La abrumadora victoria de Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales de Chile fue la mayor en ocho decenios, pero la asistencia a las urnas fue la menos desde el regreso a la democracia, lo que sugiere que Bachelet no contará con un mandato claro para impulsar cambios radicales cuando comience su segundo período el próximo año.
Bachelet, una socialista moderada, concluyó su período presidencial de 2006-2010 con un índice de aprobación de 84% a pesar de no lograr ningún cambio importante. Pero esta vez los izquierdistas chilenos dicen que la harán cumplir sus promesas, que incluyen un programa de gastos de 15 mil millones de dólares para modificar profundamente el sistema de educación, mejorar la salud pública y reducir la amplia brecha entre ricos y pobres.
«Están las condiciones sociales y políticas, y por fin ahora es el momento de hacer los cambios», dijo Bachelet en su discurso de victoria después de las elecciones del domingo. «Si estoy aquí es porque creemos que el Chile de todos es necesario. No será fácil, pero cuándo ha sido fácil cambiar el mundo».
Chile es el principal exportador de cobre del mundo y su economía de rápido crecimiento, bajo desempleo y democracia estable son la envidia de América Latina. Pero millones de chilenos han protestado en las calles en años recientes y dicen que la riqueza del cobre debe usarse para reducir la desigualdad en el ingreso y en mejorar sustancialmente las escuelas públicas.
Bachelet ganó 62% de los votos, derrotando fácilmente a su rival conservadora Evelyn Matthei, quien sólo se llevó 37% de los sufragios en la peor actuación de la derecha en varias décadas.
Bachelet necesita impulso para sobreponerse a una economía que se desacelera y a la oposición en el Congreso. Las elecciones generales de noviembre le dieron a su coalición de centroizquierda, Nueva Mayoría, una ligera mayoría en ambas cámaras, y necesitará los votos de los legisladores de centroderecha para lograr algunas de sus metas en el complicado y multidimensional sistema de votación parlamentario del país.
Por ahora tiene suficientes votos en el Congreso para aprobar un aumento de impuestos y probablemente reciba el apoyo que necesita para la reforma a la educación. Pero cambiar el sistema electoral y la Constitución de la era de Pinochet exige supermayorías.
«(Bachelet) logrará algunas cosas: la reforma fiscal la tiene en el bolsillo… creo que los líderes estudiantiles electos al Congreso aprobarán la reforma del sistema educativo. Las expectativas de Bachelet son elevadas, pero se lograrán cosas», expresó Kenneth Bunker, politólogo chileno.
Patricio Navia, también especialista en temas chilenos, de la Universidad de Nueva York, observa un duro camino para Bachelet, quien dirigió ONU Mujeres después de su primer período presidencial.
«Su mayor reto será igualar las expectativas con la realidad», expresó Navia. «Hizo campaña diciendo que el país iba a seguir creciendo al 6% anual y ahora crece apenas al 3%. Las expectativas son mucho mayores de lo que podrá entregar».
Esta fue la primera elección presidencial en Chila desde que la inscripción electoral se hizo automática, lo que aumentó el electorado de 8 millones a 13.5 millones, de los casi 17 millones de habitantes que tiene el país. Pero el cambio también incluyó que la votación es opcional, y sólo 5.5 millones (41 participaron en la segunda vuelta electoral.
«Se puede decir que es la victoria más decisiva en ocho décadas, pero lo más importante es que Bachelet recibió menos votos que sus cuatro predecesores, incluida ella misma en 2006», dijo Navia. «Así que la clave es que una mayoría de los chilenos se quedaron en casa y no hay un gran voto de confianza por las reformas que algunos quieren implementar».
Muchos chilenos se quejan de que las políticas impuestas por la dictadura del general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 mantuvieron el poder y la riqueza en unas pocas manos. Pinochet puso fin de hecho a la reforma de la tierra al vender las aguas del país, y preservó la mejor educación para la élite al terminar el control central y la financiación de las escuelas públicas.
Aunque Chile se ha considerado desde hace mucho el país más conservador socialmente de toda América Latina, y las encuestas de opinión sugieren que las inhibiciones han comenzado a erosionarse.
El divorcio fue ilegal hasta 2004 y el matrimonio gay y el aborto todavía no se permiten. Pero el Congreso aprobó recientemente una ley contra la discriminación después que un hombre gay fue asesinado y el embarazo de una niña de 11 años violada por la pareja de su madre provocó un debate nacional sobre el aborto.
Bachelet apoya desde hace mucho el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto en caso de violación o peligro para la salud de la madre, pero esos temas apenas se mencionaron durante su primera carrera presencial. Pero en esta campaña sí habló de ambas cosas.
La economía chilena es considerada la mejor administrada de América Latina y las propuestas de Bachelet han creado nerviosismo entre algunos líderes empresariales.
El precio del cobre se ha desplomado 30% desde que alcanzó su cota máxima hace dos años, y Bachelet quiere aumentar el impuesto a las empresas en 5 puntos a 25%. En su primer período aprobó docenas de plantas de electricidad a carbón y proyectos hidroeléctricos, pero ahora se opone a ellos, aunque Chile necesita más electricidad.
Por EVA VERGARA
SANTIAGO /Agencia AP
Como se preveía, la socialista Michelle Bachelet ganó las elecciones presidenciales del domingo, con lo que deberá sortear enormes presiones para hacer cambios estructurales en el sistema electoral, los impuestos y la educación.
La candidata tendrá la oportunidad histórica de cambiar la Constitución chilena que legó el dictador Augusto Pinochet para sofocar las presiones populares y estudiantiles que quieren darle participación electoral a partidos minoritarios, aumentar las jubilaciones, gravar con más impuestos a las empresas y reformar la educación superior para que sea pública, gratuita y de mejor calidad.
La viabilidad de su programa depende de los votos que negocie en el Congreso y que se sumen a la mayoría parlamentaria que obtuvo en las elecciones parlamentarias de noviembre, pues algunas reformas tienen que superar un umbral de votación de dos tercios de los votos porque la dictadura dejó amarrado los cambios constitucionales a esas altas votaciones.
«Llevamos 23 años de democracia y los problemas de hoy no son los de la transición, mientras más avanzó Chile en el tiempo, los problemas eran mucho más estructurales y la gente quería cambios estructurales», dijo el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Bernardo Navarrete.
Antes de los comicios ya casi existía la certeza del triunfo de la exmandataria, en gran parte por el 47% de sufragios que obtuvo en la primera vuelta electoral de noviembre frente al 25% de su rival oficialista, Evelyn Matthei, quien en su acto de cierre de campaña reconoció que si gana «va a ser un milagro».
Estas reformas no se hicieron cuando terminó la dictadura porque los gobiernos de la llamada «transición» tardaron en negociar otros cambios constitucionales como suprimir la figura de los nueve senadores designados por Augusto Pinochet, cuatro de las Fuerzas Armadas, y la figura de los senadores vitalicios, mediante la que el dictador fungió como tal por ocho meses.
Las demandas sociales han sido impulsadas por las multitudinarias marchas estudiantiles. Cinco de los dirigentes estudiantiles fueron electos diputados pero analistas dan por descontado que las manifestaciones seguirán. El principal fracaso del presidente Sebastián Piñera fue el manejo de las protestas de los universitarios, quienes hicieron huelgas y se tomaron escuelas y provocaron un cambio de gabinete. Su índice de aprobación, que se encontraba en buena salud por el rescate de los 33 mineros, se fue al piso.
Matthei, rival conservadora de Bachelet, se opone a las reformas. Dice que la educación gratuita para el 10% más rico de la población implicará un derroche de 3 mil 500 millones de dólares anuales y que los cambios tributarios afectarán a pequeñas y medianas empresas.
Otras políticas separan diametralmente a las candidatas como el aborto. Mientras Bachelet es partidaria de legalizarlo cuando la vida de la mujer corra peligro, o el feto no sobreviva o cuando el embarazo sea producto de una violación, Matthei se opone.
El matrimonio homosexual no es rechazado por Bachelet pero si por Matthei, que apoya legalizar y regular las uniones de personas no casadas, sean homosexuales o heterosexuales. Bachelet dice que someterá el tema a una consulta popular. Según los resultados, presentaría un proyecto de ley.
«Se equivocan quienes creen que yo no quiero cambios, yo quiero cambios revolucionarios en la vida diaria de las personas», expresó en un debate televisado el martes. Agregó que no quiere que el Congreso pierda el tiempo discutiendo reformas constitucionales.
El primer gobierno de Bachelet, pediatra, agnóstica, separada y con tres hijos, se caracterizó por ampliar los beneficios sociales al dar salud gratuita a mayores de 60 años, aumentar las pensiones y ofrecer una jubilación a las amas de casa. Sin embargo, también enfrentó protestas de los estudiantes de secundaria cuyas demandas no resolvió porque desmovilizó el movimiento creando un comité que no satisfizo las demandas de aquella época.
También enfrentó la ira de la Iglesia católica por permitir la distribución de la píldora del día después. En noviembre, la historia pareció repetirse: poco antes de la primera vuelta, la Conferencia Episcopal, junto con políticos y aliados, exhortaron a no votar por candidatos que estuvieran de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales y el aborto en los casos señalados. El llamado no afectó la votación de Bachelet en un país de 17 millones de personas, cada vez más secular, antes considerado el más conservador de América Latina.
En 2004 el Congreso aprobó una ley que permitió el divorcio y las encuestas sugieren que los postulados conservadores los siguen una élite conservadora. También se aprobó una ley contra la discriminación luego de que un hombre gay fuera asesinado. Su coalición de centroizquierda obtuvo 21 de 38 senadores y 68 de 120 diputados.
Esa mayoría le permite aprobar un alza tributaria gradual de 20 a 25% a empresas, con la que espera recaudar 8 mil millones de dólares necesarios para financiar la reforma educacional con la que espera vencer la profunda desigualdad social chilena acrecentada en la dictadura.
«La desigualdad de ingresos es la más elevada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 20% superior de la población gana 13 veces más que el 20% inferior», dice esa organización que reúne a una treintena de países ricos, incluidos Chile y México.
Para cambiar el sistema educativo necesita conseguir una alta votación y está a un voto de conseguirla. Sus planes tributarios tienen al empresariado resignado. El precio del cobre, del que Chile ostenta el título de mayor productor del mundo, cayó y sus costos de producción crecieron.
Bachelet apoyó a la autoridad ambiental cuando detuvo la construcción de una mina en Pascua -Lama de la multinacional Barrick Gold, que cuesta más de 8 mil millones de dólares, hasta tanto no cumpla con la ley chilena. Hace ocho años, bajo una ley medio ambiental más laxa, Bachelet aprobó la creación de más de 40 termoeléctricas. Ahora enfrentará una aguda crisis energética si no autoriza aumentar la capacidad instalada.
Cuando estuvo a cargo del programa ONU-Mujer, Bachelet no dejó a sucesores políticos y su apoyo cayó al 20%. Pero un silencio político estratégico y la caída de Piñera la catapultaron al primer lugar de las presidenciales. Ahora es la líder del «bacheletismo» y logró ampliar su coalición al incluir al Partido Comunista, que desde el retorno a la democracia no había vuelto al gobierno.