Guatemala apuesta a la inversión extranjera para aspectos vitales de nuestro futuro económico, como puede ser el tema de la ampliación de puertos que mañosamente se disfrazó de un arrendamiento para encubrir una concesión que beneficia a una empresa española que, sin trámite alguno ni requisito a cumplir, se hizo con el control de la parte más jugosa del negocio de Puerto Quetzal con el beneplácito de los altos funcionarios de gobierno.

Creemos que es importante y vale la pena poner atención a lo que está ocurriendo en Panamá, país que tomó todas sus precauciones y elaboró contratos que le amparan en caso de incumplimiento, puesto que una empresa también de capital español dispuso por sí y ante sí que no podía cumplir con los términos contractuales de la muy costosa inversión para ampliar el Canal de Panamá y está a punto de dejar tirado uno de los proyectos más ambiciosos del mundo.
 
El Embajador español en Panamá, cínicamente, ha dicho que para la autoridad canalera es más conveniente negociar y pagar lo que está reclamando la firma española que enfrentar las consecuencias del retraso en el trabajo. En otras palabras, la firma chantajea con reclamar un pago que casi duplica lo que era la inversión inicial, y luego el Embajador reafirma la extorsión diciendo que para los panameños sería más barato ceder a las ridículas pretensiones de la empresa que ir a un pleito que detendría la ampliación del canal por mucho tiempo.
 
Antaño los piratas venían más del norte y fue Inglaterra el Estado que hasta les protegió dando licencias de Corso, pero evidentemente ahora hay otros Estados que apañan nuevas formas de atraco como el que antaño hacían los piratas. En efecto, es notable la forma en que los diplomáticos de algunos países toman parte en negociaciones que involucran a empresas privadas radicadas en sus respectivos países y luego ejercen influencia política para favorecerlas. No estamos hablando del caso Puerifoy con la United Fruit Company ni nada por el estilo, sino simplemente de las nuevas modalidades que hay y que aseguran interferencias “diplomáticas” para beneficio de sus connacionales que se aventuran, como lo hacían los piratas, en aguas donde no hay ley ni orden y donde prevalece la ley del más fuerte.
 
Viendo lo que ha pasado con el Canal de Panamá, donde el gobierno de Marineli por lo menos había tomado precauciones contractuales para evitar un desfalco o una estafa, es imperativo que pongamos la barba en remojo ante el futuro de las instalaciones portuarias, negociadas en forma poco clara y avaladas al ciento por ciento por la diplomacia española.

Minutero:
No vienen ondeando sus velas 
en vetustas carabelas, 
pero en la nueva conquista 
van cabal por idéntica pista