Edwin Mejía no quería salir a trabajar aquella mañana. Los 75 dólares que había conseguido el día anterior robando una moto con su amigo eran una fortuna comparados con los 5 dólares diarios que ganaba vendiendo las tortillas que su madre cocina.

El adolescente, de apenas 15 años, remoloneaba en la cama de la casa de madera y una sola habitación que compartía con sus hermanos y le dijo a su socio, Eduardo Aguilera, que no estaba de humor.

«Dale, andá, tenemos que ir», insistió Eduardo, que también acababa de cumplir 15 años. Con el dinero del día anterior Edwin podía comprar un teléfono. Si hoy hacían lo mismo, podría comprarse un par de Nike blancas, las favoritas de los miembros del barrio 18. Edwin cedió.

A varios kilómetros de allí, en el centro de Tegucigalpa, el agente de tránsito Santos Arita empezaba su jornada de trabajo de 12 horas. A los 42 años había pasado casi toda su vida trabajando en pueblos y aldeas al norte del país. No estaba contento desde que lo destinaron a la capital. Ya lo habían asaltado una vez en un autobús tres jóvenes armados. Tenía miedo, pero nadie le preguntó si le apetecía ir a trabajar ese día.

Honduras, con la mayor tasa de homicidios del mundo, es un lugar peligroso. Los habitantes de la capital se desayunan cada mañana viendo fotos e imágenes de muertos en la prensa y la televisión y no es extraño que los vídeos de asesinatos se difundan en Youtube. En esta ciudad, manejar junto a la escena de un crimen es algo a lo que hay que acostumbrarse.

Honduras es también el país que dio vida al concepto de «República Bananera» cuando las multinacionales de la fruta de Estados Unidos se valían del ejército para controlar a la mano de obra y nunca logró recuperarse de que los intereses de unos pocos se impongan sobre los de la mayoría.

El país nunca logró desarrollar instituciones democráticas que impongan el Estado de derecho. Al contrario, es un territorio sin ley donde los pobres no tienen elección, los héroes son escasos y la violencia se da por hecha.

Edwin y Eduardo se tomaron un café antes de dejar la colonia Sinaí, uno de esos barrios controlados por las pandillas donde ni la policía, a menos que avance con las armas cargadas, tiene permiso para entrar, y se dirigieron al centro de Tegucigalpa.

Era casi la hora de comer.

Repetirían la estrategia del día anterior. Edwin manejaba, Eduardo iba detrás. Cuando encontrasen a su víctima, Eduardo la asaltaría y se iría con la moto robada. Fácil.

Un año antes, Edwin había dejado el colegio para ayudar a su madre. Las tortillas se reparten antes del mediodía, así que no le daba tiempo de ir a la escuela. En un país en el que 70% de la población vive en la pobreza, pocos pueden permitirse estudiar y muchos jóvenes han descubierto que el delito paga mejor que los estudios y que el mejor modo de delinquir es en moto, para escapar rápido.

De hecho, en Honduras es ilegal que dos hombres vayan juntos en motocicleta según una ley que se aprobó para disminuir el número de delitos.

A los chicos les dio igual y se dirigieron al centro. Fue extraño que en una de las ciudades más pobres y caóticas del continente, donde la ley no suele cumplirse, lo que hizo que su destino se cruzase con el del pobre agente de tránsito fuera un semáforo en rojo.

Se detuvieron. No vieron que Arita ayudaba a cruzar la calle a una mujer que se protegía del sol con un paraguas.

A Arita lo habían trasladado a Tegucigalpa dos meses antes y esperaba un cambio de destino para regresar a su casa. Echaba de menos a su familia. Hablaba continuamente por teléfono con su mujer, que vive en Ocotepeque, a siete u ocho horas de autobús de la capital. Muchas veces, con su salario de menos de 400 dólares al mes, no podía permitirse pagar el pasaje. Pedía jalón los viernes cada dos semanas para estar en su casa el sábado, ir el domingo a la iglesia con su mujer y sus tres hijos y regresar al trabajo.

Su casa en Ocotepeque no es muy diferente de la de Edwin. Calle sin asfaltar, un solo cuarto, suelo de cemento, tejado de lámina con goteras y una bombilla colgando del techo. La cocina, un horno de madera. Por todo mobiliario dos camas, un sofá desvencijado y dos mesas.

No era mucho, pero era el paraíso comparado con el barracón que compartía con docenas de agentes mientras trabajaba en la capital. Sin una ducha, se limpiaba con un barril de agua y un cazo. Ni calefacción para las tardes frescas ni aire fresco para el calor tropical del verano y, por supuesto, nada de comida.

Arita llevaba dos días en la capital cuando se encontró con la mala suerte ante el semáforo. Había viajado con 10 dólares en el bolsillo y había dejado 20 en casa para su mujer y sus tres hijos.

Muchos hondureños, desde el presidente hasta los niños en las escuelas, dicen que la policía es corrupta. El problema ha alcanzado una dimensión tal que el Congreso aprobó hace poco sacar al ejército a las calles mientras trata de reformar a una policía a la que se acusa entre otras cosas de la existencia de escuadrones de la muerte que eliminan pandilleros y de la que ni el gobierno ha sido capaz de elaborar un censo de miembros. Las estimaciones, según las diferentes cifras oficiales pueden variar de los 15.000 a los 8.000 agentes. Un general de la policía apareció en televisión acusando a otro general de ordenar el asesinato de su hijo. El chico tenía 17 años y fue ametrallado junto a sus dos guardaespaldas de élite mientras pedían pollo en un restaurante meses atrás.

En las calles los conductores tratan de evitar a los agentes de tránsito, acostumbrados al pago de sobornos; porque es muy difícil distinguir entre un policía bueno y uno malo.

Lo que sucedió el 7 de Agosto poco después del mediodía en aquel semáforo quedó grabado en una cámara de vigilancia.

Cuando Arita vio a los dos chicos en la moto, dejó a la mujer del paraguas y corrió hacia ellos.

Les pidió que se bajaran y en un movimiento rápido y experto, sacó las llaves de la moto. No vio que Eduardo, que vestía de negro, se metía la mano entre la ropa buscando algo. Una pistola.

Tuvo tiempo de disparar dos veces antes de que el policía, ileso, se le echara encima y comenzara a pelear con él. Edwin, que llevaba una camiseta azul, daba vueltas alrededor de la pelea para ayudar a su colega.

Los conductores aceleraron para quitarse de en medio.

Aunque luego sostendría que sólo era su segundo día robando, Edwin no parecía dudar mientras trataba de quitarle el arma al agente. Eduardo se las arregló para darle la suya. Durante la pelea, Arita perdió el equilibrio y cayó al suelo. Era un hombre regordete y de mediana edad peleando con dos adolescentes altos, ágiles y fuertes. Mientras Arita intentaba levantarse del suelo, Edwin le descerrajó dos tiros en la cabeza a corta distancia. Eduardo miraba. El policía murió en el acto.

Con calma, Edwin recogió las llaves de la moto del suelo, esperó a que Eduardo se montara y arrancó.

Todo sucedió en 42 segundos.

Una semana después, la policía decidió filtrar el vídeo a la prensa.

Lo que ocurrió después se prolongó durante unas cuatro horas.

Los dos adolescentes, visiblemente nerviosos, abandonaron la moto y se fueron corriendo por el centro de una avenida de cinco carriles. Intentaron que alguien los subiese en un vehículo para salir de allí. Corrieron frente al hotel Clarion, un Burger King y un McDonald’s. Incluso trataron de subirse a un autobús en marcha apuntando con la pistola a su conductor, que aceleró.

El par de fugitivos a plena luz del día tampoco era algo que sorprendiera a nadie en el centro de Tegucigalpa. Sólo hay que acelerar un poco y pasar de largo sin mirar demasiado.

Dos policías los detuvieron en un estacionamiento al lado del hotel Marriot, en la misma cuadra de la casa presidencial.

A partir de ahí la policía no da ninguna explicación pero según el fiscal que investigó el caso, Alexis Santos, los policías comenzaron a golpear a los chicos desde el primer momento, especialmente a Eduardo. Creían que él había disparado.

«Comenzaron a pegarnos de una, con las armas y los pies», explica Edwin sentado en el patio de la cárcel. «Me daban en la cabeza con el cañón de un arma, decían todo el tiempo que nos iban a matar».

Cuando los policías se dieron cuenta de que miraba demasiada gente, se llevaron a los chicos, ya malheridos, a la central de tránsito de Tegucigalpa. Allí, de nuevo en un aparcamiento, la paliza continuó durante unas tres horas. Según el fiscal ninguno de los jóvenes había sido detenido legalmente, algo que habría puesto a un fiscal sobre aviso.

Edwin no sabe cuántos policías los golpearon.

«Llegaba uno que me agarraba del pelo y me sujetaba para que otro me diera patadas y puñetazos», recuerda Edwin.

También se reían, los insultaban y amenazaban. Les sacaban fotos con sus teléfonos, una práctica habitual entre policías hondureños durante los operativos. Imágenes muy gráficas de personas torturadas y muertas acaban en los celulares de fotógrafos y periodistas locales, incluidos los de The Associated Press.

Un periódico local, La Tribuna, publicó fotos de los chicos en el interior de las dependencias policiales en las que se veía a Eduardo tirado en el suelo sin camiseta, inconsciente y cubierto de sangre. Edwin estaba contra una pared, esposado, cubierto de sangre, con los ojos inflamados por los golpes.

La sangre le impedía ver lo que sucedía a su alrededor. Sólo oía. Acabó perdiendo el conocimiento.

A Eduardo lo llevaron al Hospital Escuela, murió cuatro días después.

La autopsia señaló que la causa de la muerte fueron más de 20 golpes en la base del cráneo con un objeto, probablemente una pistola.

El fiscal cree que lo que sucedió allí es un delito, un linchamiento público. La acusación contra los agentes para él es clara: detención ilegal, tortura con resultado de muerte, omisión de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.

La sospecha de que la policía comete ejecuciones extrajudiciales no es nueva en Honduras. La AP ha reportado que en los últimos meses al menos siete miembros de una pandilla han muerto o desaparecido después de encuentros con la policía.

En Honduras hay justicia, pero no mucha. El 82% de las denuncias presentadas nunca llegan a juicio. El Fiscal General testificó ante el Congreso en junio que 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo. Poco después fue despedido.

Para el fiscal Santos es habitual que muchos se sorprendan cuando les explica que lo frustra ser incapaz de manejar un sistema de justicia criminal caótico.

«La gente se pregunta por qué investigamos si ése fue el que mató al policía», dice.

El video del asesinato de Arita y la huida de los chicos se pudo ver  en internet, provocando cientos de reacciones. Pero no pedían justicia. La epidemia de crímenes que sufre el país ha dado pie a una cultura de «ojo por ojo, diente por diente».

«Son demasiado peligrosos para dejarles con vida, personas así deberían morir», decía un diario local. «Qué lástima que no mataron al otro, ojalá que en Tamara (la prisión) lo violen y lo maten», pedía otro. «Una rata menos en el mundo», se alegraba un tercero.

El fiscal cree que las imágenes del asesinato de Arita fueron filtradas por la policía para justificar lo que pasó después. Que la muerte de Eduardo fue parte de una política de «limpieza social».

Las imágenes de las cámaras que graban los aparcamientos en los que tuvo lugar el linchamiento no fueron hechas públicas.

Santos no espera encontrar pruebas que permitan incriminar a la policía. Cuando pidió los nombres de los agentes que participaron en los linchamientos, le dieron más de 100. Ninguno está obligado a testificar. El expediente se convertirá en uno más de los 600 casos abiertos que cada fiscal en Honduras tiene, en promedio, sobre la mesa.

El Fiscal no tiene asistente, ni carro, ni motocicleta para salir a investigar.

El entonces Director General de la Policía, Juan Carlos Bonilla, dijo en una entrevista con la AP en septiembre: «No tenga la más mínima duda de que actuaremos con apego a la ley y lo haremos rápidamente». Cuatro meses más tarde no había arrestos. Bonilla fue separado del cargo. Santos también.

En el correccional de menores de Tegucigalpa, Edwin está en espera de juicio. Su madre casi no lo visita, no puede permitírselo. «Si viene, no vende tortillas; si no vende tortillas, en la casa no comen», dice el joven.

Sentado en una silla en el patio de la prisión, no parece alguien dispuesto a disparar fríamente contra un padre de familia sino un niño desubicado.

¿Por qué le disparó a Arita?

«No sé a dónde ir… y ando sin licencia y con moto robada. Me agarran fijo. Por eso el otro peleó. Y yo no supe qué hacer. La pistola era suya, no mía. Disparar un revólver es fácil… es darle y ya», explica. «Me arrepiento, claro que me arrepiento».

A Edwin le esperan entre 8 y 15 años de prisión. Tendrá suerte si llega a cumplirlos. En septiembre tuvo que ser hospitalizado de nuevo. La policía volvió a golpearlo dentro de una prisión. Durante su primer encuentro con un reportero de la AP, casi no podía caminar solo.

Uno de los guardias dice que en Honduras alguien que mata a un policía «carga cuatro tablones al lomo». Es un muerto andante.

Pero Edwin ya ha dejado su propio legado. En Ocotepeque, uno de los hijos del policía asesinado tiene un plan para el futuro. Joaquín, el mayor de los tres hijos de Arita, dejó la escuela para vender pintura cuando mataron a su padre. Gana cinco dólares al día con los que ayuda a su madre. Y rumia venganza. Dice que cuando crezca quiere «ser policía y matar pandilleros».