La capital colombiana enfrentaba hoy un incierto futuro político luego de que su alcalde Gustavo Petro fuera destituido del cargo, una medida que rechaza y que dice resistirá con el apoyo de sus simpatizantes.
Desde un balcón de la Alcaldía, ubicada frente a la céntrica Plaza de Bolívar, Petro, un exguerrillero y exsenador de 53 años, convocó a que sus seguidores se mantengan en vigilia en la plaza y se manifiesten allí de forma pacífica a partir del martes en defensa de su gestión.
Cerca del mediodía, unas pocas decenas de personas, entre ellos transportadores de materiales reciclables y chatarra en carretas con caballos, estaban en la plaza en apoyo al alcalde, según reporteros de The Associated Press en la zona.
Con un alcalde luchando por su futuro político, la ciudad parecía enfrentar días en que sus punzantes problemas, desde el caótico tránsito, hasta la carencia de infraestructura vial, entre otros, queden dilatados.
Bogotá, de ocho millones de habitantes y la principal ciudad del país, cayó en un estado de crispación tras un fallo del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien la víspera destituyó al alcalde y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años tras considerar que Petro violó las leyes al intentar cambiar por decreto el sistema de recolección de basura de la capital colombiana en diciembre de 2012, lo que generó por tres días un caos en las calles, llenas de bolsas de desperdicios.
La decisión de la Procuraduría, que en Colombia es una instancia facultada constitucionalmente para imponer sanciones administrativas, no penales, puede ser apelada por el alcalde ante el mismo despacho de Ordóñez, considerado un conservador, y que ha impuesto sanciones similares a decenas de alcaldes, gobernadores y ex ministros desde que asumió el cargo en 2008, irónicamente con el voto de Petro, quien era entonces senador. Ordóñez fue reelegido por otros cuatro años y se posesionó en enero.
Por las normas colombianas, una vez Petro apele el fallo, la Procuraduría tiene dos meses para decidir si mantiene la decisión, la revoca o modifica y si decide mantener la destitución entonces debe llamarse a nuevas elecciones. Petro ganó los comicios en octubre de 2011 por 700 mil votos y asumió la alcaldía el 1 de enero de 2012 por cuatro años.
Petro ha dicho que se mantiene en el cargo hasta tanto sea ratificado el dictamen.
«La decisión aún no está en firme, o sea lo que señaló el alcalde ayer (lunes) que él sigue siendo el alcalde, es cierto», dijo a la radio Caracol el ministro del Interior Aurelio Iragorri, al explicar que recién cuando ese dictamen sea ratificado comenzará a correr un plazo de 55 días para llamar a elecciones para un nuevo alcalde, un proceso que costará unos 25,9 millones de dólares, según las autoridades electorales.
A pesar de que aún ese fallo no ha sido ratificado y que Petro sigue en su despacho, ya comenzaron los debates sobre quién podría ser su sucesor.
El ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, que gobernó la ciudad en dos ocasiones (1995-1997 y 2001-2004), dijo en diálogo telefónico que aunque su disposición sería ir a la elección, está impedido legalmente porque su esposa Adriana Córdoba es la veedora distrital, cuya función es promover buenas prácticas administrativas y prevenir la corrupción. Pero para Mockus el tema principal es que la ciudad «quedó en una situación de incertidumbre».
A su turno el senador Juan Carlos Vélez, uno de los voceros del movimiento político del ex mandatario Álvaro Uribe (2002-2010), indicó telefónicamente que consideran como un buen candidato a la alcaldía al ex vicepresidente de Uribe, Francisco Santos, quien aún no ha comentado oficialmente esa posibilidad.
Petro, que fue un combativo legislador denunciando desde actos de corrupción hasta los lazos del paramilitarismo con la clase política, ha presentado la decisión de la Procuraduría como una lucha entre los sectores de avanzada y liberales contra los «fascistas» como califica a Ordóñez.
Petro «tiene que asumirla (acatar el fallo) porque es parte de las reglas de juego. Esa misma institucionalidad también fue la que le confirió el rango de alcalde y todos aceptaron y respetaron eso», dijo en diálogo telefónico con la AP el doctor en ciencias políticas y columnista Pedro Medellín.
«Tiene que acatarlo porque así a uno no le gusten las decisiones, son decisiones que hay que respetar», añadió Medellín, quien dijo no ver relación entre el caso del alcalde y los actuales diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desarrollan en La Habana desde fines de 2012. El alcalde también ha insistido en que con su destitución se busca cerrar el paso a la participación política de personas que como él se alzaron en armas y que eso era un riesgoso precedente en caso miembros de las FARC, que negocian abandonar las armas y pasar a la política.
Para «Bogotá viene una labor fuerte, va a haber una campaña política dura para la alcaldía, no va a ser fácil de ninguna manera y va a estar marcada por una tensión muy fuerte», indicó Medellín.