La libertad no es libertinaje, me decía siempre un amigo desde que empecé a escribir hace apenas 53 años. Los funcionarios públicos están sujetos a la ley, dice la Constitución y no constituyen delito o falta las denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos.
En ambas situaciones hay una débil línea que separa lo legal de lo ilegal, lo correcto de lo incorrecto, lo ético de lo antiético y cuesta mucho determinar donde se llega a romper esa delgada línea.
Empecemos por la libertad de expresión y de pensamiento vertida a través de un medio de comunicación que constituyen, asigún dicen, “el cuarto poder”, cuando a mi criterio es el poder supremo que tiene la facilidad de destruir vidas, honras, empresas, empresarios, artistas y cuanto ser viviente o ya fallecido pueda atravesársele. Algunos lo hacen porque fulano, zutano o mengano, o perencejo les caen mal o que una empresa causa daño a la estructura-económico-periodística. Esos son los “grinchs” del periodismo, la basura, la escoria y para quienes hemos estado de los dos lados, como periodistas o funcionarios públicos, nos damos cuenta de que, al menos en mi caso, fueron pocos y solamente en una oportunidad que se ensañaron por una noticia que jamás pedí NO se publicara pero, que jamás imaginé, que lo hicieran con titulares escandalosos que no valían la pena por su importancia o trascendencia, según lo que a todos los periodistas nos enseñaron. Esa nota, después de más de 45 años de trabajo sin mancha, merecía una columna, como lo hizo Prensa Libre, y no un despliegue incluso de improperios y mentiras como lo hizo una dama chilena que junto con un montón de extranjeros tienen “columnas” en diarios y medios importantes del país tomando el puesto de los guatemaltecos que son los que tienen el derecho moral para señalar ciertos actos o cuestiones que solo a nosotros nos atañen.
Los medios de comunicación en su mayoría se han usado como otro poder paralelo y con esto más, goza de un fuero especial en el sistema legal, lo cual expresamente prohíbe la Constitución. Hay buenos medios y periodistas y los hay malos y deshonestos, como en la viña del Señor y como en cualquier gremio. Pese a que lamentablemente, en este último año, varios periodistas han sido asesinados o intimidados o amenazados, ante la total indiferencia de las autoridades, muchos de los actuales periodistas NO han sufrido lo que sufrimos en carne propia, quienes estuvimos luchando por nuestros valores, durante los años de la guerra sucia. Asesinatos, atentados, secuestros, exilios, esconderse y huir , desapariciones que aún siguen sin aclarar, amenazas de la mano blanca, el noa, el cadeg y otros entes asquerosos de paramilitares de la extrema derecha…etcétera. Allí los hubiera querido ver.
Pero, si con franqueza hacemos esta autocrítica, no lo es menos para los funcionarios públicos y pese a que el estilo y hasta la vestimenta de los periodistas ha cambiado mucho, tienen el derecho a criticar, denunciar o imputar hechos y acciones de esos funcionarios prepotentes, corruptos, abusivos, que se creen intocables.
Es evidente que este distanciamiento entre el funcionario y el periodista se ahonda y se convierte en uno de los tantos conflictos que han sido provocados por este y otros gobiernos desde que asumen la creencia de ser los patrones de las vidas, pensamientos y haciendas de los que ejercen el periodismo. Si no pueden matar al periodista que les cae mal, hacen quebrar su empresa, o lo intimidan de una y mil maneras.
Las fuertes críticas se originan por los actos de los funcionarios, que conllevan corrupción que a todas luces se ha observado desde el inicio de la falsa era democrática. Quedarse callados es ser cómplices; denunciarlos, no solo es un derecho, sino una obligación. Lo único es que los directores editoriales, los columnistas que son responsables a mutuo propio, deben saber hasta dónde se puede llegar. En Guatemala solamente dos medios: elPeriódico y Prensa Libre, asumen tareas de investigación y denuncias que quedan en el más absoluto silencio de los funcionarios responsables del ROBO del erario público.
La prensa no puede callar, pero debe saber que su libertad está, como toda libertad, sujeta a límites que la misma ley exige y los funcionarios deben saber que ante un sistema de justicia y un congreso corruptos e inoperantes, solo la prensa puede fiscalizar con honestidad, en su mayoría, los delitos que cometen.