Cuando su pareja se enteró de que estaba embarazada volvió a golpearla. No era la primera vez. Pero en esta ocasión la paliza duró más de lo acostumbrado: diez minutos. Antes de irse, la manoseó mientras le gritaba que era una «zorra» y vociferaba graves amenazas.
En voz baja, mientras esperaba en la recepción de una clínica donde practican abortos clandestinos en Quito, Luisa dijo «no quiero hacer esto, no quiero que mi hijo sufra a esa calaña de padre».
El Congreso ecuatoriano aprobó el martes un nuevo Código Penal que, aunque tipificó el delito de ‘feminicidio’ para proteger a la mujer, continuó penalizando el aborto por embarazos a causa de una violación, pese a que tres parlamentarias presentaron una iniciativa para despenalizarlo.
Las congresistas autoras de esa iniciativa fueron suspendidas por el partido de gobierno mientras que el presidente Rafael Correa las tildó de «desleales».
El mandatario también amenazó con renunciar a su cargo si la restricción era levantada.
Con el nuevo código, el aborto continúa restringido a los casos en que la vida de la madre peligra o cuando se trate de mujeres «dementes» (declaradas incapacitadas).
Luisa no está en ninguna de estas categorías, pero su relación abusiva la llevó a abortar, y a engrosar la cifra de las 100 mil mujeres que se practican un aborto clandestino todos los años en el país, según expertos y grupos no gubernamentales.
La médica Virginia Gómez de la Torre, de una organización que defiende los derechos sexuales femeninos, dice que unas 380 mil mujeres dijeron que fueron violadas al año y que entre un 5% y un 30% de esas violaciones terminan en embarazos, citando estadísticas médicas.
Ecuador hace parte del puñado de países de Latinoamérica que penaliza el aborto en caso de violación, un tema que ha polarizado a otras sociedades como la chilena donde hace unas semanas la presidente electa Michelle Bachelet apoyó su despenalización generando una intensa controversia nacional.
El médico Patricio Jácome, jefe del servicio de adolescentes en el hospital materno estatal más grande del país, cree que muchas de las afectadas con la prohibición son menores de 14 años cuyos embarazos son «producto de abuso por parte miembros de la propia familia y del entorno».
Estos abortos son provocados principalmente por presión de los padres.
En el largo pasillo del servicio de jóvenes de ese hospital la mayor parte de las madres son niñas que cargan en brazos a sus recién nacidos. Algunas están con sus parejas, otras con sus madres y pocas están solas.
La airada reacción del mandatario en contra de permitir abortos en casos de violación proviene de su convicción cristiana de que la vida inicia con la concepción, que coincide con la posición de la Iglesia católica.
El Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Omar Mateo, cree que cualquier hijo «es una bendición de Dios, aunque sea fruto de una violación, aunque sea fruto de alguna relación que pasó el límite, incestuosa».
La presidenta de la Corporación Humana, colectivo por los derechos de la mujer, Ana Lucía Herrera, dice que la posición personal de Correa «no tiene que ser decisiva en política pública, pero pasa al revés, que por sus creencias religiosas el asume una posición de política pública contraria al aborto».
En el nuevo Código Penal se castiga el nuevo delito de «feminicidio» con un mínimo de 22 años de prisión.
A diferencia de Luisa, cuya identidad permanece en el anonimato por la ilegalidad del aborto, que pudo costear un procedimiento de unos 300 dólares, muchos abortos terminan mal pues las mujeres no tienen dinero para hacerse la cirugía de manera segura y acuden a parteras o a presuntos médicos o se hacen abortos en muy malas condiciones sanitarias.
El salario mínimo en Ecuador, un país de 14 millones de habitantes, es de unos 318 dólares mensuales.
Estadísticas del Ministerio de Salud señalan que en 2012 se registraron 24.424 casos de mujeres que llegaron al sistema público de salud con abortos mal hechos.
Pese a que las cifras son oficiales, los casos no se judicializan porque, en general, los médicos los reportan como infecciones o «sangrado vaginal». Por este sub-registro, sólo se conoce el 25% de los casos que no son procesados por las autoridades por la atávica debilidad institucional ecuatoriana para hacer cumplir la ley.
En 2012, tan sólo 12 casos se judicializaron de los 100mil abortos clandestinos.
Luisa, de 38 años y secretaria de un banco, no tuvo dificultad para encontrar el consultorio que le practicó el aborto pues en Quito la ubicación de esos lugares es un secreto a voces.
En el lugar menos esperado, hay una clínica clandestina que a su alrededor cuenta, en muchos casos, con comercios formales e informales como droguerías y farmacias. Allí, cualquiera puede orientar a una posible paciente que esté despistada.
Luego de 30 minutos de cirugía practicada un viernes, a Luisa la recogió una amiga. Se fue a casa y el lunes se reportó enferma en la oficina. Se cambió de residencia para evitar contacto con su pareja. Aún no pierde la esperanza de embarazarse con alguien que la respete y con quien pueda formar un hogar.
«Ahora me toca pasar este calvario, después ya se verá», añadió mientras se empeñaba en contener las lágrimas.