Dos años después de la “explosión” del caso Bancafe International Bank (BIB), los directivos de esa entidad se encuentran recluidos en el sector 12 del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18 y 3 mil 336 cuentahabientes afectados por la estafa millonaria ven delante de sí la expectativa de justicia sobre un suceso que un día les paralizó el futuro y les robó la esperanza.

Siete años han pasado desde la mañana que provocó pánico, frustración e impunidad a los cuentahabientes de Banco del Café, Sociedad Anónima (Bancafé) y por eso el anuncio de la suspensión de operaciones de la desaparecida entidad bancaria sigue latente en la memoria de miles de guatemaltecos.

El 25 de abril del año 2009, Price Waterhouse Coopers, E.C. INC (PWC), nombrada como custodio de Bancafe International Bank (BIB), presentó la denuncia que desencadenó el gran estallido.

Pero hasta hace solo dos años detonó el proceso penal; la tarde del 16 de diciembre del año 2011, se hicieron efectivas las primeras órdenes de captura contra exaccionistas y exdirectivos de BIB, Bancafé y Grupo Financiero del País, y en un día después, quienes una vez controlaron el dinero de miles de guatemaltecos, amanecieron en la carceleta de la Torre de Tribunales.

Desde ese primer paso en la justicia, y entre amparos y acciones judiciales, la Unidad contra el Robo de Bancos del Ministerio Público (MP) logró presentar la acusación formal contra 14 exdirectivos de Bancafé.

Ahora la Fiscalía trata que el caso llegue a una etapa intermedia, para pedir ante un juez que algunos de los señalados sean enviados a juicio por los delitos de caso especial de estafa, intermediación financiera, lavado de dinero y otros activos, conspiración y obstrucción a la justicia.

Por diferentes motivos, la audiencia de apertura a juicio se ha suspendido en más de tres ocasiones. Ayer, en el Juzgado Décimo del Ramo Penal se realizaría esta diligencia, pero fue reprogramada para el 3 de marzo del año 2014.

Cuando el MP presentó dicha documentación, Ángel Castro, ex cuentahabiente de Bancafé que se ha constituido como querellante adhesivo en representación de más de 300 víctimas, pronosticó la situación actual de este caso.

“Ahora viene la parte más dura de todo lo que hemos hecho”, fueron sus palabras, pero desde que inició, el proceso se ha caracterizado por salir una y otra vez de impasse.

Rodrigo Callejas, abogado de la firma Carrillo & Asociados, bufete encargado de representar a PWC, considera que ante todas las irregularidades cometidas por los accionistas de Bancafé, para supuestamente desviar el dinero de los cuentahabientes durante diez años, es previsible que tengan también todos los instrumentos para dejar este caso en la impunidad.

“Eso es lo que ellos esperan, lo que buscan, y lo que consideran que tienen asegurado”, refiere el profesional, al hablar del impasse en que se encuentra el proceso.

Para explicar el retraso del caso no basta con contabilizar la cantidad de amparos y recursos judiciales que no han sido resueltos, sino también hablar de cómo se fraguó la estafa y de cómo se ocultaron los problemas financieros que llevaron el caso a un complejo proceso penal.

AÑOS DE IRREGULARIDADES

El 24 de febrero del año 1978, Banco del Café abrió sus puertas, y en poco tiempo inició su expansión y se conformó el Grupo Financiero del País. Preparó entonces la construcción de una imagen sólida, de una reputación que llevó a la entidad a convertirse en un banco que respondía a las necesidades de los guatemaltecos que hasta ese momento no habían sido atendidas por el sistema bancario.

Pero a la vez Bancafé fue construyendo estructuras que le permitieron actuar fuera de la supervisión de las autoridades, y que le facilitaron actuar libre e ilegalmente con el dinero de los depositantes. (Ver recuadro: ESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA ENGAÑAR)

En el año 1994 fue constituida Vipasa International Investment Corp, y no estaba autorizada para intermediación financiera en Guatemala; Eduardo Manuel González Rivera, figuró como miembro de esa entidad, mientras que en 1995 se constituyó Bancafe International Bank (BIB), una offshore ubicada en Barbados.

Dentro de los accionistas en la última entidad estaba González Rivera, Miguel Enrique Sosa Sotomayor e Ingo Heinrich Haberland Haesloop.

En 1996 se abrió la cuenta de Vipasa International en la corredora estadounidense Refco Capital Markets, y como presidente de la cuenta se inscribió a González Rivera. Más adelante dicha cuenta serviría para ocultar la realidad del banco.

Los accionistas tenían separado a Vipasa de BIB, pero en un documento se reconoce la relación de ambas entidades, como se observa en extractos de notas de los Estados Financieros Combinados hechos por la firma de autoría KPMG, de fecha 31 de diciembre del 1999.

Un año después Vipasa estaba en una situación de insolvencia y reconocía pérdidas del ejercicio contable del año 2000 por US$7 mil millones y un sobregiro de capital contable por US$5.8 mil millones.

En el 2002 el Banco Central de Barbados observa la relación entre BIB y Vipasa, cuestionando un pagaré por US$ 94 mil millones y envía una carta al gerente general del banco, el 29 de julio de ese año.

Entonces se traza un plan para ocultar a Vipasa y hacer creer que BIB tenía bonos; además, el 9 de junio del año 2003 la Superintendencia de Bancos notificó a Juan Eladio Campos Moraga, representante con mandato especial de la entidad fuera de plaza, que en una auditoría realizada se estableció que ésta no contaba con suficientes reservas de valuación para cubrir el riesgo de recuperación.

Para el año 2003 Bancafé ya tenía un problema de US$ 150 mil millones de pérdidas, y utilizó a Refco para encubrir la dificultad; por otro lado los accionistas buscaban la forma de hacer desparecer a Vipasa de los estados financieros.

Entonces, Refco otorgó un financiamiento de US$150 mil millones a Vipasa, y esta entidad acepta financiamiento con garantía de Bonos en Cuenta de BIB.

Cuando ya se sospechaba de la situación del banco por la quiebra de Refco, Bancafé, Grupo Financiero del País publicó un campo pagado el 23 de octubre del 2005, donde decía que BIB poseía inversiones principalmente en bonos de agencias garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y en emisiones de bonos de la República de Guatemala.

“En consecuencia, Bancafé, Grupo Financiero del País, garantiza a todos sus clientes que sus depósitos, inversiones y operaciones financieras siguen siendo manejadas con responsabilidad”, citaba la publicación.

Casi un año después y diez años luego de que se creara Vipasa, Bancafé, una entidad bancaria que aún permanece en el recuerdo de cientos de guatemaltecos como aquella entidad que era estable, y que aún aparece como patrocinador en camisolas viejas de un equipo de futbol, anunció la suspensión de las operaciones.

Una de las conclusiones de las investigaciones es que Bancafé, BIB y Vipasa formaron parte de una estructura creada para captar dólares ilegalmente, para trasladarlos y adoptando riesgos que los llevaron a una situación de insolvencia.
 
LLEGAREMOS A CONDENA

Saúl Sánchez, fiscal a cargo del caso Bancafé, informó que como parte de las investigaciones por el cierre de la entidad bancaria y la estafa sufrida por los cuentahabientes, el MP ha realizado más de cinco mil diligencias de investigación.

Las indagaciones se han efectuado en Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Barbados e Islas Caimán.

Sin embargo, este caso parece ser incluso más grande que la misma capacidad del sistema de justicia guatemalteco. De acuerdo con Sánchez, el sistema no tiene los mismos elementos para cubrir las necesidades de justicia, en referencia a jueces, y fiscales.

Es la misma deficiencia del sistema que impide que los procesos avancen como se quisiera, señaló el Fiscal. Por otro lado, indicó que los recursos planteados por los sindicados también han provocado que la causa salga y entre en impasse, implicando que no haya avances importantes.

En ese sentido dijo que han sido planteadas al menos cuatro recusaciones contra el juez Walter Villatoro, y alrededor de 30 acciones de amparo interpuestas por los sindicados dentro del proceso penal. La mayoría, indicó Sánchez, los ha ganado la Fiscalía jurídicamente.

Y aunque el caso se ha salido una y otra vez de impasse, ¿qué espera la Fiscalía del proceso? Una sentencia condenatoria y la reparación digna para las víctimas, para la cual se tienen 60 bienes inmuebles embargados, que en conjunto tienen un valor de Q250 millones. Además de esto existen cuentas bancarias congeladas por Q32 millones.

“Va a haber una sentencia para los responsables, y una reparación por un monto aproximado de Q400 millones”, acotó y agregó que el MP cuenta con suficientes elementos para llegar a una condena.

“Hay más de 500 declaraciones, 70 mil documentos, dictámenes, peritajes especiales, auditorías, información testimonial internacional; hay un vasto monto de pruebas donde se evidencia claramente que pasó algo, es un hecho notorio, con pruebas”, enfatizó.

EXPECTATIVA

Castro, empresario y representante de las víctimas, recordó que el caso se estancó en febrero del 2012, cuando la defensa de los señalados recusó al juez Walter Villatoro, argumentando que emitió opinión del caso. A partir de eso intentaron separarlo en cuatro ocasiones, hasta que el juzgador dejó el caso porque lo enviaron a San Marcos, para formar parte de una Sala de Apelaciones.

Sin embargo, guarda grandes expectativas en la audiencia a desarrollarse en marzo del 2014, y considera que los señalados serán enviados a juicio.

También se refirió a las investigaciones que el MP realiza por la presunta responsabilidad de la SIB en la supervisión del caso, y considera que el año 2014 podría arrancar con noticias en este sentido.

“Ese es el gran trabajo que tenemos que realizar, y estoy seguro que el otro año van a haber varias acciones de parte del MP encaminadas hacia esta institución; desde un principio salió a flote el grado de participación por acción u omisión de la Superintendencia de Bancos, y yo estoy seguro de que el MP va a tener resultados en las investigaciones porque tiene pruebas contundentes”, concluyó.

En el caos de las grandes pérdidas y el ocultamiento de una situación que llevó al colapso a Bancafé, el banco apoyó su reputación tan bien construida, en accionistas, directivos y altos ejecutivos ubicados como piezas de ajedrez en entidades que permitieron ocultar las acciones ilegales. ¿Podrá el sistema de justicia sortear las estrategias que una vez fueron utilizadas para buscar dejar la situación en impunidad?