Organizaciones integrantes de la Convergencia por los Derechos Humanos señalaron ante el Foro Mundial convocado por Naciones Unidas, el aumento y la agudización de la criminalización y la conflictividad que impera en Guatemala a causa de la implantación del modelo extractivista
La instalación de hidroeléctricas y los mecanismos de represión impulsados desde el aparato estatal a favor de las empresas y en contra de líderes comunitarios.
Para Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, el gran capital privado tiene capturado al Estado; en los últimos años se ha venido instalando un modelo altamente represivo en respuesta a la disputa de temas importantes como la territorialidad, la imposición de las empresas extractivas y la búsqueda de la verdad y la justicia por violaciones de derechos humanos.
Este año ha sido particularmente violento en contra de comunidades en defensa del territorio, líderes comunitarios y quienes velan por el derecho a la verdad y a la justicia, agregó Santos; es evidente que la actuación de las empresas no sólo está en el marco de su actividad empresarial como tal, sino en procesos mucho más profundos, como se pudo observar en el marco del juicio por genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt.
La segunda edición del Foro Mundial sobre empresas y derechos humanos reunió a Estados, empresarios y organizaciones de sociedad civil durante el 3 y 4 de diciembre, con el fin de debatir el grado de implementación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, instrumento que refuerza la obligación del Estado y las empresas de prevenir violaciones de derechos humanos y cuando éstas ya hayan ocurrido, de repararlas.
Nos interesa obtener más información sobre los Principios Rectores, cómo se está discutiendo a nivel internacional, señaló Santos; debemos pensar que esta gran comunidad de defensores puede incidir para que los principios rectores no se constituyan en una legitimación de actuación de las empresas y que éstas no los vean como un techo o como sustitutos de la amplia gama de derechos que han sido ratificados por el Estado.
Rafael Maldonado, director del área legal del Centro de Acción Legal Ambiental y Social CALAS, indicó que su participación en el Foro tiene el propósito de evidenciar la forma criminal de actuar por parte de las empresas que desarrollan proyectos mineros en Guatemala, específicamente el caso de la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, Inc.
Entre el 7 de abril y el 28 de noviembre del 2013 se desató una intensa criminalización de defensores en el marco de la actividad de la minera; en un operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y de la empresa fueron atacados seis defensores, en tanto 100 personas han guardado prisión como resultado de las acciones judiciales iniciadas por esta empresa en contra de líderes y comunitarios, refirió Maldonado.
La aplicación de los principios rectores es muy compleja, porque son de aplicación voluntaria, indicó Brenda Hernández, de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos UDEFEGUA; todas las empresas y corporaciones multinacionales tienen la obligación de llevar a cabo su proceso de debida diligencia, que incluye la consulta antes de implantar un proyecto.
En lo que va del año se registran más de 600 agresiones a defensores y preocupa que el total de ataques ocurridos en el 2012 haya sido menos de la mitad de lo que se registra ahora; un gran porcentaje está vinculado a ataques en el marco del juicio por genocidio, pero otro a la conflictividad asociada a los movimientos de resistencia y de defensa del territorio a las implantaciones de los megaproyectos y a los despojos de tierra que se están dando, señaló Hernández.