Claudia Paz y Paz, fiscal General y jefa del Ministerio Público presentó ayer su tercer informe de gestión ante varios funcionarios de Gobierno, del sector justicia, miembros de la sociedad civil, comunidad internacional y medios de comunicación.

En años anteriores el Ministerio Público, como parte de las instituciones del Estado, estuvo marcado por señalamientos de corrupción y tráfico de influencias, y fue desacreditado de parte de la población porque al momento de buscar justicia la primera piedra de tropiezo parecía el mismo ente investigador, que por defecto estaba atrofiado y solo servía como una fuga de recursos para el Estado.

Basta recordar casos como los de Carlos de León Argueta o el fiscal Álvaro Matus en años recientes.  Sin embargo, desde el ingreso accidentado de Paz y Paz, las gestiones parecen arrojar resultados diferentes y satisfactorios para la población.

Aunque las críticas han llovido de parte de sectores poco propositivos, algunos frutos están a la vista. Uno reciente es el haber encontrado a los hijos de Cristina Siekavizza, y la captura de Roberto Barreda; uno más, lograr que se apartara el derecho de antejuicio al alcalde de Chinautla, el casi intocable Arnoldo Medrano.

Falta todavía, ver cómo logran los fiscales de cada caso montar la estrategia para presentar evidencias contundentes que lleven a resultados que fortalezcan la justicia, pero estos, entre muchos más, han sido hasta ahora pasos importantes.

Para hacer que la justicia llegue a los ciudadanos aún faltan grandes pasos que den como resultado el respeto de los derechos de las personas, pero el cambio ha sido, desde mi punto de vista, evidente. La percepción que se tenía del MP ha cambiado considerablemente, y eso parte de lo que la Fiscal General hacía notar al presentar su informe.

Un aspecto importantísimo el aumento de la cobertura de los servicios de atención integral para las víctimas, ya que hace tres años únicamente se encontraba en un cincuenta y dos por ciento, y con la gestión de Paz y Paz alcanzó el ciento por ciento.

No obstante, sí quedó un tema pendiente en la rendición de cuentas que se hizo ayer, y es el hecho de no mencionar, ni en una oración, ya menos durante un buen tiempo de su discurso, uno de los casos emblemáticos y que incluso tuvo una condena ejemplar: el  juicio por genocidio contra los generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio López Sánchez, aunque luego la Corte de Constitucionalidad haya anulado la sentencia.

Está claro que en ese proceso aún hay cuestiones que deben ser resueltas por las salas y cortes de apelaciones, y aunque la atención mediática sobre el mismo mengüe es importante tener presente que aún hay familiares y amigos de 1771 personas que esperan que la justicia llegue, de la forma en que tenga que llegar.

Por otro lado es positivo ver cómo se ha ido fortaleciendo el Ministerio Público, así como se ha ido recuperando la confianza, ya que de esa forma se acentúan las posibilidades de que Guatemala deje de ser ese país donde la justicia se compra, sino un lugar donde es un derecho que cualquier ciudadano pueda alcanzar, para que el colectivo, finalmente podamos alcanzar la paz.