En la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral, presentó los argumentos para solicitar que se declare con lugar un amparo interpuesto contra Anabella de León, Registradora General de la Propiedad, por un reclamo de tierras en la Ribera del Lago de Izabal.

Miembros de la Comunidad Indígena de la aldea Playa Pataxte, conocida como Kaxlampom-Pataxte, del municipio del Estor, Izabal, accionaron ante presuntas operaciones anómalas  en el Registro de la Propiedad.

De acuerdo con José Cubur, del Comité de Unidad Campesina (CUC), la acción fue interpuesta luego de que fueran unificadas sin sustento legal varias fincas que en su conjunto suman aproximadamente 100 caballerías de terreno a favor  de una empresa privada.

Como prueba ante los magistrados fueron presentados documentos que harían constar las anomalías en el proceso de registro, y unificación, resaltó.

Cubur también señaló que buscan que se reconozca la propiedad ancestral de las comunidades sobre las fincas, ya que afirman que han estado en el lugar desde tiempos prehispánicos.

“Nuestra comunidad ha estado en ese lugar, al sureste de la cuenca del lago de Izabal desde tiempos inmemoriales, y con esta inscripción, la empresa inició acciones legales en el Ministerio Público en contra de los líderes comunitarios”, afirmó la entidad en un comunicado de prensa.

Según se indicó, como resultado de la resistencia, actualmente cinco líderes son perseguidos penalmente por el delito de usurpación, donde Alfredo Ical Pop, guarda prisión desde hace más de un año.

“Esta es una forma más despojo de nuestras tierras ancestrales, las cuales se han venido dando desde la invasión española, lo cual ha agravado nuestra situación de pueblos creando incertidumbre de nuestras tierras donde están nuestros hijos, nuestros cultivos, nuestros cementerios y nuestros lugares sagrados”, argumentó la comunidad.

Con el amparo la comunidad indígena indígena Q’eqchi’ de Kaxlampom Pataxte busca que se restituyan los derechos que consideran violados y que cese la persecución penal en su contra.

Se intentó conocer la reacción de la Registradora, pero miembros de su equipo de comunicación indicaron que se encontraba en una reunión.

OTRO CASO

Por otro lado, en la Corte de Constitucionalidad (CC) actualmente se tramita una acción en el caso conocido como Sierra Santa Cruz, derivado de la intención de comunidades indígenas de El Estor, Izabal, que buscan obtener el reconocimiento, certeza y seguridad jurídica de  territorio donde aseguran ejercer su derecho ancestral de propiedad.