Daniel Ortega luchó contra la reelección presidencial ilimitada en su juventud, cuando el país era gobernado por la dictadura de los Somoza. Hoy, sin embargo, pide el derecho a ser reelegido presidente todas las veces que quiera.

Ortega, de 68 años, quien volvió a la Presidencia en 2006 tras haber perdido tres elecciones consecutivas, sorprendió al país a inicios de noviembre cuando el Frente Sandinista propuso ante la Asamblea Nacional una serie de reformas constitucionales que allanarían el camino a una reelección sin límites.

El oficialismo dice que la intención es fortalecer la «democracia directa», pero la oposición dice que las reformas buscan la estadía por tiempo indefinido de Ortega en el poder.

«Aquí lo que está a la vista es la legalización de un modelo de corte autoritario que tiene como punta de lanza la entronización perpetua del presidente Ortega con la reelección indefinida», dijo el jurista, filósofo y catedrático Alejandro Serrano Caldera.

La reforma elimina las restricciones a la reelección presidencial que prevé la Constitución, al tiempo que establece que el ganador de los comicios será el candidato que obtenga más votos y no quien alcance, como mínimo, el 35% de los sufragios totales y obtenga además una ventaja del 5% de los votos de diferencia con el segundo como está previsto ahora.

También le da rango de ley a los decretos que el presidente emita sobre temas administrativos, lo que hasta ahora sólo puede hacer la Asamblea Nacional y busca que los militares activos ejerzan cargos públicos sin tener que renunciar a sus funciones castrenses.

La reforma debe ser aprobada por la Asamblea Nacional en dos votaciones a realizarse en años distintos.

La primera votación se hará el martes y la segunda en enero o febrero de 2014. La votación aparentemente es un trámite porque requiere 60 votos para su aprobación y el Frente Sandinista tiene 63 de los 92 diputados de Asamblea Nacional. Se espera que todos voten por la reforma.

Así, Ortega sigue los pasos de otros gobernantes latinoamericanos que promovieron con éxito reformas para ser reelegidos como Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Álvaro Uribe en Colombia o Evo Morales en Bolivia.

Ortega ha cultivado una buena relación con algunos de sus opositores de la iglesia Católica, como el cardenal emérito Miguel Obando, y numerosos empresarios.

«Con una oposición debilitada por su enorme división y apostando a una buena relación con sectores económicos del ‘Gran Capital’ y parte de la iglesia Católica, el presidente tiene las bases para una reelección indefinida sin mucha resistencia», dijo el sociólogo Cirilo Otero, catedrático de la Universidad Centroamericana.

Pero José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, dijo que antes de hablar de reelección presidencial, tendría que reformarse la Ley Electoral y escoger a magistrados que tengan credibilidad.

También Acusó al Consejo Supremo Electoral de hacer fraude en los comicios municipales y nacionales que se han celebrado desde que Ortega regresó al poder. El Consejo Electoral apoya la reforma constitucional y dijo que no se iba a pronunciar sobre las acusaciones de Aguerri.

La mayoría de la iglesia Católica, agrupada en Conferencia Episcopal de Nicaragua, tampoco apoya la reelección.

«La actual propuesta de reformas a la Constitución, vista en su conjunto, está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica», dijo la Conferencia Episcopal el 22 de noviembre.

En 2010, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un artículo de la Constitución que prohibía al presidente optar por la reelección al período siguiente si ha ocupado el cargo por dos períodos.

El fallo generó una enorme polémica pues la decisión abrió el camino para que Ortega fuese reelegido en los comicios presidenciales de 2011.

«No hay nada nuevo con eliminar las restricciones que tenía la Constitución para la reelección», dijo a la AP el jefe de la bancada sandinista Edwin Castro. «(Con las reformas) sólo estamos aplicando lo que decidió la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el artículo 147 en 2010».

Aun así, el sandinismo quiere eliminar formalmente y con la reforma los párrafos que prohíben la reelección.

Ortega, que gobernó el país en los 80 en medio de una guerra civil emprendida por contrarrevolucionarios, es tildado de autoritario por sus opositores, que dicen que busca una concentración del poder y silenciar las protestas sociales usando grupos de choque.

«Quiere establecer un estado aislacionista controlado por él y su familia, y lo quiere hacer en nombre de una democracia directa que no existe, porque aquí se da una orden desde arriba y se cumple, no hay libertades», dijo el diputado opositor Eliseo Núñez.

Núñez dice que una muestra de la concentración de poder es la propuesta referida al ordenamiento de que las bases de datos en Internet permanezcan en el país para «controlar lo que circula en internet y en las redes sociales».

Desde que el exguerrillero volvió al poder en 2007, partidos opositores y organismos de la sociedad civil han resentido limitaciones estatales que se han impuesto para manifestarse en contra de las decisiones del gobierno.

«Estamos ante un franco retroceso en asuntos de libertades públicas y respeto a los derechos humanos, y esas reformas lo que buscan es profundizar ese proyecto de corte dictatorial», dijo Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Ese organismo ha dicho que grupos o fuerzas de choque afines al gobierno entran en acción cuando partidos políticos de oposición, organismos de la sociedad civil y ciudadanos particulares intentan hacer marchas de protesta.

Cada vez que se convoca a una protesta, surgen contramarchas de simpatizantes del Frente Sandinista, dice. Ha habido casos de grupos de choque que disuelven manifestaciones opositoras lanzando piedras, morteros artesanales o apelando a la violencia física. «Los instrumentos de represión… Ya van a tener rango constitucional», dijo Núñez.