Tras los incidentes del fin de semana en la planta de la empresa Jaguar Energy, donde agentes de una Policía privada intervinieron en un conflicto empresarial con lujo de fuerza y violencia, es bueno que nos preguntemos si esa ilusión que tiene el Gobierno de que somos un país atractivo para inversionistas se puede concretar en el marco de una realidad en la que se evidencia que aquí no hay más ley que la del más fuerte y que cualquiera puede hacer uso de los recursos de la fuerza, al margen del poder coercitivo del Estado, para imponer o proteger sus supuestos o reales derechos.

En cualquier país civilizado, una disputa empresarial por el adeudo de varios millones de dólares se resuelve por medio de un litigio en los tribunales y, en caso de que exista una ocupación ilegal de alguna planta, se tramita la orden de desalojo con apego a la ley para que sea ejecutada por las autoridades de Policía.
 
 En Guatemala no es primer caso en el que una empresa abusivamente contrata elementos privados de seguridad para, literalmente, echarle reata a particulares que de alguna manera les afectan, lo que demuestra nuestra ausencia absoluta de legalidad, lo que hace que los conflictos se enfrenten a puro golpe, cuando no a balazos como ya ocurrió en una de las empresas mineras donde se dio la orden, a agentes privados, de matar a esos perros, refiriéndose a los pobladores que protestan contra el proyecto.
 
 Simple y sencillamente no es admisible el uso de policías privados en un conflicto de esta naturaleza porque no está dentro de sus facultades ni potestades la de apalear a ciudadanos como les venga en gana. El Estado tiene que rescatar, aunque sea para lavarse la cara, su autoridad sancionando severamente el abuso de los ejecutivos que ordenaron contratar a los agentes privados.
 
 Suficiente evidencia de nuestra ausencia de Estado de Derecho es que el contrato entre la empresa constructora de la planta generadora de energía y los contratistas a cargo del proyecto establezca que cualquier controversia se dirimirá en tribunales extranjeros. Pero el colmo es que para lograr un desalojo no se recurra a la autoridad judicial del país sino que se contrate a policías privados para que, como se hizo también en un ingenio ubicado en el norte del país, desalojen con lujo de fuerza a quienes se encuentran en las instalaciones. Ningún país del mundo puede tolerar esas actuaciones y menos uno que pretende pintarse como lugar atractivo para la inversión extranjera. Reiteramos que el atractivo es para inversionistas piratas a los que la ley y el Derecho les vienen del norte. Para ellos, éste sí es un paraíso.

Minutero:
Tal vez le nombraron Jaguar 
por la jungla en que vivimos 
en la que pueden llegar 
a los extremos que vimos