La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que verificará que establecimientos educativos no incurran en ilegalidades, como obligar a padres de familia a adquirir útiles escolares, libros de texto y uniformes exclusivamente en los centros de estudio.

Además revisarán que tengan un libro de quejas y que utilicen los contratos de adhesión registrados, si fuera el caso, y que no existan cobros no autorizados.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor reportó esta semana dos denuncias en ese sentido.