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Diversas sociedades, en épocas diferentes, han practicado esta acción para enfrentar  el abuso de poder  y el uso dañino de la ley, en busca de la transformación de una sociedad con miras hacia la democracia. ¿Cómo se entiende en la sociedad guatemalteca?

Practicada por figuras históricas reconocidas como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela, la desobediencia civil es una acción de oposición o resistencia que busca inducir a un cambio en normas jurídicas o en políticas gubernamentales que se consideran ilegítimas a la luz de los principios que rigen la vida social, y que por ende vulneran la democracia.

De acuerdo con Gerardo Pisarello, profesor de la Universidad de Barcelona (UB), “la desobediencia civil no es un simple correctivo de la democracia, sino que es un imperativo para que la democracia se abra camino y se frene la deriva despótica”.

Asimismo, la resistencia que caracteriza a esta postura, es estrictamente no violenta y pacífica, ya que busca incidir en el respeto de la democracia misma. Además, al ser un acto público busca incitar una discusión y reflexión crítica de aspectos vitales para la sociedad.  De esta forma, la desobediencia civil, no busca derrocar a los gobiernos, como usualmente se cree, pero sí exige que lo que se ha dejado de cumplir, vuelva a retomarse en aras del bien colectivo.

Según Álvaro Velásquez, politólogo guatemalteco, la desobediencia civil “es un derecho humano consagrado, en el sentido de que no hay tiranía que deba ser soportada por ningún ser humano decente”.

Aun así aclara que para violar la ley nadie está autorizado, pero por otro lado, algunos argumentan que la desobediencia civil podría haber evitado guerras y muertes en todo el mundo.

No se trata de violar la ley o romper el orden constitucional, sino de ejercer acciones para que la Carta Magna se cumpla y se respeten los derechos de los ciudadanos, como lo establece el artículo 45 de la Constitución: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.

¿POR QUÉ OBEDECER NORMAS INJUSTAS?

Velásquez explica que apegarse a las leyes es un hecho necesario para toda sociedad, ya que esto es lo que permite a las personas funcionar en armonía. Obedecer, entonces, es un acto en el que la población comprende y acepta las normas como generalidad. 

A través de los años, las personas han obedecido y continúan obedeciendo las leyes, aun si son injustas, por varios motivos. Uno de ellos es porque implica conservar cierta seguridad psicológica, por el temor de perder ciertos privilegios,  y finalmente, porque “la desobediencia es severamente castigada”, según el experto de la UB.

“Hay un sistema social que es incapaz de dar respuestas sociales claras y ante esa impotencia utiliza la violencia para domesticar a la población”, indica, explicando el último punto.

Por otro lado, Velásquez, agrega que la obediencia se da tanto en sistemas macro, como el régimen dictatorial, como en sistemas micro como en una fábrica, en el que la obediencia es la garantía para conservar un empleo.  En general, una sociedad que acepta seguir normas injustas es porque “vive bajo un régimen de violencia y terror”.

Mientras tanto, Pisarello indica que a esto se debe agregar que los gobiernos han creado una ilusión de prosperidad que ha cegado a los ciudadanos, por ejemplo, mediante la multiplicidad de créditos al consumo disponibles para la población (que aquí en Guatemala no ocurre) que no les permite darse cuenta que al estar endeudado el país, la aplicación y garantías de los derechos se restringen.

LA ILEGALIDAD DEL PODER

Así también el académico de Barcelona habla de la ilegalidad del poder al referirse a las autoridades que no cumplen con los preceptos legales con los que se comprometieron durante el tiempo de campaña, de manera que quienes ocupan el poder son agentes responsables de la resistencia o desobediencia civil.

Y es que los vulneradores del sistema no son los movimientos sociales que se expresan mediante caminatas, manifestaciones y otros actos,  pues estos desobedecen la ley en nombre de los derechos universales. Así los movimientos plantean resistencia invocando la legalidad vigente, no por ser fanáticos de la Constitución sino porque se dan cuenta de que el poder mismo tampoco cumple con los compromisos que adquirieron, indica Pisarello.

 “Que sea ilegal lo que hace el Presidente, no necesariamente”, dice Velásquez, al referirse a que la ley actual, que en generalidad obedece a una ideología neoliberal, respalda el actuar de las administraciones en el poder, en lugar de perseguir el bien común. Entonces, es cuando la población tiende a rechazar las decisiones políticas porque afecta los intereses de la mayoría y privatizando todo.

Por otro lado, este escenario de ilegalidad se ha repetido desde el comienzo de los gobiernos democráticos en Guatemala. Según Molina, durante todo este tiempo no ha existido una verdadera democracia en el país, en cambio ha imperado el libertinaje, la anarquía y el abuso de poder.

QUIÉNES DESOBEDECEN

En general, las personas que desobedecen son quienes están mejor informadas, los que están conscientes de sus derechos, y que se oponen a lo que ellos consideran injusto, pero también se resisten aquellos que por sus bajas condiciones de vida enfrentan líos económicos o incluso hambre.

“Hay diferentes niveles de resistencia, pero al final de lo que se trata es hacer valer nuestros derechos… a pesar de que el sistema de diálogo del gobierno es muy débil”, refiere Velásquez.

En Guatemala “hay una cultura de no apego a la ley o no apego a la autoridad”, esto puede evidenciarse en los ciudadanos que también violan la ley sin haber justificación, como pasar el semáforo de alto, o ensuciando las calles.

Esto difiere claramente de la “impunidad” que consiste con el irrespeto a la Ley, no como un método de resistencia al sistema de injusticia, sino como un aprovechamiento de las condiciones sociales para el beneficio particular, pero que también pasa por un no apego a la ley.

TIPOS

A decir del abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos, “extrañamente” hay dos tipos de desobediencia: la ilegal y la legal.  Normalmente, no se debería de desobedecer las normas que han sido creadas y afirmadas conforme a derecho, pero si las autoridades violan el derecho “es un ejercicio válido, siempre y cuando sea no violento”.

Las faltas del poder al pueblo lo que “nos lleva es a forzar la aplicación correcta del derecho”, explica.

Más adelante indica que uno de los escenarios en los que podría justificarse la desobediencia civil sería luego de aprobada la Reforma Fiscal, mediante la negación del pago de los impuestos, pues las nuevas especificaciones perjudican la capacidad de pago de muchos contribuyentes.

A la vez, Molina opina que la población guatemalteca aun no practica correctamente la desobediencia civil, “aquí lo que están tratando de hacer es totalmente lo opuesto. Propuestas pero en forma desordenada y violando los derechos de los demás”. 

Además aclara que la toma de calles, edificios o carreteras corresponde a hacer valer un derecho en detrimento del derecho de otros, por lo que no podría catalogarse como desobediencia civil.

CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES

De acuerdo con el letrado constitucionalista, la falta de confianza de la población en los funcionarios se debe a que estos han abusado demasiado de las normas legales y eso ha provocado que se pierda la credibilidad en la figura pública, y en la ley misma. “Al perder credibilidad pierde respeto, por consiguiente, la confianza”, señala.

Velásquez opina que en Guatemala hay un déficit de confianza en las autoridades, en primer lugar, porque fallan en el cumplimiento de sus promesas y, por otro lado, no tienen cobertura en el ejercicio de la autoridad en todo el territorio.

Ante un Estado débil, no pueden imponer su autoridad legítima pero esto también se debe a la campaña anti política que se ha esparcido en todo el país. Constantemente se incentiva a las personas a que no confíen en la política, en los políticos, y a no usar las herramientas políticas para entablar acuerdos.  “… sino que dice: odiemos todo lo que sea política. Entonces eso va impregnando la mente de la gente y de veras creen que el mundo es viable sin autoridades, con el anarquismo”, expone.

INCENTIVAR LA OBEDIENCIA

Para incentivar la obediencia civil las leyes deben de ser justas, legítimas. Si esto existe no hay ningún motivo para desobedecer a las autoridades.

Por otro lado, para que la obediencia sea efectiva primero se necesita de un gobierno que emita leyes razonables acorde a las necesidades del país.  “Para que la ley funcione, se necesita una norma abstracta, general, sin excepciones y sin privilegios de ningún tipo. Una espada que corte exactamente para los dos lados…”, dice Molina.

En un momento en el que el país se ha hundido en las garras de la corrupción debido a la pérdida de valores de las autoridades, los partidos políticos enfocan su actuar en la búsqueda del poder, lejos de velar por los intereses de los demás. Así, los partidos políticos están cada vez más alejados de la ciudadanía.

En este sentido, ante las desigualdades que lastiman cada día la condición de millones de personas en el país, el letrado opina que “no se puede subir la pirámide rompiendo la punta”, refiriéndose a que no es posible el funcionamiento de una sociedad sin autoridades.

Lo que Guatemala necesita es un proceso constituyente, que significa devolverle el poder a la gente, permitirles participar en la estructuración del Estado.

De acuerdo con Pisarello, el poder debe de aprender a escuchar los reclamos de la población y reinventarse en base a eso. Hoy lo que bloquea las posibilidades de democratización es el miedo, la desesperanza y la indiferencia.