Unas 300 personas ex trabajadoras de la municipalidad presentarán un antejuicio en la Corte de Constitucionalidad, en contra del alcalde ílvaro Arzú, pues aseguran que en el año 2001 fueron despedidas de forma injustificada.
La afectada Imelda Castellanos aseguró que la obligaron a firmar algunos documentos en los que aceptaba su destitución, aun cuando ella estaba en desacuerdo. Por tal razón iniciaron un proceso legal en el Juzgado de Trabajo y Previsión Social, el cual ordenó el 6 de julio que les cancelarán sus prestaciones, pero hasta el momento no han recibido respuesta.