Ya conté más de una vez cómo en el Consejo de Estado en tiempos de Ríos Montt se pensó en la despolitización del nombramiento de los magistrados del también novedoso (para Guatemala) Tribunal Supremo Electoral. La idea fue trasladar la responsabilidad a los académicos, encomendando al Colegio de Abogados, las Universidades y las Facultades de Derecho la tarea de integrar una Comisión de Postulación que designaría a los candidatos idóneos, desde el punto de vista de lo más granado del foro nacional, para integrar un órgano alejado de las veleidades políticas y de las presiones de grupos de poder.

La Constituyente de 1985 tomó la idea y la extendió ya no sólo para el Tribunal Supremo Electoral, sino para el Poder Judicial y el Ministerio Público, además de otras instituciones para las que se dio cabida y participación a otros sectores del mundo académico. La idea, en el papel, era impecable porque “resolvía” situaciones como la integración del Registro Electoral donde se fraguaban los fraudes o de Cortes como la Suprema de tiempos de Lucas, cuyo Presidente olvidó que había sido formalmente electo por el Congreso y agradeció al Presidente de la República el haberle designado para el cargo.
 
 Pero en la práctica, lo que ocurrió fue que se prostituyó la academia, al punto de que se han creado universidades cuyo negocio más rentable es su participación en las comisiones de postulación y facultades de derecho que sirven de instrumento al crimen organizado y a la impunidad para nominar a quienes tendrán la tarea de evitar que el peso de la ley caiga por parejo a todos los criminales.
 
 Ahora que se resolvió el problema de la Presidencia del Poder Judicial y que corresponderá al licenciado Sierra, es preciso decir que el problema de fondo sigue igual porque la estructura está tan perfectamente afinada y aceitada que poco importa al final de cuentas el papel de los individuos. Lo que cuenta es que el poder oculto tiene la mayoría suficiente para ejercer el control de las postuladoras, en todas las instancias y entidades, de suerte que hablar de que jugamos con dados cargados es un verdadero piropo.
 
 Queriendo despolitizar a instituciones encargadas del sistema de Justicia y de fiscalización, lo que se hizo fue politizar por completo al mundo universitario, a las facultades que son llamadas a enviar a sus decanos a postular candidatos y a los colegios profesionales. En la misma Universidad de San Carlos, donde la elección de un Rector se hacía con hojas mimeografiadas e inversiones de apenas unos cientos de quetzales, ahora corren decenas de millones para elegir al rector y otro tanto para elegir a los decanos de las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas.
 
 La capacidad que tienen los políticos y los grupos ocultos para mantener el control de las instituciones es pasmosa y lo demuestra su reacción ante la idea de quitarles poder a la hora de integrar cortes, tribunales y fiscalías. Lejos de amilanarse ante la idea, brillante en el papel, de trasladar esa facultad al mundo académico y a los profesionales, supieron reaccionar rápida y hábilmente para controlar, primero, las universidades y los gremios, de manera que sus propuestas lleguen con el ropaje de ser iniciativa de decanos y rectores, además de representantes de los colegios.
 
 La vigilancia de la sociedad civil es el único instrumento que hay para evitar la absoluta cooptación de las instituciones, pero hace falta una mayor y más comprometida participación porque la lucha es verdaderamente difícil y lo que está en juego es demasiado. Entender cómo se pervirtió el modelo ayuda para entender quiénes son sus nuevos actores y cómo mueven sus piezas.