían Q647 millones.

“Nosotros vamos a colapsar en cualquier momento en cuanto al servicio que hemos venido prestando hasta ahora. En el 2012 logramos llegar a Q136 millones en nuestro prepuesto en consecuencia de que a finales del 2012 el Presidente autorizó que se nos diera una ampliación por Q11 millones”, indicó

Con dicha ampliación, el Instituto logró la contratación  de abogados en ejercicio profesional privado, que cubrieron las diligencias donde los defensores no pudieron intervenir por falta de tiempo, pero no fue suficiente porque con las reformas al Código Procesal Penal se amplió el número de audiencias donde se requiere la presencia del protector.

“La oralidad es algo sumamente importante y es parte de lo que significa el proceso acusatorio; sin embargo, con la carencia de abogados defensores resulta materialmente imposible cumplir y cubrir las audiencias que se realizan en todos los tribunales del país”, subrayó.

La entrevistada también afirmó que entre otras circunstancias, con la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y la apertura de los juzgados especializados se hizo más evidente la necesidad del IDPP.

De alguna forma con la ampliación de los Q11 millones dicha entidad logró paliar la situación durante el 2012 y 2013, pero para este 2014 el escenario se vislumbra complicado ya que como las otras instituciones contarán con el mismo presupuesto del año pasado.

Esto impide la contratación de más abogados, se dificulta la apertura de sedes de la institución y complica la cobertura de la defesa en todo el país.

“Con una proyección como la que tiene el Organismo Judicial nosotros no podemos, definitivamente no podemos, ya que tiene aproximadamente 187 órganos jurisdiccionales, algunos unipersonales, los de femicidio, y una serie de tribunales que se están ampliando, a nosotros se nos hace materialmente imposible”, alegó.

Esto es consecuencia de que haya una gran cantidad de personas en la cárcel, enfatizó Stalling. De acuerdo con un conteo realizado el 31 de diciembre del 2012, el Sistema Penitenciario reportó que en las cárceles del país se encuentran recluidas 16 mil 895 personas.

Por último Stalling indicó que como forma de enfrentarse a la realidad encuentran apoyo en la comunidad internacional que hace donaciones, y que no descartan pedir al presidente Otto Pérez Molina una ampliación presupuestaria.

“Es lo único que podríamos considerar para poder por lo menos suplir las necesidades y mejorar las condiciones en las que actualmente estamos”, concluyó.

SIN POSIBILIDADES EN EL MP

La situación del Ministerio Público (MP) es menos dramática que la del IDPP, y se asemeja a la de la CSJ y el OJ, pero con la diferencia que cuenta con un presupuesto que le permite funcionar al límite, pero lo deja sin posibilidades de expandir su cobertura en el interior del país.

Javier Monterroso, asesor de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, informó que el presupuesto de la entidad es de Q1 mil millones, y que alcanza justo para cumplir con los planes ya trazados.

“Con ese presupuesto nos alcanza justo para los planes y programas planificados en el Plan Estratégico 2011-2014, que incluyen las nuevas oficinas de atención a la víctima, modelo de atención integral, el fortalecimiento de las fiscalías, intérpretes y otros servicios que se han incrementado en los últimos años”, aseguró.

El Plan Operativo de la entidad de fecha 28 de marzo del 2011, también contempló la conformación de la “Comisión Plan-Presupuesto”, la cual está integrada por personal del Departamento de Planificación, Departamento de Presupuesto y Departamento de Cooperación,  que tiene como objetivo velar por la vinculación del Plan Operativo Anual 2012 con el presupuesto de corto y mediano plazo de la institución.

Un 80 por ciento de los fondos del ente investigador son destinados al pago de salarios, ya que actualmente la entidad tiene un planilla de cinco mil trabajadores, y se erogan aproximadamente Q800 millones.

“Con ese presupuesto no tenemos más posibilidades de seguirnos expandiendo, y el otro problema es que el Ministerio de Finanzas no nos ha dado el presupuesto en los tiempos correspondientes ni en las cantidades asignadas”, indicó.

De esa cuenta afirmó que del presupuesto del 2013, se les adeuda aún Q200 millones. Para sufragar los gastos la Fiscalía tuvo que recurrir a sus saldos de caja de años anteriores, que eran equivalentes a la cifra que no se les trasladó.

El entrevistado reiteró que aunque no tienen déficit, con esos montos únicamente se puede ejecutar el Plan Estratégico, pero el MP no puede abrir más fiscalías, ni ampliar sus servicios, es decir, mantenerse.

En el interior del país se presenta otro problema para el ente pesquisidor, ya que ante la falta de dinero para construir sedes se tienen que alquilar edificios, gasto que a la larga consume un alto porcentaje de sus recursos económicos.

Un informe de arrendamiento de fiscalías del mes de noviembre revela que se gastaron Q893 mil 522.1 y US$31 mil 039.84.

“Se gasta mucho en alquiler de edificios porque no se tiene presupuesto ni para construir ni para comprar nuevos edificios”, afirmó.