Los cancilleres de los 27 paí­ses de la Unión Europea lanzaron el lunes en Bruselas la Conferencia Intergubernamental (CIG) encargada de redactar el tratado que reemplazará la Constitución Europea, con una nueva amenaza de Polonia para reducir el alcance del texto.

La apertura de la CIG estuvo a cargo de la presidencia portuguesa de la UE, que entregó a sus socios un primer proyecto del tratado, compuesto por unas 200 páginas y basado en el laborioso acuerdo alcanzado en la cumbre europea de junio pasado.

Si bien no se aguardaban discusiones sobre el texto en esta corta sesión, la la ministra polaca de Relaciones Exteriores, Anna Fotyga, anunció que su paí­s analizaba la posibilidad de no aceptar como jurí­dicamente vinculante la Carta de Derechos Fundamentales, considerada uno de los grandes avances del tratado para reemplazar la Constitución rechazada por franceses y holandeses en 2005.

«Los polacos están tentados de unirse a los británicos en su decisión de no adoptar la Carta», dijo el eurodiputado británico Andrew Duff, uno de los tres expertos de la Eurocámara que participan en la CIG.

Polonia ya habí­a cuestionado el nuevo sistema de voto de mayorí­a calificada que propone el texto, pero no habí­a hecho referencia a un posible rechazo de la Carta de Derechos Fundamentales, lo que podrí­a abrir paso a que otros paí­ses opten por la misma alternativa brindada a Gran Bretaña.

«Si la infección se expande significará el final de la Carta», indicó Duff, mientras que el ministro luxemburgués de Asuntos Europeos, Nicolas Schmit, admití­a que «será difí­cil rechazar para Polonia lo que ya ha sido aceptado para el Reino Unido».

En efecto, el nuevo tratado retoma la «sustancia» de la Constitución aunque incluye concesiones para los euroescépticos, como Polonia (sistema de votos), el Reino Unido (derogación para aplicar la Carta de Derechos Fundamentales y la participar en cooperación penal), República Checa y Holanda (supresión de sí­mbolos de la UE y más participación de los Parlamentos nacionales).

Tras la ceremonia del lunes en Bruselas, expertos jurí­dicos de los 27 tienen previsto comenzar a analizar el contenido del texto el miércoles, a la espera de trabajos más detallados a partir de fines de agosto.

La presidencia portuguesa, que espera la aprobación del texto en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE del 18 y 19 de octubre en Lisboa, relativizó las eventuales dificultades planteadas por Polonia.

«Hay necesidad de aclaraciones. Veremos eso en el plano técnico, y luego veremos si hay un problema polí­tico. No vamos a dramatizar», declaró el canciller portugués Luis Amado.

Pero otros paí­ses de la UE, en particular aquellos que habí­an ratificado la Constitución europea, como España, advirtieron que no permitirán cambios que supongan un retroceso.

«Vamos a ser muy vigilantes para que no haya ningún cambio que suponga un retroceso. Todo lo contrario, que sean avances y acercarnos más al Tratado constitucional», señaló en ese sentido el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos.

Una vez suscrito por los 27, probablemente a fines de año, el tratado deberá ser ratificado por todos los Estados miembros para poder entrar en vigor antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009.