El lunes 9 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, una celebración que plantea en su propósito un noble ideal, así como remarca uno de los lastres que más afecta a las sociedades contemporáneas: la persistente, profunda y enraizada práctica de la corrupción.
Al constatar la corrupción como uno de los flagelos de mayor influencia negativa en las sociedades, ejemplifica, el hecho que su invisibilidad aparente permite el disfrute de la acumulación de capitales que devienen de negocios hechos en el marco del Estado y bajo el sustento de un puesto público, así como reconociendo que la impunidad –por acción o por omisión–, reproduce el esquema y alienta a más y más personas involucrarse en este pernicioso fenómeno.
La población no lo percibe claramente, porque es difícil comprobarlo, pero resiente con claridad la falta de atención, la baja calidad de los servicios, la escasa capacidad del Estado para resolver una serie de carencias sociales y humanas, que no pueden ser resueltas por motu proprio, sino requieren de la institución del Estado para alcanzarlas. Aun así, muchos se afanan en acallar esta limitación de políticas públicas. Así, por ejemplo, la educación, a pesar de incrementar la matrícula, no puede abatir la caída de este indicador después de primaria y aún más no puede responder a ese montón de niños y jóvenes que se quedan fuera del sistema educativo. Igual resulta en la salud, la vivienda, la seguridad social y la seguridad ciudadana, ni hablar.
Sin embargo, el impacto de la corrupción se extiende como derrame petrolero sobre todas las instituciones del Estado. Ya no es sólo el Ejecutivo, en donde hoy muestra sus expresiones más que evidentes de negocios, cuando todas las compras millonarias se han hecho por excepción y no existen contrapesos institucionales que se opongan. ¿Y por qué no los hay? Porque lamentablemente la corrupción tiene la capacidad de cooptar, de comprar almas y funcionarios, para que se callen, pasen, firmen y aprueben trámites y documentos.
En el ejercicio de la justicia, todos sabemos y hoy el nuevo Presidente de la Corte de Suprema de Justicia lo afirma y lo expresa públicamente, con valentía, pero también con frustración de no poder hacer mucho y reconoce que la corrupción tiene contaminados todos los estamentos del Organismo Judicial.
No se puede seguir así, las instituciones fiscalizadoras o aquellas que hacen contrabalance a las entidades ejecutoras deben responder a su mandato legal, pero ir más allá, convertirse en la muestra de funcionarios probos e íntegros, que demuestren que se puede ser intolerante contra la corrupción y la sociedad seguramente los apoyará.
Fuera del Estado, sus organismos e instituciones, se encuentra un efecto aún más nocivo y pernicioso, la reproducción intergeneracional de la corrupción como mecanismo de enriquecimiento, de poder, de grandes activos y de vida de lujo, en donde los hijos de los corruptos visualizan a sus padres como el ejemplo vivo a seguir: si no se lo roba uno se lo roba otro, dicen y usan como consigna para justificar esa forma de vida. Y acá también los empresarios hacen su juego, se enganchan en el esquema y consiguen su contrato, en donde se embolsan suficiente plata que va más allá de la ganancia y concluyen una obra que poco durará, y así volverla a hacer en el futuro y seguir con la danza eterna de los millones y la vida de magnates. Así es como los lectores se pueden dar cuenta de funcionarios que supuestamente son exitosos empresarios, pero que no salen de la función pública y se han quedado ahí durante todo el período democrático. ¿Sacrificio por la patria?, falso, ¿enriquecimiento ilícito?, verdadero. ¿Hasta dónde llegaremos?, justamente hasta dónde lo permitamos.