Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), manifestó que deben revisarse las acciones de amparo y antejuicio, porque abusando de las instituciones, han sido utilizados como un mecanismo para procurar impunidad.

“Hay que hacer una revisión profunda de las dos instituciones”, acotó Velásquez al ser indagado sobre la situación del amparo y el antejuicio en Guatemala, y añadió que ante el abuso de los recursos, es necesario establecer limitaciones en el ejercicio de esta acción.

“Reivindico absolutamente el amparo como un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y que debe estar presente en todos los sistemas del mundo como una forma de protección, desde el criterio constitucional de los derechos  de las personas; pero reprocho el amparo como un mecanismo de  impunidad, de dilación, del abuso que se comete en su ejercicio”, dijo enfático.

Según estadísticas de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde el año 2009 a septiembre del 2013, ingresaron 7 mil 121 expedientes de amparo, y a la fecha han sido resueltos 6 mil 533.

En declaraciones anteriores el magistrado Mynor Franco, presidente de dicha Cámara, aseguró que el 75 por ciento de los amparos que ingresan a la instancia evidenciaban ser un mecanismo para dilatar los procesos, ya que es visto por los abogados como una oportunidad para dejar en impasse los casos.

LÍMITES

Ante la situación, el Comisionado manifestó que desde ese punto deben establecerse limitaciones en el ejercicio  de la acción de amparo, que impidan el abuso con fines de impunidad.

En relación a los antejuicios, Velásquez indicó que de igual forma deben revisarse, de tal manera que tampoco contribuya la impunidad.

“Sé de muchos países que no tienen antejuicio, y no ha habido dificultades en cuanto a entender que la acción punitiva es un obstáculo al ejercicio legítimo de una función judicial o política que es para lo que finalmente se tiene establecido el antejuicio, como una protección frente a las arbitrariedades”.

De acuerdo con el exmagistrado colombiano, si se tiene mayor fortaleza e independencia en la institución judicial, un sistema de justicia mucho más adecuado, se podría llegar en un futuro a pensar de cómo puede reducirse inclusive el antejuicio.

Mientras tanto, anotó Velásquez, es necesario que se revise cuáles son las circunstancias concretas, que a partir del amparo y el antejuicio generan impunidad, para tratar de removerlas desde ahora.

El Comisionado aseguró que la CICIG estaría acompañando las discusiones en procura de una reforma a la Ley de Amparos, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que pueda significar límites en el abuso de su ejercicio.

“Con toda seguridad, la Comisión va o a buscar los espacios existentes o a generar espacios, pero en todo caso a participar con otros sectores de la sociedad en análisis y propuestas en esa dirección”, concluyó.