La administración del Gobernante Pérez cierra el 2013 con una crítica situación de derechos humanos, en especial, cuando se habla de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos de los pueblos indígenas y de derechos civiles y políticos, este conjunto de derechos y libertades fundamentales de las personas, en Guatemala continúan siendo violados por parte del Estado y sus agentes en abierto desafío a las normas e instrumentos nacionales, regionales e internacionales que en materia de derechos humanos han sido suscritos y ratificados por el Estado guatemalteco y por ende, conforman el marco de protección para toda la gente que habitamos este territorio.
El país arrastra pésimos indicadores sociales y económicos que retratan a cabalidad el estado de la situación, sólo para citar algunos ejemplos: en materia de salud, la mayoría de personas no tiene fácil acceso a gozar de ella, los pocos servicios médicos y hospitalarios son malos y deficientes, hay escasez de medicamentos, éstas y otras razones son la causa de que tengamos una sociedad enferma, que ¿cómo se explica?, pues por el alto índice de muertes infantiles (0-5 años de edad) por enfermedades prevenibles y curables, por la elevada mortalidad materno infantil, por la desnutrición crónica que padecen miles de niños y niñas, por el desabastecimiento de medicamentos, por la gran mayoría de la población que carece de seguridad social y de calidad en los servicios de salud.
En el ámbito de la educación, el acceso a la misma es restringido. El Estado no está garantizando educación gratuita. Guatemala sigue teniendo un alto porcentaje de gente analfabeta y la mayor parte con baja escolaridad. Mucha de la infraestructura a cargo del sector público (escuelas, institutos, mobiliario, útiles escolares) se encuentra en mal estado y escaso. Es una vergüenza nacional que a estas alturas de la historia de la humanidad, con tanto avance científico y tecnológico, Guatemala siga siendo un país con analfabetos. El analfabetismo y la baja escolaridad de las personas, es una causa de la pobreza que padece la mayoría de la población.
Con respecto al derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las personas, el Estado guatemalteco no ha sido capaz de garantizar su respeto. Se mantienen altos índices de muertes violentas de personas de ambos sexos, aunque son mayores las muertes de hombres, también ocurren de muchas mujeres. Un dato notable es el elevado número de adolescentes y jóvenes víctimas de muerte violenta.
Es cierto que las acciones del crimen organizado y la delincuencia transnacional han rebasado al Estado y sus instituciones, por tanto son responsables de algunas muertes, pero otras también han sido provocadas y ejecutadas por policías privados al servicio de empresas dedicadas a la explotación minera, en los proyectos hidroeléctricos o de terratenientes oligárquicos que gozan de impunidad. Otras veces, son agentes del Estado los que cometen los abusos. En tal contexto, continúan los linchamientos ante la incapacidad e indiferencia de las autoridades. En este ámbito, el Estado viola derechos humanos por acción y omisión.
Por otra parte, ante al aumento del descontento social provocado en muchas comunidades del país por las actividades de empresas mineras, por la construcción de hidroeléctricas, por la extensión de los monocultivos para la producción de agro combustibles y por el desconocimiento por parte del Estado de las consultas populares, que unánimemente han rechazado este tipo de proyectos, el Gobierno, los empresarios y las autoridades, han criminalizado las luchas sociales por la defensa de la vida, del territorio, de los recursos naturales. Han perseguido y reprimido a los dirigentes sociales.
No olvidemos que Guatemala en Centro América, ocupa el último lugar en Índice de Desarrollo Humano, que tenemos altos déficit de viviendas, de empleo, de salarios dignos. Sigue la violación de Derechos Humanos.
¿Qué dirá la PDH?