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El presidente Porfirio Lobo dijo que junto con el presidente electo Juan Orlando Hernández, tomó la decisión de despedir al general Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, así como a la jefatura del ejército.

Fue un movimiento del que se hablaba desde hace días y que forma parte del proceso de transición y entrega del poder al presidente que emergió de las elecciones del 24 de noviembre.

«Estos cambios han sido hechos en consulta con el presidente electo Juan Orlando Hernández», dijo Lobo en rueda de prensa. El mandatario habló acompañado por Hernández, y los ministros de Seguridad, Arturo Corrales, y Defensa, Marlon Pascua.

Luego de cuatro años de gestión, Lobo entregará el poder a Hernández el próximo 27 de enero.

Hernández dijo que «en la medida en que estos cambios se producen ahora, nosotros podemos hacer la planificación para entrar en una etapa de victorias para el pueblo a partir del 27 de enero».

Hernández, quien ha sido muy crítico con la policía y su fallido proceso de depuración —impulsado desde hace un año y medio y que no ha dado resultados— es el principal impulsor de una Policía Militar que comenzó a desplegarse en las calles el 3 de octubre con el objetivo de luchar contra la inseguridad en el país.

En marzo, el subsecretario adjunto para lucha antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, declaró que su país apoyaba a la policía hondureña, pero que ignoraba a su director y a su cúpula de mando por señalamientos de que violaba los derechos humanos.

El mandato de Bonilla como director de la policía de Honduras estuvo rodeado de polémica desde el mismo día en que fue nombrado.

Bonilla fue encausado en 2002 por violar los derechos humanos, pero los tribunales lo declararon inocente y la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo en 2009. Aun así, nunca desaparecieron las acusaciones en su contra por su pasado y por su supuesta conexión con escuadrones de la muerte en la policía de Honduras.

Bonilla «era el único oficial de alto rango sin vínculos conocidos con el crimen organizado», dijo Arabeska Sánchez, investigadora del Instituto Universitario de Paz y Seguridad que, como profesora de la Academia de Policía, le ha dado clases a Bonilla. «Se mantiene bajo sospecha porque es imposible saber si ha estado implicado en políticas de estado de violación de los derechos humanos, que es evidente que han sucedido cerca de él».

Durante una entrevista con la AP en octubre, el general Bonilla negó todas las acusaciones contra él y reconoció que no estaba en sus planes continuar siendo el director general de la policía con el nuevo gobierno. Mostró su deseo de ser destinado a algún puesto en una representación diplomática de Honduras en el extranjero.

El Congreso de Estados Unidos no permite la entrega de fondos a personas o instituciones acusadas de violar los derechos humanos.

Lobo también designó como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas al general Fredy Díaz, en lugar de René Osorio.

Lobo ratificó solamente a Félix Villanueva como subdirector general de la policía.

El mandatario también reemplazó a los principales jefes de la policía y las fuerzas armadas.

Estados Unidos presupuestó 85 millones de dólares en 2012 para Honduras, considerado por las Naciones Unidas como el país sin conflicto bélico con la tasa de homicidios más alta del mundo. Esa tasa fue en el 2012 de 85,5 por cada 100 mil habitantes.

«Estamos dispuestos a establecer una comunicación, importante y necesaria, con el ciudadano para que él nos ayude a nosotros y para ayudarle nosotros en sus problemas sociales y en sus necesidades de seguridad ciudadana», dijo el comisionado Ramón Sabillón, que sustituye al general Bonilla como director general de la policía.

Sabillón, que ostenta el máximo cargo por escalafón al que se puede acceder en la policía hondureña, comisionado, y pertenece a una promoción anterior a la del general Bonilla, ha desempeñado el cargo de inspector general de la policía y enlace directo con el ministro de Seguridad Arturo Corrales desde que asumiera el puesto en mayo.

El comisionado Sabillón, a diferencia de sus antecesores inmediatos, los generales Bonilla y Ramírez del Cid, no se ha visto envuelto en ninguna acusación de violaciones a los derechos humanos o malas prácticas.