Seis meses después de que el gobierno sandinista otorgara a un empresario chino una concesión a 100 años para construir un canal interoceánico, gran parte de la nación está entusiasmada con el proyecto.

En la capital, los nicaragüenses toman fotos de un altar con la Virgen María frente a un buque cisterna que navega por el lago más grande del país. Un cartel oficial atrás dice: «¡Virgen María, bendice al gran canal interoceánico!»

Desde directivos de empresas en la capital hasta los pequeños pueblos por donde las mercancías se transportan a caballo, muchos nicaragüenses expresan confianza en que el canal, a un costo de 40 mil millones de dólares, será una realidad y traerá la prosperidad. El sistema universitario nacional anunció hace pocas semanas que creará títulos universitarios de metalurgia y administración de puertos, además de cursos del idioma chino.

Las críticas de expertos legales y ambientalistas de que el canal no es viable, de que dañará el medio ambiente y perjudicará al país han quedado prácticamente calladas debido a que el gobierno del presidente Daniel Ortega controla las principales instituciones de Estado y gran parte de los medios de comunicación. Por lo tanto, prácticamente no se escuchan las denuncias de la oposición de que Ortega está simplemente tratando de recabar apoyo para una reelección indefinida.

«Para mí el canal interoceánico va a ser un gran crecimiento para Nicaragua, para el presidente, y para el pueblo también», declaró Daniel Ellis, un estudiante de arquitectura de 19 años de edad y de la Costa Caribe, al posar frente a otro monumento oficial alabando el proyecto del canal.

En junio, luego de tres días de debate, la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, aprobó el otorgamiento de la concesión a Wang Jing, un empresario chino con sede en Beijing, para construir un canal que supera tres veces el tamaño del Canal de Panamá, además de proyectos libres de impuestos, incluyendo puertos en las costas Pacífica y Caribe de Nicaragua, un oleoducto que atraviese el país, una vía ferroviaria para transportar carga, dos zonas de libre comercio y un aeropuerto internacional.

Según el acuerdo, Nicaragua recibirá 10 millones de dólares cada año por 10 años y gradualmente recibirá la soberanía del proyecto, obteniendo el 100% después de un siglo. Pero los pagos y el traspaso sólo pueden comenzar cuando el canal comience a operar. Bajo el acuerdo, Wang puede incluso dejar de construirlo.

Los críticos temen que esto dejará a Wang con una serie de negocios lucrativos libres de impuestos, y a Nicaragua sin garantías de que el canal se construirá y de que obtendrá las ganancias relacionadas.

«Esta es una asombrosa entrega», opina Noel Maurer, un profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Harvard y un experto en temas relacionados con el desarrollo de Latinoamérica. «Es como si alguien dijera, toma todos estos privilegios y vete a construir algo».

En su opinión, «este es peor que el acuerdo del Canal de Panamá original, que de por sí no era un buen acuerdo y no era un acuerdo que Panamá firmó voluntariamente».

Manuel Coronel Kautz, un dirigente sandinista que administra la Autoridad Interoceánica, dijo que «el grado de confianza está dado por un interés de la nación de Nicaragua de ampliar las posibilidades de desarrollo y de abrir una enorme cantidad de fuentes de trabajo para un país empobrecido».

Bill Wild, principal asesor del proyecto, dice que Wang está desembolsando una gran cantidad de sus propios fondos para enviar a docenas de expertos chinos, nicaragüenses y occidentales por todo el país para realizar estudios geológicos y ambientales sobre el impacto que tendrá el proyecto, y que los estudios estarán listos en los próximos meses.

«El no viene simplemente para realizar estos subproyectos», indica Wild. «El canal es su visión, no cabe duda de ello si uno habla con él».

Wild añadió que la concesión fue otorgada de buena fe para compensar a Wang por el riesgo financiero que está asumiendo.

«Para ese tipo de riesgo uno espera un resultado, un buen resultado», expresó Wild. «La ventaja para Nicaragua, en mi opinión, son los beneficios económicos y los beneficios sociales provenientes de la existencia del acuerdo».

El acuerdo le concede el derecho a Wang a solicitarle al Estado la confiscación de tierras que sean necesarias para la construcción. Wang tendría que pagar a los propietarios una compensación según valoración de la propiedad, pero gran parte de las propiedades fuera de la capital no han sido valoradas oficialmente, por lo que muchos empresarios temen que se les quitarán propiedades a precios ínfimos.

Nicaragua tendría que compensar a Wang por cualquier modificación a las leyes que obliguen a postergar la construcción del canal o que le lleven a perder dinero. La compensación podría venir de las arcas públicas, inclusive de las reservas del Banco Central, bajo una exención de la inmunidad soberana de Nicaragua.

Muchos expertos legales y ambientalistas sostienen que el acuerdo para el canal viola la soberanía nacional y podría causar graves daños ambientales en esta nación de lagos, volcanes y densas selvas tropicales, al interrumpir el flujo de los ríos, alterando ecosistemas y moviendo grandes montañas de tierra.

«Prácticamente es una zona de cesión total, una entrega de todo el territorio, tanto agua, aire, tierra, y sin estudios previos», agregó Luis Callejas, un legislador opositor que fue invitado en octubre a ir a China, en un viaje patrocinado por Wang, junto con prominentes políticos y empresarios de Nicaragua.

Tras anunciar que le entregaría a Wang una carta denunciando el secretismo y las violaciones constitucionales que conlleva el proyecto del canal, Callejas no recibió la prometida visa para ir a China y el grupo se fue sin él. Una legisladora sandinista que se abstuvo de votar a favor del proyecto fue expulsada pocos días después de la delegación legislativa de su partido.

Wild afirmó que el proyecto beneficiará al medio ambiente de Nicaragua en gran parte porque se requerirá una reforestación a gran escala para garantizar el paso de agua hacia el canal.

«Lo que vamos a hacer será absolutamente positivo para el medio ambiente», declaró.

Aun así, ambientalistas, académicos y organizaciones no gubernamentales han presentado docenas de recursos judiciales denunciando la inconstitucionalidad del acuerdo. Estiman que la Corte Suprema, dominada por los aliados de los sandinistas, desestimarán los casos en las próximas semanas o meses, allanando el camino para un proyecto que algunos consideran no es más que un intento por impulsar la imagen de Ortega con miras a las elecciones presidenciales del 2016.

El mes pasado los sandinistas propusieron una serie de reformas constitucionales que permitirán a Ortega postularse a la reelección indefinidamente. Las reformas, aprobadas el martes en una primera de dos votaciones, además consagrarían en la Constitución las normas para la construcción del canal.

«Esto no es en sí un proyecto de nación, sino un proyecto político personal-familiar de continuidad en el poder de parte del presidente Ortega y a través de un megaproyecto generador de ilusiones rentistas en la población», dijo Manuel Ortega Hegg, un profesor de sociología en la Universidad Centroamericana, en la capital.

Algunos críticos dicen que incluso desde el punto de vista comercial, no tiene sentido construir un segundo canal en Centroamérica, especialmente ahora que hay planes masivos de ampliar el Canal de Panamá para más que duplicar el número de buques que lo atraviesan.

Wang y otros partidarios del canal nicaragüense insisten en que hay demanda para un segundo canal que pueda abarcar a buques más anchos. Pero varios expertos estiman que el nuevo canal, que conlleva un costo de 40 mil millones de dólares, tendría que generar ingresos por el orden de los 1 mil millones de dólares anuales para ser rentable, es decir, que tendría que arrancar manejando la mitad del tráfico que ahora maneja el Canal de Panamá.

Y se calcula que los costos de la construcción sólo aumentarán. César Zamora, ejecutivo de una empresa eléctrica que viajó a China en octubre, expresó que la empresa de Wang Jing le informó a su empresa en enero que el costo estimado ha aumentado a 50 mil millones de dólares debido a gastos de protección ambiental que no fueron detallados.

«Lo que está haciendo Daniel Ortega es venderle sueños a los nicaragüenses», declaró Francisco Aguirre Sacasa, quien fue embajador nicaragüense en Washington y ministro de relaciones exteriores antes del regreso al poder de Ortega en el 2011. «Me encantaría que Nicaragua tenga un canal, pero simplemente no lo veo posible por ahora».

Desde hace tiempo Nicaragua era considerada un buen candidato para construir un canal interoceánico, y Estados Unidos incluso la consideró antes de decidir hacerlo por Panamá. Desde entonces, Nicaragua ha contemplado con envidia cómo el canal panameño ha impulsado un enorme crecimiento en ese país, mientras Nicaragua sigue sumida en 40% de pobreza entre sus 6 millones de habitantes.

Los asesores de Ortega estiman que la construcción del canal podría comenzar el próximo año y que tomará cinco o seis años completarlo. Dicen que el proyecto podría más que triplicar el crecimiento económico nicaragüense, actualmente de 5%, para el 2015, y duplicar su producto interno bruto, ahora de 10 mil millones de dólares, para el 2018.

Los partidarios del proyecto dicen que las quejas sobre las condiciones de la concesión se deben únicamente a la oposición a Ortega, quien ha tratado de atraer la inversión extranjera a pesar de su ideología izquierdista. Esos intentos han cobrado cierta urgencia ante la disminución de la ayuda de Venezuela, que ahora enfrenta sus propios problemas económicos.

«Este es un proyecto que tiene siglos esperando y es por eso que estamos interesados en que se haga lo más pronto, por eso es la celeridad», es la posición Edwin Castro, el líder de los diputados oficialistas que aprobaron la concesión. «No existe inconstitucionalidad, lo que existen son ataques políticos de los que no quieren que Nicaragua avance, que salga de la pobreza», agregó Castro.

La iniciativa anterior de Wang, la compañía de telecomunicaciones Xinwei, dice que ha orquestado acuerdos con valor de más de 5 mil millones de dólares en los últimos tres años, pero una investigación de la AP halló que las promesas de Xinwei de construir nuevas redes de telecomunicaciones aún no se han cumplido, y que acuerdos con socios locales han sido postergados o deficientes.

Wang, quien la semana pasada anunció que dirigirá una empresa conjunta por 3 mil millones de dólares para construir un puerto de aguas profundas y remodelar el puerto de Sevastopol en Ucrania, informó a la AP que está orgulloso de su trayectoria y que sus planes de recabar 8 mil millones de dólares antes de fines de año, para la primera fase del financiamiento del canal, están marchando «fluidamente».

Para muchos en Nicaragua, desde empresarios acaudalados a obreros pobres, las críticas al canal tienen poca importancia, pues justifican el gasto si trae fuentes de empleo.

Pero perduran las inquietudes en el caserío de La Virgen, a orillas del Lago Nicaragua y cerca del río Lajas, unas dos horas viajando al sur de la capital. Según los mapas, por ese lugar pasarían los buques en el canal.

El caserío está a unos 0.8 kilómetros (media milla) de la boca del río, una bahía arenosa donde cientos de garzas se bañan y se solean en medio de un silencio interrumpido sólo por el rugido de las olas sobre la orilla y el murmullo de los árboles al viento.

Una tarde reciente, Rodolfo Molina, un mecánico retirado de 81 años de edad, secaba arroz para almacenarlo, barriéndolo hacia un saco plástico frente a su vivienda, en la que ha vivido por 40 años. Comentó que está casi seguro que tanto él como sus vecinos serán obligados a mudarse si se construye el canal.

«El canal le va a cambiar el rostro a mi país, a mi Nicaragua pobre que tanto ha sufrido, Dios quiera que así sea», expresó Geomara Alvarez, 27 años, vendedora de accesorios para celulares del Mercado Roberto Huembes.