El presidente Otto Pérez Molina acertadamente ha decidido no solicitar una cuarta prórroga del acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, llamada “CICIG”. Ese acuerdo fue celebrado el 12 de diciembre del año 2006, por el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas. El Congreso de la República lo ratificó el 1 de agosto del año 2007.
El presidente Pérez Molina declaró que un motivo por el cual no se solicitará una cuarta prórroga es que los países que donan dinero para financiar la CICIG no están dispuestos a proseguir con ese financiamiento. Tampoco la Organización de Naciones Unidas tiene esa disposición. Empero, el motivo más importante ha sido aducido por el mismo presidente Pérez Molina: “No tenemos que seguir dependiendo de organismos internacionales… Tenemos que hacer nuestros propios esfuerzos”. Interpreto su atinada declaración, así: no habría que solicitar una nueva prórroga aunque hubiese infinita cantidad de dinero para mantener eternamente a la CICIG.
Pueden ser planteados varios problemas sobre la CICIG. Por ejemplo, ¿es legal? Y aunque sea legal o no lo sea, ¿ha sido eficaz? Y aunque haya sido eficaz o no lo haya sido, ¿cuál ha sido su impacto en el Estado de Guatemala? Opino que es ilegal, y que ha sido ineficaz; y que su impacto ha sido catastrófico, hasta un grado tal, que tendría que denominarse “Comisión Internacional para la Maldición Nacional”.
El impacto de la CICIG ha sido catastrófico porque ella ha suscitado la delirante esperanza de que, en nuestro país, una institución internacional con poder extraordinario puede combatir la criminalidad, y reducir la impunidad y mejorar la administración oficial de justicia. O el impacto ha sido catastrófico porque ha incitado a tener la absurda creencia en que solo un poder internacional puede lograr aquello que el Estado de Guatemala jamás podría lograr él mismo.
El impacto de la CICIG ha sido catastrófico porque ella ha propiciado un relajamiento suicida de las instituciones del Estado a las cuales compete la seguridad pública, la investigación criminal y la persecución penal pública. Por ejemplo, una vez el presidente Álvaro Colom Caballeros declaró que, gracias a esa comisión, “dormía tranquilo”. Fue una declaración de aquel a quien competía, en calidad de Presidente de la República, procurar seguridad pública, y para tal finalidad, comandar todas las fuerzas de seguridad del Estado.
El impacto de la CICIG ha sido catastrófico porque ella ha creado, en los jueces, un interés por dictar veredictos que la complazcan; y los dictan con el fin de que esa comisión no pueda impugnarlos y hasta acusarlos de cooperar con organizaciones criminales. Puede afirmarse que esa misma comisión ha introducido una novedosa modalidad de corrupción de la administración oficial de justicia.
El impacto de la CICIG ha sido catastrófico porque ella ha influido en ocultar los problemas jurídicos que dificultan y hasta impiden que el Estado de Guatemala progrese en el combate de la criminalidad, y en la reducción de la impunidad. O ha influido en ocultar los problemas jurídicos que dificultan y hasta impiden progresar hacia una sensata administración oficial de justicia.
En suma: la CICIG le ha provocado al Estado de Guatemala un daño tan grande como el ilícito poder del cual ha sido dotada. La Organización de Naciones Unidas le brindaría un extraordinario beneficio a Guatemala, si antes de que esa comisión se extinga, en septiembre del año 2015, la extingue ahora mismo.
Post scriptum. Agrégase a la intrínseca ilegalidad, a la demostrada ineficacia y al catastrófico impacto de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la ineptitud de sus jefes anteriores, Carlos Castresana y Francisco Dall’Anese, y la ya prometida ineptitud de su nuevo jefe, Iván Velásquez.