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En apenas tres días, 17 de las 31 legislaturas estatales necesarias aprobaron hasta el lunes la reforma que el Congreso federal avaló la semana pasada. En algunos estados, el voto a favor se dio incluso después de un breve o ningún debate.

El aval de los congresos locales era necesario debido a que se trata de una modificación a la constitución, la cual prohibía que la iniciativa privada realizara exploración y producción de crudo.

El oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto, confiaba en su dominio en la mayoría de los Congresos estatales para que avanzara la reforma a pesar de algunas protestas, sobre todo de grupos de la izquierda.

El PRI gobernó en una primera etapa de 1929 al 2000 en una época en la que en los estados, incluidas las legislaturas, se daba un apoyo prácticamente a ciegas al partido. Y aunque México se ha transformado desde entonces más en una democracia, algunos vieron como una vuelta al pasado la manera en que se aprobó la reforma energética a nivel estatal.

«Pareciera que el frente del país no ha pasado nada y las viejas prácticas, los viejos estilos del priismo más autoritario, afloran», dijo Carlos Navarrete, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se opone a la reforma.

«En un procedimiento que no honra a ninguno de los partidos que lo hicieron, obligaron a los congresos locales a sesionar en 72 horas… simplemente como un trámite más», añadió.

Sin embargo, Peña Nieto dijo desde Turquía donde realiza una visita oficial que la rápida aprobación de la reforma muestra «el amplio consenso que hay en el país» y que la velocidad también se explica porque han sido varios meses de un debate público sobre el tema.

Pero la reforma, tal y como quedó, fue divulgada apenas hace poco más de una semana. Las primeras versiones eran mucho más débiles comparada con la que finalmente se aprobó.

La reforma permitirá al gobierno dar contratos y licencias a empresas nacionales y extranjeras para que participen en la exploración y producción de petróleo y gas, algo que hasta ahora era monopolio de la compañía estatal Pemex.

Las modificaciones tocan fibras sensibles en un país que en las últimas décadas ha visto al petróleo como un símbolo de soberanía y nacionalismo, desde que esa industria fue nacionalizada en 1938.

La izquierda intentó bloquear los debates en el Congreso federal, pero se vieron superados por legisladores oficialistas y conservadores del Partido Acción Nacional (PAN).

Para algunos analistas, la izquierda se dañó a sí misma al salirse del llamado Pacto por México, un acuerdo político entre los tres principales partidos que les había permitido discutir los términos de varias de las reformas que antes de la energética se presentaron y aprobaron.

«Si el PRD se hubiera quedado allí, el PAN habría quedado marginado y la reforma habría sido menos audaz de lo que fue», dijo Rubén Aguilar, quien fue vocero del ex presidente Vicente Fox, el primer mandatario emanado de la oposición y militante de Acción Nacional.

El PAN buscó hacer cambios similares en materia energética durante los dos periodos que estuvo en la presidencia (de 2000 a 2012), aunque el partido no tuvo el respaldo de otros grupos políticos para sacar adelante la reforma.

Ahora, la comisión permanente del Congreso federal -el órgano que sesiona mientras las cámaras de diputados y senadores están en receso- debe certificar el avance de la reforma y enviarla al Ejecutivo para su publicación y promulgación.

Peña Nieto dijo que cuando vuelva de Turquía hará la promulgación.

Con la reforma, Pemex será un competidor más en el sector, aunque aún falta que se modifiquen leyes secundarias en las que se detallen cómo podrán participar empresas privadas nacionales y extranjeras.