Las pesadillas no cesan para Valentín Casa, y el día de hoy le tiene particularmente apesadumbrado.

El campesino de 36 años de edad contempla sombríamente mientras expertos forenses exhumen un par de huesos de dos dedos femeninos desenterrados junto a un par de anillos oxidados, en una fosa común en la aldea de Huallhua en los Andes del este de Perú. En la fosa yacen los restos de dos mujeres y 13 niños, y Casa cree que los huesos de dedos y los anillos le pertenecían a su madre.

Veintisiete años atrás, cuando era apenas un niño, Casa observó desde detrás de unos árboles cuando soldados y sus aliados paramilitares desmembraron y mataron a su madre y a otras mujeres y niños abandonados por senderistas que huían. Cualquier civil sospechoso de haber ayudado a los rebeldes era buscado, capturado y castigado con la muerte. Dos semanas después, los soldados y sus aliados civiles capturaron y mataron a los hombres de la aldea de Casa, incluyendo a su padre, a quien le rebanaron el cuello.

Tres décadas más tarde, en este aislado rincón de Perú se está realizando la mayor exhumación de víctimas del conflicto interno que azotó al país entre 1980 y 2000. Los sucesos más cruentos ocurrieron en estas colinas, entre la cordillera de los Andes y la selva amazónica.

«Todos aquí tenemos un trauma, todos, el que dice que no, miente», dice Casa mientras observa las labores de exhumación.

Las autoridades en Lima han demorado en despachar equipos de expertos para desenterrar a los muertos del brutal conflicto que, según el reporte de la Comisión de la Verdad emitido en el 2003, dejó 70 mil muertos. Poco más de la mitad de ellos fue aniquilada por los rebeldes maoístas, y poco más de una tercera parte por las fuerzas de seguridad.

Activistas de derechos humanos afirman que la demora en las exhumaciones se debió a cuestiones políticas, especialmente a la resistencia de los militares. Ningún criminal está preso, pero hay 50 investigaciones fiscales en curso que empezaron el 2011, afirma la fiscal que investiga el caso Gloria Pareja.

En noviembre, antropólogos forenses comenzaron a trabajar en el distrito Chungui y se disponían a sacar un total de 202 cuerpos, en su mayoría de mujeres y niños. Por lo menos 1.384 personas murieron en Chungui, que tiene unos 6 mil habitantes.

Los habitantes con frecuencia desentierran huesos aquí y allá, pero muy pocas fosas han sido investigadas por expertos.

Para llegar a la zona oriental de Chungui, conocida como Oreja de Perro, los forenses caminan 18 horas. Es una zona sin carreteras, electricidad, telefonía y Sendero Luminoso aún recorre sus bosques, los mismos por donde transitan los narcotraficantes.

Al borde de la fosa, Casa vigila la seguridad de los forenses con una escopeta Mossberg 500 colgada del hombro que coloca junto a su cama cuando duerme y empiezan las pesadillas que lo atormentan. «Tomé pichi (orines) para sobrevivir», recuerda Casa.

Los expertos van recolectando los diminutos restos óseos de niños en cajas de panes dulces de navidad que apilan en orden junto a sus camas dentro de una gran carpa donde duermen en medio del bosque y bajo la lluvia. «Los muertitos nos protegen», dice el odontólogo, Rolando Alvarado.

En su eterna pesadilla, Casa está siendo perseguido por alguien, pero no sabe quién. Siempre se despierta aturdido, empapado en sudor.

Teresa Vílchez, de 52 años, dice que todavía sufre hemorragias vaginales ocasionales tras haber sido violada por varios soldados en 1984, en el cercano cuartel de Mollebamba. La violaron 20 soldados una noche de 1984 en Mollebamba. Su esposo murió en manos de senderistas y su madre fue asesinada por militares que también la violaron y le cortaron los senos y los dedos.

Nadie ha sido llevado a justicia por esas atrocidades. Los sobrevivientes quedaron abandonados. Nadie vino a ayudarlos psicológicamente. Vílchez jamás ha ido a un ginecólogo.

Fueron esas mismas condiciones precisamente las que llevaron a los empobrecidos campesinos de Chungui a apoyar al Sendero Luminoso. En 1965, otras guerrillas de inspiración cubana habían liberado a los agricultores de un sistema represivo al asesinar a dos terratenientes que controlaban la zona.

«Querían cambios», dice Nathalie Koc-Menard, una antropóloga de la Universidad de Cambridge quien estudia la zona desde hace una década. «Una señora que se consideraba pobre en comparación con sus vecinos me dijo que al inicio ella creyó en el proyecto de Sendero porque todos iban a ser iguales y no iban a existir ricos ni pobres».

Los senderistas convencieron a los campesinos a abandonar sus viviendas y vivir en campamentos en la selva a fin de eludir a los militares. Pero los rebeldes fueron despiadados, relató Edilberto Jiménez, un antropólogo que entrevistó a cientos de sobrevivientes en la década de los 90.

Para no ser descubiertos los senderistas prohibieron encender el fuego, las mujeres embarazadas tenían que parir en cuevas y los llantos de los niños se castigaban con la muerte, relató Jiménez.

Hoy en día, los senderistas suman unos centenares nada más, aunque siguen imponiendo impuestos al comercio de cocaína y sacan reclutas de entre la población campesina.

Priska Palacios, una politóloga de la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ que trabaja en Chungui, dice que muchas personas de este distrito son al mismo tiempo víctimas y perpetradores. «Eso complica todo».

Palacios dice que en Chungui «las condiciones generales que iniciaron el conflicto armado interno —la pobreza, la discriminación, la exclusión— siguen iguales que en 1980».