La doctora Rigoberta Menchú Tum, candidata presidencial por Encuentro por Guatemala-Winaq, en entrevista exclusiva con «Visión Electoral» sostuvo que su nominación es «un termómetro contra el machismo». Se pronunció por «un Estado plural donde podamos caber todos» y dijo que a eso apunta la conformación de la fórmula presidencial con el empresario Luis Fernando Montenegro. Sin embargo, tiene claro que hay que hacer un esfuerzo por garantizar los derechos de los pueblos indí­genas. «Los pueblos indí­genas ya no pueden ser ignorados desde ningún punto de vista», afirmó. Se mostró confiada que con una gestión «austera» se puede recuperar «hasta un 40% del Presupuesto Nacional» y darle destino social. Rigoberta Menchú Tum abordó los temas de la seguridad, la propiedad de la tierra, la seguridad con una apuesta a la participación ciudadana y los megaproyectos, sobre los que dijo que el Estado «tendrá que mediar», pero aclaró: «los empresarios tendrán que pedir permiso».

¿Qué significa para un paí­s como Guatemala, la candidatura a la presidencia de una mujer, y además indí­gena?

Realmente es un termómetro. Mi candidatura como mujer indí­gena, proveniente del movimiento social, mujer en general, es un termómetro contra el machismo. Llego a la conclusión que van ganar las elecciones los que tienen dinero, pero también van a ganar los machistas y los excluyentes. Es un termómetro para las capacidades y las cualidades de las mujeres, de si tenemos solidaridad de género o no. Se sabrá si tenemos conciencia de querer tomar por nuestras manos y atrevernos. Lo mismo es un termómetro para los pueblos indí­genas, de si en verdad estamos claros que no puede haber Estado plural sin cuota de poder. No se puede hablar de pluralidad y equidad sin cuota de poder. Cuando nos caiga en la mente que equidad, género y pluralidad étnica es cuota de poder, vamos a lograr esta perspectiva y esta emancipación.

¿Cuál es la principal propuesta de Encuentro por Guatemala y Winaq para estas próximas elecciones?

Tenemos diez puntos de agenda que es un perfil de gobierno. Apostamos por un Estado plural donde podamos caber todos. Somos una opción nueva que integra dentro de este proceso electoral a hombres, mujeres, indí­genas y ladinos. El hecho de que el binomio presidencial tenga esta composición plural es un hecho y no un discurso. En primer lugar por la trascendencia y experiencia de Luis Fernando Montenegro, que es visto como parte de la empresa privada y que tiene un papel que jugar. En mi caso que vengo del sector social, de las organizaciones mayas, de las organizaciones campesinas.

Es algo que nos ha costado tejer, nuestra meta es un buen gobierno, que se acerque a la población, que atienda las demandas, que escuche, que se vincule directamente con las municipalidades, que se vincule con los COCODES y que tenga en mente la participación ciudadana.

La población se tiene que involucrar en recuperar el Estado, que se encuentra secuestrado por las mafias corporativas, por el crimen organizado, por la corrupción, las mentiras, las falsedades y la utilización de la propia gente en cada proyecto personal o familiar. Nosotros estamos dando un mensaje de participación ciudadana.

¿Cómo plantean esa recuperación del Estado?

Vemos nuestro gobierno en dos grandes campos, uno es que vamos a rescatar al Congreso. Hay una agenda legislativa y además, a defender esa agenda van personas honestas, que han luchado durante muchos años y que son conocidas. Nineth Montenegro encabeza el listado nacional y Otilia Lux va de segundo, y esto indica un mensaje de participación de la mujer. No sólo es Rigoberta Menchú, sino que hay una opción por esto. En la agenda legislativa entran un conjunto de temas que si no se aprueban, el paí­s no saldrá adelante.

En el Ejecutivo tenemos un liderazgo que hacer, especialmente en un enfoque de economí­a social. Más del 50% de los niños viven con desnutrición crónica, eso tiene emergencia de ser atendido. Es un gran paquete que tenemos, como la salud, la vivienda, el trabajo digno.

Después de Brasil, Guatemala es el paí­s más desigual en América Latina. Concretamente, ¿qué se puede hacer para disminuir esa brecha entre ricos y pobres?

Hay que dejar de esconderse detrás del discurso y optimizar las fuerzas hasta nivelar la vida de la gente. En el Ejecutivo, con transparencia, lucha frontal contra la corrupción y la violencia, contra la evasión de impuestos y el enriquecimiento ilí­cito, hemos hecho un promedio y podemos recuperar hasta un 40% del presupuesto del Estado y darle una nueva utilización. Dirigir y optimizar los recursos, la austeridad dentro de la ejecución presupuestaria del Estado tendrá que ser rigurosa. Pero también hacer más eficiente la recaudación. Tendrí­a que realizarse una buena negociación, porque yo no creo que el sector privado guatemalteco aguante ser solidario con la población dando mayor contribución. Es una discusión que se tiene que abordar.

¿En la Guatemala de hoy se puede hablar de Reforma Agraria?

Vamos a impulsar el catastro, un asunto que tiene que ver con el Congreso, al igual que en la certeza jurí­dica. Hay una buena cantidad de tierras que el Estado ha otorgado a las comunidades y que nadie puede utilizar porque nadie sabe dónde queda su parcela. También hay otros recursos de tierra que se vendieron a la gente pero que les provocó una deuda, sin perspectiva de pago. Es un engaño porque no se les dio incentivos para que paguen esta deuda. Debemos aprender de modelos, compartir ideas con otros paí­ses que tienen éxito.

Si se habla de Reforma Agraria primero tiene que ser por ley. En Guatemala nada se puede hacer sin que pase por el Congreso. La politización del tema en el Congreso es lo que más daño hace. Apenas hablamos de expropiación, se nos viene el mundo encima como si todos escondieran algo. Tenemos que propiciar una reforma, por ejemplo, los tribunales agrarios, que tienen que pasar por una reforma de ley, de lo contrario, serán un hecho irrelevante. En lo que no estoy de acuerdo es que se aborde con ideas trasnochadas sólo para posicionarse en un nivel polí­tico, y que el campesinado siga siendo quien sufre las consecuencias de la falta de tierra. Hay que tener mucha madurez y mucha inteligencia.

En el último tiempo se ha suscitado una polémica sobre las repercusiones de los megaproyectos o de los proyectos mineros en las tierras de las comunidades. Organizaciones de los pueblos indí­genas y ambientalistas han pedido el respeto a los derechos de los pueblos originarios y sobre todo, el respeto a la naturaleza. ¿Cómo ve usted este tema?

Los pueblos indí­genas ya no pueden ser ignorados bajo ningún punto de vista. Jamás volverá a ser el indí­gena pasivo, el que tiene paciencia de ver un camión lleno de riqueza que pasa al lado. Hay reglas comunitarias que los técnicos de las empresas privadas han violentado una y otra vez, por desconocimiento, porque así­ fueron educados y no saben pedir permiso, y no les importa si la gente tiene o no tiene reglas. Ahora el Estado tiene que ser facilitador de un diálogo entre la población, las comunidades o propietarios locales, con la empresa privada. No hay otra alternativa. El empresariado guatemalteco tendrá que pedir permiso, porque yo tengo un proyecto idóneo, porque será útil para Guatemala, porque beneficia a la comunidad. Otras actitudes lesionan la dignidad y la población no las aprueba. Los pueblos indí­genas tienen un sistema mucho más pragmático a pesar que todos pretenden señalar que no les gusta el desarrollo, que se oponen.

¿Qué medidas concretas se piensa impulsar desde el Gobierno para garantizar el pleno respeto a los derechos de los pueblos indí­genas?

La polí­tica pública de equidad. Muchas veces les dejan a nuestros hermanos indí­genas las instituciones culturales para hacer folclor. Esto tiene que acabarse. Estoy diseñando una polí­tica pública de actuación. Hay una parte que es voluntad polí­tica, que es ética personal del lí­der que encabeza el Ejecutivo, la equidad. Queremos que participen todos, el indí­gena, el ladino; hombre y mujer, porque todos dicen que vivan las mujeres, pero cuando los ves sentados en una mesa, todos son hombres. Eso no se vale. Hay otros aspectos que tienen que ser normativos. Hay que normar la aplicación del Convenio 169 de la OIT, hay que legislar sobre el reglamento interno de la aplicación de los idiomas mayas. Pienso que hay algunos polí­ticos que no tienen una visión de la pluralidad en Guatemala y lo que quieren es aniquilar a los pueblos indí­genas. Todaví­a hay mentes que están empeñadas en aplacar a los pueblos indí­genas. Estas mentes son peligrosas para la población guatemalteca en general. Recordemos el genocidio que pasó hace algunos años.

En un gobierno encabezado por Rigoberta Menchú, ¿cómo se abordarí­a el tema de la seguridad?

Es obvio que hay alguien al que le interesa cosechar la violencia para su interés personal. No puedo creer que la violencia se incremente siempre cuando hay elecciones, y siempre cuando les permite a ciertas personas decir que vienen a salvar al pueblo y a poner al Ejército en las camionetas. Hacen todo para ridiculizar una Policí­a Nacional Civil que tiene que ganar el respeto cotidiano de la población y no el respeto por la represión. Si hablamos de la seguridad ciudadana a nivel general, vemos que es importantí­simo involucrar a la población en su propia seguridad. Me refiero a que haremos un ensayo de participación de policí­as comunitarias pero tomando en cuenta las estructuras que ha implementado la gente en los años anteriores al conflicto armado.

Nosotros convocarí­amos inmediatamente al Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia para estudiar una estrategia nacional que implique en primer lugar, la depuración de la PNC, para fortalecerla y dotarla de recursos. Al Ejército hay que decirle en estricto cumplimiento de acuerdo a la ley, que debe dedicarse al oficio que le corresponde. El Ejército no sabe de protección ciudadana porque no es su rol. Existe la necesidad de un Ministerio de Seguridad cuyo énfasis sea recuperar la dignidad de la seguridad ciudadana. Si no recuperamos el Ministerio Público y no le hacemos defensor de la población, esta situación no puede cambiar. Esto pasó porque del genocidio a un proceso de paz, se ablandaron las normas en el camino, hay que endurecer las penas. Si no hay una pena endurecida y no se agiliza el proceso de juzgamiento, y si no hay protección de testigos, y si no hay una garantí­a fehaciente de que el proceso judicial es transparente, no va a solucionarse el tema de seguridad. Se necesitará de la inteligencia civil, que será rigurosamente fiscalizada por medios democráticos, si no creamos de nuevo las famosas redes clandestinas de inteligencia. Hay un tema al que nadie quiere entrarle y que me da mucho temor: la regularización de armas y municiones y regular la policí­a privada. Hay que elaborar un código de responsabilidad, de ética y de conducta para la policí­a privada. Todos achacamos que la PNC y el Ejército no sirven, pero nadie habla sobre el negocio de la seguridad privada.

«Más del 50% de los niños viven con desnutrición crónica, eso tiene emergencia de ser atendido».

«Muchas veces les dejan a nuestros hermanos indí­genas las instituciones culturales para hacer folclor. Esto tiene que acabarse».