México experimentó un año de reformas impulsadas por el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, pero aún bajo la sombra de la violencia, que ahora dio paso a la conformación de grupos de autodefensa y el incremento de hallazgos de fosas clandestinas con cientos de cadáveres.

Peña Nieto, quien regresó al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México de forma ininterrumpida entre 1929 y 2000, dedicó su primer año de gobierno a presentar una serie de reformas para modernizar y transformar el país.

El gobernante logró en sus primeros meses de gobierno que el Congreso diera luz verde a las reformas educativa, de telecomunicaciones y competencia económica, fiscal, financiera y energética, esta última considerada la madre de las transformaciones que impulsa porque bajo el esquema que está diseñada, permitiendo el ingreso de inversión extranjera al sector, entre otros, podría convertirse en un importante motor económico para el país.

México es la segunda economía más grande de Latinoamérica después de Brasil, sin embargo no ha despegado de la forma que busca la actual administración. A lo largo del año la estimación del crecimiento ha sido revisada a la baja cuatro veces por el gobierno, que inició anunciando una proyección de 3,5 hasta reducirla a 1,5.

La noticia más alentadora en materia económica se conoció a finales de noviembre pasado, cuando Hacienda informó una cifra récord de inversión extranjera directa (IED) de 28.233,8 millones de dólares en los primeros nueve meses del año. El buen comportamiento lo impulsó la venta del grupo cervecero Modelo a la belga AB InBev.

A nivel político, la principal victoria que logró Peña Nieto en su segundo día de gobierno, con la firma del Pacto por México entre las tres principales fuerzas del país -PRI, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)- se quebró a causa de la reforma energética.

El PRD se salió en noviembre del pacto, que busca impulsar un conjunto de iniciativas y reformas para mejorar el país, por desacuerdos con una refoma política impulsada por el PAN y el PRD, que permitirá la reelección de alcaldes y legisladores, entre otros, y por las supuestas negociaciones que hicieron en privado los dos partidos para aprobar la reforma energética, que la izquierda considera «privatizadora» y contraria a sus intereses.

«Ya no hay el Pacto por México, está muerto porque ya no es un pacto en el que todos los actores estén de acuerdo sino que más que nada hemos vuelto a la política de siempre en donde el partido en el gobierno trata de lograr los acuerdos suficientes para sacar sus reformas», señaló a dpa la analista de la privada Universidad Iberoamericana, Helena Varela.

La reforma energética y la educativa han sido las que más rechazo han generado de parte de la izquierda y el sector magisterial, que ha protagonizado a lo largo del año multitudinarias marchas en contra de la reforma educativa, que establece el servicio profesional docente y el sistema nacional de evaluación educativa.

La seguridad sigue siendo el principal reto por resolver para el gobierno. Peña Nieto ha indicado que en su administración se ha registrado una «disminución sensible en número de homicidios y violencia», con un 20 por ciento menos de homicidios dolosos en el primer semestre del año. Sin embargo, en lo que va de su gobierno se suman unos 17 mil asesinatos.

Entre los delitos que han incrementado este año en México están el secuestro y la extorsión.

A estos fenómenos se agrega que en el último mes en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas se han hallado varias fosas clandestinas con más de 100 cadáveres.

Los hallazgos de dichos entierros clandestinos se suman a otros detectados en el último año. Las fosas se han encontrado a cuentagotas gracias a declaraciones que hicieron ante las autoridades policías y civiles vinculados a grupos del crimen organizado.

«El hecho que es posible asesinar a alguien, disponer de su cuerpo sin que sea detectado por el Estado indica los altos índices de impunidad que hay, que es el combustible para que siga adelante esta espiral de violencia, que no se detiene porque actúa en un vacío institucional», afirmó a dpa el director de la consultora de políticas públicas y derecho Jurimetría, Guillermo Zepeda.

En el último año además entró en juego otro actor que parece convertirse en una nueva amenaza para la seguridad del país: las autodefensas. Estos grupos están conformados en su mayoría por civiles que buscan hacer justicia por su cuenta ante el vacío institucional que registran sus comunidades.

Los primeros grupos aparecieron a principio de año en áreas rurales de Guerrero y Michoacán y poco a poco se han ido extendiendo hacia otras entidades.

«Creo que mientras no haya una reducción o se ataque la espiral de violencia e impunidad pueden seguir surgiendo estos movimientos y lamentablemente ganando legitimidad frente al estado», consideró Zepeda, al tiempo que dijo que otro de los riesgos de este fenómeno es que el crimen se infiltre en las autodefensas, como ya ha ocurrido en algunos casos.

El también investigador de la Universidad Jesuita de Guadalajara insistió en que para contrarrestar estas problemáticas relacionadas con la seguridad en una de las áreas que debe trabajar el gobierno es en combatir la impunidad que se registra en el país.

Por su lado Varela considera que entre las grandes apuestas que tiene el gobierno para que las transformaciones que impulsa sean efectivas están: trabajar en temas como corrupción, rendición de cuentas y avanzar más en materia de derechos humanos, donde considera «hay una serie de taches (tachones) para este primer año de Peña Nieto».