Una vez más expreso mi opinión favorable hacia la minería legal –no legaloide– en Guatemala. Opino favorablemente porque la sociedad mundial dependemos de los materiales obtenidos de la Tierra por medio de este ejercicio, en vías de buscar los materiales para facilitar las comodidades de las que ahora disfruta la raza humana. Hago hincapié en la legalidad del asunto, porque lo legal incluye lo que debería registrar la Ley de Minería respecto a la protección y desarrollo de las comunidades adyacentes a la influencia de las minas.
Hay licencias que extiende el Gobierno por medio del Ministerio de Energía y Minas y, se otorgan para legalizar lo ilegal y el abuso de las empresas mineras y del mismo Gobierno, quienes reprimen y asesinan a las poblaciones campesinas con una impunidad asombrosa, cuando ellos se atreven a protestar por el daño directo que les acarrea desde el punto de vista social, económico y ambiental, es decir, el atentado contra su forma de vida… su forma de sobrevivencia.
Los contratos para autorizar a las multinacionales la exploración y explotación, son acordados bajo la mesa con altísimas cifras en efectivo a través de las máximas autoridades de los gobiernos de turno. Reciben cifras multimillonarias y les importa un comino lo que les suceda a las poblaciones, a quienes han jurado proteger y defender su soberanía y su Constitución Política.
Naturalmente, al concesionar por medios corruptos, los guatemaltecos se ven seriamente lesionados en sus intereses. La Comisión de Verdad, patrocinada por las Naciones descubrió que agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio dentro del conflicto interno que duró desde 1960 hasta 1996, año en que se firmaron los Acuerdos de Paz. En el ínterin, 250,000 indígenas fueron asesinados.
Con los acuerdos de paz, realizados en 1996, el Gobierno de Guatemala firmó y ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio internacional otorga a los pueblos indígenas de Guatemala derechos para decidir sus prioridades de desarrollo y garantiza concretamente sus derechos de “Uso, administración y conservación” de los recursos naturales que pertenecen a sus tierras.
Cuando los productos del subsuelo pertenecen al Estado, el Convenio OIT 169 demanda al gobierno consultar a los pueblos indígenas antes de concesionar licencias para exploración y explotación dentro de sus tierras.
La instalación de la mina Marlin en Guatemala, concedida por Óscar Berger Perdomo, generó conflictos serios desde los inicios de su planificación a partir de la violación de los derechos de los pueblos indígenas. La mina, aunque su propaganda dice lo contrario, contamina fuentes de agua, lo cual ha incidido en degradar la salud de los indígenas y el deterioro de su forma de sustento, el cual se basa en agricultura y sus tradicionales estilos de vida.
Muchos campesinos han muerto en Guatemala en el intento de proteger sus tierras. Han muerto asesinados por las fuerzas de seguridad mientras el Gobierno dice en su propaganda que las “Fuerzas de seguridad” fueron atacadas por campesinos en pacífica protesta.
Por eso hay admiración por la gobernante Laura Chinchilla de Costa Rica quien, con mano suave, uno de los primeros decretos que firmó al asumir su cargo fue la moratoria a todos los permisos que había de exploración y explotación minera. Con la aprobación unánime de 49 diputados del plenario legislativo, Costa Rica se declara como un país libre de minería a cielo abierto. La propuesta modifica el Código de Minería para prohibir esta actividad en suelo nacional.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala hizo bien en respaldar las consultas comunitarias, porque la minería es buena; los que no son buenos son los políticos que han sustraído hasta la esperanza de los guatemaltecos por medios corruptos.