En los días pasados, la vicepresidenta Roxanna Baldetti declaró que la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ya no tendría tiempo para realizar nuevas investigaciones y que solo debía limitarse a trasladar sus experiencias y funciones a las autoridades guatemaltecas.

Si algún fenómeno logró la CICIG fue la unión de muchos grupos o personas que en algún momento pudieron ser enemigos y hasta competidores, para cerrar filas en contra del ente internacional y con ello, actuaron como uno solo porque vieron en la aniquilación de cualquier esfuerzo, la meta a lograr.

Y lo anterior es importante traerlo a colación porque ello hace que las declaraciones de Baldetti nos merezcan especial atención. Rápidamente tuvo que salir al paso el comisionado Iván Velásquez ratificando que siendo todo un proceso, no habrá problema alguno con traspasar los casos que se inicien al Ministerio Público en caso el mandato de la CICIG no sea renovado.

Las palabras de Baldetti se dan justamente cuando el colombiano Velásquez anuncia que emprenderá acciones para investigar el financiamiento de los partidos políticos y sorprenden las declaraciones porque quien nada debe nada debería temer. Lo que sucede es que el financiamiento de los partidos políticos (de todos sin excepción), además de ser la primera piedra del secuestro de la democracia, es una fuente inmejorable de riqueza y obtención de fortuna, tanto para quienes reciben como quienes aportan.

Al Gobierno no le sentó bien el informe de Transparencia Internacional, porque según ellos, la ausencia de casos judiciales hace ver que en el país no hay tanta corrupción, pero la realidad es que la misma no deja huella y es sumamente difícil (aunque no imposible) de probar, sobre todo porque se usan entidades fuera de plaza para recibir las mordidas o, como en el caso de los diputados, efectivo que fácil se guarda bajo el colchón. Si ese fuera el parámetro, es decir, las causas judiciales, los Colom fueron honradísimos y los gobernantes actuales deberían de disculparse porque durante la campaña los trataron de corruptos para arriba.

 Deja un mal sabor que nuestra misma Vicepresidenta, la que juró ser un paladín en contra de la corrupción y bajo cuya dirección está la Secretaría de Transparencia, se desenmascare para ponerle trabas a una comisión que hace un papel que los guatemaltecos no hemos querido hacer por indiferencia o complicidad; del éxito de la comisión en buena parte depende el futuro de nosotros como una nación que privilegia el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Los políticos y los financistas tiemblan porque saben que si se llega a enfrentar ese modelo del financiamiento electoral, buena parte de sus cuotas de poder, tráfico de influencias y fuentes de negocios se ponen al descubierto y ponen en riesgo “la inversión”.

Algo más que logró evidenciar la CICIG y que se ha ido ratificando en la medida que la justicia tiene algún avance, es el hecho que las personas que históricamente han permanecido en el anonimato, que son el poder tras el trono, ahora sacan sus garras, dejan de esconderse para luchar abiertamente en contra de cualquier esfuerzo o mecanismo de control. Entendiendo eso, no deja de llamar la atención que para el tema del financiamiento electoral, la que haya ejercido de vocera sea la segunda más alta autoridad del Ejecutivo.

¿Habrá sido un error de cálculo político o un mensaje bien enviado a la Comisión y a cualquiera que intente combatir la corrupción que genera el financiamiento electoral, en el sentido que será ella quien lidere (por todos los políticos y financistas) la lucha en contra de los que traten de meter sus narices en donde no les importa?

El tiempo lo dirá.