Adonías Arévalo trataba insistentemente de convencer a sus padres que debían tranquilizarse, que no habría ningún problema si él intentaba solicitar la cobertura del seguro médico suministrada gracias a la reciente reforma del sistema de salud en Estados Unidos.

Como muchos otros inmigrantes, los padres de Arévalo temían que si su hijo llenaba el formulario y colocaba la información del pasado familiar, las autoridades de inmigración vendrían a investigarlos, ya que inmigraron ilegalmente desde El Salvador hace siete años.

Tras una semana de discusiones, Arévalo, oriundo de Houston y de 22 años de edad, quien trabaja en un centro comunitario y tiene status legal temporal, al fin los convenció. Pero otras familias inmigrantes siguen escépticas, y algunas tienen tanto miedo que prefieren que sus seres queridos se queden sin seguro médico, antes de ser reportados a las autoridades.

«Tienen miedo», expresó Arévalo. «La mayoría de las familias saben que es algo que tienen que hacer … pero tienen miedo de llamar la atención». Los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos no pueden participar en el sistema, pero hay quienes tienen familiares que son ciudadanos, o residentes legales, quienes sí pueden participar.

Desde que el sistema tuvo su debut en octubre, activistas pro-inmigrantes han estado colaborando con el gobierno federal a fin de asegurarles a las familias que sus datos no serán compartidos con agencias policiales. Las gestiones han llevado a cambios en la página de internet del nuevo sistema y a la difusión de un memo por parte de las autoridades de inmigración asegurando que no buscarán a gente en base a la información contenida en sus formularios.

Las familias inmigrantes son vitales para el éxito de la reforma del sistema de salud, especialmente en Texas, que alberga el mayor porcentaje de gente sin seguro médico, muchos de ellos son inmigrantes.

De las casi 40 millones de personas que viven en Estados Unidos y que nacieron en otro país, aproximadamente una tercera parte carece de seguro médico, según datos del censo. Aproximadamente 9 millones de personas en Estados Unidos pertenecen a familias inmigrantes en que por lo menos uno de los hijos es ciudadano, según el Proyecto de Estudio de Tendencias Hispanas del Centro de Investigaciones Pew.

Tales familias inmigrantes, que tienden a ser más jóvenes y más saludables, son atractivas para el nuevo sistema porque dependen de participantes jóvenes, quienes pueden pagar las primas, lo que ayuda a financiar la cobertura de adultos de mayor edad que requieren de cuidados más costosos.

En el condado Harris de Houston, donde más de una cuarta parte de los 4 millones de residentes son nacidos en el exterior, la agrupación Enroll America está tratando de aliviar los temores de que registrarse en el nuevo programa de salud conllevará a la deportación.

«Ha ahuyentado a la gente inscribirse por internet», expresó Mario Castillo, quien dirige las actividades del grupo en el área de Houston. «No quieren escribir eso en una computadora… prefieren enviar un documento de papel por correo».

Cheryl O’Donnell, directora de Enroll America en Arizona, dice que su grupo tiene que lidiar con inquietudes similares. «Hay mucho temor, particularmente si la persona que no es ciudadana está introduciendo una solicitud en nombre de un niño que es ciudadano», comentó.

A mediados de octubre, tres semanas después del inicio de la reforma, el gobierno del presidente Barack Obama entró en acción. La Policía de Inmigración y Aduanas publicó una «aclaración» con la intención de aliviar los temores. El memo explicó que la información obtenida mediante el registro en el programa gubernamental no será usada para abrir causas de inmigración.

Jenny Rejeske, una analista de políticas de salud del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo que los activistas le informaron al gobierno sobre las inquietudes que han recibido de las familias de status mixto.

Los activistas habían pedido esa aclaración desde hace años, pero no fue sino hasta que los funcionarios federales «se dieron cuenta de que esto iba a desalentar a la gente a inscribirse que decidieron hacer algo al respecto», expresó Rejeske.

Aproximadamente al mismo tiempo, apareció una sección en la página de internet healthcare.gov con el título «¿Qué necesitan saber las familias inmigrantes sobre los intercambios de seguros de salud?» Bajo el título de familias de status mixto, declara: «Los familiares que no estén registrándose a sí mismos no serán preguntados si tienen un status migratorio permitido».

Además establece que un inmigrante que busque participar en el intercambio de pólizas, en el Medicaid o en el programa para niños conocido como CHIP, no será considerado «una carga pública», lo que aclara un antiguo temor de que aceptar un beneficio del gobierno podría disminuir sus probabilidades de obtener status legal o de obtener la ciudadanía. Ese tipo de directrices están ahora incluidas en el entrenamiento que reciben los agentes a cargo de ayudar a la gente a inscribirse en el sistema.

Esmeralda Carreón, una asistente del programa que ayuda a comunidades fronterizas en Texas, dice que ella les explica a las familias que aunque la información será compartida con la agencia de inmigración para verificar si pueden participar, ello no implica que vendrán agentes policiales a la casa para deportarlos. Con los programas Medicaid y CHIP «tenemos muchos padres que están aquí ilegalmente», apuntó Carreón. «Y nadie ha venido a sus casas, nadie les ha dicho nada, porque los servicios son para sus hijos».

El aumento de la participación en esos otros programas en los años recientes pareciera indicar que está amainando el temor entre las familias de status mixto, opinó Genevieve Kenney, una asistente de investigación en el Centro de Políticas de Salud del Instituto de Estudios Urbanos. Entre los niños que no tienen seguro de salud, sean de cualquier status migratorio, un 65% pueden participar en Medicaid o CHIP, pero no se han registrado.

Arévalo, quien solicitó participar en el plan tras convencer a sus padres, trabaja como especialista en recursos comunitarios en un centro comunitario administrado por Neighborhood Centers Inc. Emigró a Estados Unidos de El Salvador cuando tenía 14 años de edad  y en marzo pasado recibió autorización para quedarse en el país por dos años mediante un programa del gobierno de Obama que alivia la situación para los inmigrantes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños.

El salario que recibe en su nuevo trabajo lo coloca en un nivel demasiado alto para recibir la exención tributaria en el mercado de intercambio de pólizas de seguro, aunque de todas maneras no podría participar debido a su status migratorio. En lugar de ello, tendrá que comprar un seguro básico a través de su empleador, pagando aproximadamente el 20% de su salario mensual.

Pero para aprender a realizar ese trámite, tuvo primero que solicitar la cobertura, y antes de eso tuvo que convencer a sus padres que el proceso no les perjudicaría. «Ellos como que tenían miedo de que esto era como decirle al gobierno, ‘Hey aquí estamos y somos indocumentados»’, comentó.