El Estado no cuenta con herramientas o recursos humanos y técnicos, que permitirían garantizar los derechos humanos de las mujeres trans, dijo a Cerigua, Johanna Ramírez, Directora Ejecutiva de la Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS).
Según datos de esa organización, entre el 2006 y el 2011 se reportaron a nivel nacional, 45 crímenes de odio contra esa parte de la población; entre el 2012 y el 2013, los hechos se duplicaron, una muestra de las sociedades transfóbicas, aseguró Ramírez.
Guatemala figura en el ámbito internacional, como uno de los países que más asesinatos de mujeres trans ha registrado en los últimos años; Brasil y Colombia son los otros dos que a nivel regional presentan cifras similares a las del país, no obstante su población es mayor.
La transfobia se sufre diariamente en opinión de la entrevistada, pues aunque sea en las visitas a las tiendas populares u otros comercios, las mujeres trans son agredidas verbalmente, insultadas y sujetas de burlas, principalmente de los hombres; se trata de expresiones de transfobia y discriminación, indicó.
Hay muchas mujeres trans trabajando en el comercio sexual y en muchas ocasiones la causa es la expulsión de sus hogares por su condición de género; en el seno familiar es donde usualmente inicia la transfobia porque no hay aceptación, añadió la representante de OTRANS.
Ese tipo de situaciones conlleva la vulnerabilidad en los entornos del trabajo sexual y en otros como la cosmetología y la producción de alimentos, las áreas donde principalmente se desempeña esa población.
Las mujeres trans no tienen acceso al seguro social, en tanto que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no cuenta con guías ni protocolos de atención especializados, que permitan el acceso al derecho humano a la salud, destacó la profesional.
En el Ministerio Público, se han registrado muchos casos de discriminación, ya que en los formularios no hay una casilla donde colocar el género de la persona y por eso no reciben las denuncias, pese a las señales evidentes de violencia y los golpes.
OTRANS promueve la propuesta de Ley de Identidad, para atacar algunos de esos problemas en las instituciones del Estado y para que las mujeres trans puedan tener Documento Personal de Identificación (DPI), pues el 60 por ciento de ellas permanecen indocumentadas, señaló Ramírez.
El tema es muy complejo para los diputados; algunos han mostrado interés en los contenidos, pero nadie ha asumido la responsabilidad de socializarla e impulsarla en el Pleno del Congreso de la República, concluyó la entrevistada.