La ministra de Fomento de España, Ana Pastor, dijo hoy en la capital panameña que está «intentado llegar a un acuerdo» para resolver un conflicto que amenaza con desembocar en la suspensión de los trabajos de expansión en el Canal de Panamá.
«Aunque es un conflicto entre empresas, estamos colaborando para llegar a una solución», planteó la ministra al referirse a la disputa económica entre el consorcio Grupo Unidos por el Canal (Gupc) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
El Gupc, integrado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. (Cusa), divulgó el 30 de septiembre una carta en la que demanda a la ACP el pago de 1.600 millones de dólares en sobrecostos en el diseño y construcción del tercer juego de esclusas.
La ACP considera «inaceptables» los reclamos del Gupc y rechazó los mecanismos de presión y las amenazas. Sin embargo, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, respondió este lunes que hay esperanza de solucionar las diferencias en el Canal de Panamá.
«Estamos seguros que las reuniones van a resolver los conflictos», opinó el mandatario en las escalinatas del Palacio Presidencial de Las Garzas, en el Casco Antiguo de la urbe.
Previo al inicio de la reunión entre Martinelli y Pastor, el Tribunal de Cuentas de España cuestionó el aval público de 200 millones de dólares otorgado en 2009 por el gobierno español a Sacyr para optar a las obras de ampliación de la vía interoceánica.
En ese sentido, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y ex ministro de Economía, Fernando Aramburú Porras, comentó a dpa que la ACP tiene la experiencia para el manejo del problema y estimó que «la mediación de países en el conflicto puede ayudar, pero también entorpecer».
Aramburú Porras recordó que la Constitución de la república describe a la ACP como entidad autónoma de Derecho Público, para la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización de la vía acuática y sus actividades conexas, lo que no admite interferencias externas.
El ex canciller panameño Jorge Eduardo Ritter planteó que Martinelli ha debido apoyar a la ACP, en el diferendo con el Gupc, que dio un ultimátum de 21 días para suspender las obras.
«Me resulta insólito que, de la noche a la mañana, se haya inventado un cuarto sistema de resolución de conflictos que sea la mediación internacional», lo sobrepasa el título constitucional de autonomía de la ACP, subrayó Ritter.