Entre los años 1946 y 1948, el Servicio de Salud de Estados Unidos realizó experimentos con población guatemalteca que conllevaban la exposición e inoculación intencional de enfermedades de transmisión sexual, sin el consentimiento de los participantes.

El vocero del Ministerio de Salud, cree que se firmó un acuerdo para no abordar el tema

Carrera dice que él va a darle seguimiento pero que no tiene expediente

Espada dice que no se cerró nada y que él informó a este Gobierno

No fue sino hasta 2010 que el Gobierno de Guatemala se enteró de tal situación, que calificó como un “crimen de lesa humanidad” y analizaba una denuncia en contra del Gobierno estadounidense. ¿Qué ha pasado desde ese entonces con las víctimas? ¿Por qué se enterró el tema?

La Comisión Presidencial estadounidense para el Estudio de Asuntos de Bioética presentó en septiembre de 2011 los resultados de su histórica investigación sobre los estudios llevados a cabo por el Servicio de Salud de los Estados Unidos en Guatemala en la década de los 40, después de haber completado la redacción y entrega de su informe ante la Casa Blanca.

Según el informe, Estados Unidos y Guatemala fueron culpables de los experimentos médicos que científicos estadounidenses realizaron en guatemaltecos entre 1946 y 1948, que conllevaron la exposición e inoculación intencional de enfermedades de transmisión sexual en poblaciones vulnerables, sin el consentimiento de los participantes.

El estudio se realizó con el conocimiento de los superiores del doctor John Cutler, quien ejecutó la operación, y fue financiado por una subvención de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos otorgada a la Oficina Sanitaria Panamericana (actualmente la Organización Panamericana de la Salud) y a varios ministerios del gobierno guatemalteco.

La intención inicial del estudio era buscar nuevas maneras de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, entre éstas la gonorrea, el chancroide (también conocido como chancro blando) y la sífilis.

En los primeros experimentos en Guatemala se infectó a trabajadoras sexuales con gonorrea o sífilis y a continuación se les permitió tener relaciones sexuales sin protección con soldados o presos. Cuando se advirtió que pocos hombres habían quedado infectados, el enfoque de la investigación cambió a la inoculación directa de soldados, presos y pacientes de hospitales mentales.

La gonorrea se transmitió por inoculaciones a través de la uretra; el chancroide por inyección en la piel, y la sífilis por diversos métodos, entre ellos inyecciones de la piel y exposición del órgano reproductor a materiales infecciosos.

Los investigadores indicaron que dieron tratamiento a la vasta mayoría de personas que contrajeron gonorrea y cancroide, y a la mayoría de las que contrajeron sífilis. Sin embargo, la investigación indica también que a algunas de las personas infectadas con sífilis se les prescribió solo un tratamiento parcial o no se les dio tratamiento alguno.

Por lo menos un paciente falleció durante los experimentos, aunque no está claro si la muerte se debió a los experimentos o a un problema médico subyacente. Los registros existentes son inadecuados y no indican si a las trabajadoras sexuales se les trató.

A 65 años de los experimentos y a tres años desde que Guatemala conociera el tema, la culpabilidad compartida de los gobiernos permisivos con las inoculaciones no ha sido castigada; de las víctimas y sus descendientes, hasta ahora, no se tiene información suficiente para resarcirles.

LA REACCIÓN DE GUATEMALA

Cuando salieron a luz los resultados de la investigación, la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton y la secretaria de Salud Kathleen Sebelius, ofrecieron una disculpa pública por las acciones de EE. UU. “El estudio conducido en Guatemala entre 1946 y 1948 de inocular enfermedades de transmisión sexual claramente carecía de ética”, aseguraron.

Además, indicaron que “a pesar de que esto actos ocurrieron (en aquel entonces) hace más de 64 años estamos indignados por el simple hecho de que semejante proyecto fuera auspiciado por el sistema público de salud de EE.UU.». Tanto la secretaria de Estado como la de Salud concluyeron: “Lamentamos profundamente que esto sucediera y pedimos perdón a todas las personas que fueron afectadas por tan horrendas prácticas”.

Entretanto el entonces presidente guatemalteco, Álvaro Colom, calificó de «espeluznantes» y de «crímenes de lesa humanidad» los experimentos que infectaron intencionalmente a guatemaltecos con sífilis y gonorrea.

El exgobernante aseguró que se realizaría una «profunda investigación» de los hechos que afectaron a más de 1500 guatemaltecos, y aseguró que analizaba presentar una denuncia para exigir un resarcimiento al país, mientras reconoció la «hidalguía» de la Casa Blanca al pedir perdón.

Según Colom, las víctimas de esas «prácticas antiéticas» y «deleznables» fueron en su mayoría soldados, presos, prostitutas y enfermos mentales.

De esa cuenta, el mandatario ordenó a sus ministros de Salud, Defensa y Gobernación, «ubicar» y «resguardar» los archivos de los años en que ocurrieron los hechos, los cuales servirían de base para «realizar una investigación» junto con el gobierno estadounidense.

De acuerdo a la información corroborada por la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de los Experimentos Practicados con Humanos en Guatemala, los experimentos afectaron de manera directa al menos a 2,082 mujeres y hombres guatemaltecos, pero ahora no se sabe bien qué pasó con ellos y sus descendientes.

SALUD SE NIEGA HABLAR

El Ministerio de Salud fue consultado para saber cuál era el seguimiento que se le estaba dando al caso, tal como lo establecía la comisión para identificar a las víctimas de los experimentos y sus descendientes.

Sin embargo, tanto la Oficina de Comunicación Social de dicha cartera como el propio ministro de Salud, Jorge Villavicencio, se negaron a responder las preguntas sobre el tema.

El portavoz del Ministerio de Salud, Gustavo Barrillas, se limitó a decir que el caso fue cerrado por parte de las autoridades del gobierno pasado, y las acciones previstas quedaron sin ningún efecto posterior porque ya no sobrevive ninguna víctima de los experimentos.

Además, indicó que el tema no ha sido retomado por las autoridades de Salud Pública, porque supuestamente se suscribió un convenio entre los Gobiernos de Estados Unidos y de Guatemala para que este tema no se volviera a tratar.

Se intentó en reiteradas ocasiones hablar con el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, pero no quiso emitir opinión y trasladó la responsabilidad de informar sobre el tema a su vocero.

Finalmente, la Oficina de Salud Pública trasladó los informes de la “Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de los Experimentos en Humanos en Guatemala 1946-48”, en los cuales se llama a establecer el impacto que los experimentos tuvieron en sus vidas desde el punto de vista médico, social, económico y psicológico y a ejecutar mecanismos de reparación y compensación institucional e individual por parte de ambos gobiernos, para los afectados por la acción de funcionarios de las dependencias involucradas.

En ningún momento, ese informe o los documentos referidos por Salud Pública refieren que el caso se debe cerrar y por el contrario, establecen que se le debe dar seguimiento el tema, pero del cumplimiento de estas recomendaciones no se sabe nada, ni por parte de las autoridades del anterior Gobierno ni del actual.

NO PUEDE QUEDAR EN EL “AIRE”

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, explica que el tema fue manejado en el Gobierno anterior directamente por la Vicepresidencia de la Republica y no se permitió que interviniera ni la Cancillería ni la Embajada de Guatemala en Washington.

Carrera dice que es por esta disposición del exvicepresidente Rafael Espada no se cuenta con un expediente dentro de la Cancillería guatemalteca. “El caso no existe desde el gobierno anterior en la Cancillería”, indicó el jefe de la diplomacia y señaló que cuando se dio el cambio de Gobierno, si había que darle algún seguimiento al tema, habría sido por la Vicepresidencia.

El diplomático dijo que existe responsabilidad del Estado de Guatemala para dar seguimiento a estos hechos: “Yo sí creo y me parece es un tema que al menos me comprometo voy a investigar, porque está claro que la Cancillería nunca tuvo el asunto en sus manos por disposición del vicepresidente Espada. Sin embargo, me parece que de oficio es un tema que deberíamos tener conocimiento, sino seguimiento activo, que probablemente nos toca”.

Según Carrera, se debería hacer una evaluación jurídica para ver si en estos momentos podría proceder una demanda en contra de los Estados Unidos por estos hechos, sin embargo, tiene entendido que lo último que hiciera el Gobierno estadounidense fue enviar una nota aclaratoria y de disculpas al Estado de Guatemala y a las víctimas.

Pero nunca se ha planteado una acción de resarcimiento monetario hacia las víctimas, ni al Estado de Guatemala; entonces si procede o no, según Carrera, es algo que solo se determinará por expertos jurídicos.

El Canciller considera que no se puede dejar el tema en el “aire” y señaló que se debería dejar claro si se cerró. “Me temo que al no haber expediente en Cancillería, es posible que el tema se haya quedado en el aire”.

EL CASO NO SE CERRÓ

Espada aseguró que el expediente  de la Comisión que investigó los experimentos fue entregado al exministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros; a la vicepresidenta Roxana Baldetti y al presidente Otto Pérez Molina.

Además, indicó que es “mentira” que la Cancillería no estuviese enterada porque la institución era parte de la Comisión Presidencial y el viceministro de Relaciones Exteriores Erick Maldonado era el representante.

El exvicepresidente advirtió que el caso no se cerró en el Gobierno pasado y sostiene que el expediente se trasladó a la actual administración. “Se les dijo que debería de seguir con los afectados, que fueron como seis familias identificadas, y no se cerró el caso”, aclaró.

También, explicó que parte del acuerdo del Gobierno de Guatemala con Estados Unidos era que trabajaría un documento para establecer  el Instituto de Tecnología y Ética a nivel centroamericano; “el gobierno americano mantendría el instituto por unos 50 años y Guatemala pondría el edificio”, indicó.

Según Espada el Ministerio de Salud estaba trabajando en el tema ya que se contactaron con él, pero nunca le dieron detalles de qué se trataba el trabajo a realizar.