Los pactos colectivos de trabajo fueron ideados para mejorar las condiciones de los trabajadores, principalmente con programaciones automáticas de aumentos salariales, pago de bonos extraordinarios, prestaciones laborales, días de descanso y ayudas sociales, y su esencia es buena.

Ministra de Finanzas reconoce la “cuota política” de los acuerdos

Sin embargo, al momento de suscribir los acuerdos, las autoridades buscan popularidad con los sindicatos, utilizarlos como lanza política y no toman en cuenta las posibilidades de las instituciones para garantizar en el futuro un equilibrio financiero que les permita cumplir con los compromisos, y, de paso, comprometen las finanzas estatales para la eternidad.

De los presidentes del Congreso, posiblemente Jorge Méndez Herbruger (2005-2006) fue uno de los más populares entre los trabajadores del Organismo Legislativo, pues durante su gestión se aprobó el último pacto colectivo de trabajo en la institución.

En ese pacto se estableció que todos los empleados del Organismo Legislativo tienen derecho a un aumento anual de 10 por ciento sobre el salario base, además de un bono de antigüedad de Q600, un bono vacacional de Q600, un bono navideño de Q800 y otro bono por “canasta navideña” de Q500.

Además, para los trabajadores del Congreso se pactó una ayuda por fallecimiento, el establecimiento de un jardín infantil, servicio médico, ayuda a deportistas, un convivio navideño –de Q15 mil– y el mejoramiento del servicio de cafetería.

También se acordó una jornada laboral efectiva de siete horas y media, descanso para los días de asueto y 22 días hábiles de vacaciones, entre otros beneficios laborales.

Hasta hoy, ese pacto tiene a muchos trabajadores contentos, pero no deja de preocupar a las actuales autoridades del Legislativo, quienes temen que en un futuro ese organismo del Estado no pueda cumplir con los compromisos adquiridos, debido a la presión financiera que implican los aumentos salariales y los bonos.

Fuentes del Congreso informaron que hay interés por renegociar el pacto colectivo en vista de la presión financiera que generan los aumentos salariales automáticos, pero creen que los sindicalistas no cederán para reducir los beneficios adquiridos y solo negociarán para mejorar más los sueldos.

En medio de la presión financiera, el diputado Pedro Muadi, quien presidió el Congreso este año, dijo que se implementó una mesa técnica con participación de la Junta Directiva del Congreso y sindicalistas, para tratar el tema de un nuevo pacto colectivo.

Sin embargo, Muadi dice que no puede especular sobre lo que sucederá y al ser consultado si cambiará el régimen salarial, prefiere no opinar de los resultados que pueda tener la mesa de diálogo.

Lo mismo pasa en decenas de instituciones públicas, donde los directivos tienen que cumplir con los pactos colectivos que sus antecesores suscribieron, muchas veces, sin considerar que estaban comprometiendo la salud financiera de las instituciones y manejando sin responsabilidad los recursos que les pertenecen.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social registra 20 pactos colectivos suscritos por el Organismo Ejecutivo con diferentes instituciones oficiales, además de cuatro pactos de salud e igual número de educación.

LOS RIESGOS: BENEFICIOS SIN RECURSOS

El problema de los pactos colectivos de trabajo no es precisamente que se mejoren las condiciones laborales, sino que las instituciones carecen de liquidez financiera y planificación de largo plazo para cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores, lo que posteriormente genera complicaciones al momento de no contar con recursos presupuestados.

En febrero pasado, el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), en presencia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, suscribieron un pacto colectivo de trabajo que estableció un aumento salarial durante tres años para los maestros, entre otros beneficios.

El pacto comprende reajustes salariales de 8 por ciento para este año, un 10 por ciento para el 2014 y 12 por ciento para 2015.

Sin embargo, ante la no aprobación del presupuesto para 2014, el Ejecutivo se encuentra en serios problemas para poder honrar el compromiso el próximo año y nadie sabe qué sucederá en el 2015.

La ministra de Educación, Cinthya del Águila, dijo esta semana que el tema del presupuesto del próximo año aún no se discute en la cartera y señaló que se debe manejar a lo interno del Ejecutivo para no sacrificar los programas regulares del Ministerio y a la vez cumplir con el pacto colectivo del magisterio.

Algo parecido sucedió en octubre último, cuando se suscribió el pacto colectivo de trabajo con vigencia de dos años para los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Los trabajadores de salud consiguieron mejoras en viáticos y aportes para la actividad sindical, pero ante todo un incremento del salario base, que se elevará con la suma de los bonos extraordinarios, y el bono por antigüedad se incrementará en un rango de 5 a 100 por ciento, de acuerdo al tiempo trabajado de cada empleado.

Aunque los pactos colectivos establecen plazos de “vigencia”, los aumentos salariales, la incorporación de los bonos a los sueldos y los demás beneficios laborales adquiridos continúan vigentes en los años subsiguientes, trascendiendo a diversas administraciones en los ministerios.

Sin embargo, ante la falta de presupuesto, el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, indicó esta semana que los salubristas deberán negociar nuevamente con la institución el cumplimiento del pacto colectivo, pues no se cuenta con los recursos necesarios en el Ministerio para el próximo año.

En los casos en que se suscriben los pactos colectivos de trabajo, las consecuencias son aún más serias y comprometen a las futuras administraciones que no negociaron las condiciones laborales con los trabajadores.

POPULARIDAD Y APOYOS, PERO ¿MEJORÍAS EN LOS SERVICIOS?

Si se corren riesgos, ¿por qué se firman los pactos colectivos?

A los gobernantes les favorecen los pactos colectivos porque se aseguran que los sindicatos no criticarán su gestión, apoyarán sus decisiones y a la vez ganarán las simpatías que necesitan sus proyectos políticos. Todo eso desvirtúa el sentido de los pactos, que debería ser el mejoramiento de las condiciones de trabajo de aquellos burócratas que prestan un buen servicio a la población.

“Les agradezco y le agradezco sus palabras a Luis Lara –sindicalista–, que ha dicho que este es un «Presidente amigo», me siento honrado con esas palabras y yo les digo a ustedes que son mis amigos, quiero ser amigo de ustedes, para que juntos podamos trabajar y salir adelante con la salud de los guatemaltecos, que es algo tan importante, por eso este pacto colectivo, que finalmente está disponible, es importantísimo”, dijo Pérez Molina a los sindicalistas cuando se firmó el pacto en el Hospital San Juan de Dios.

Por otro lado, durante el acto que se realizó en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura con el sindicato del magisterio, Baldetti señaló: “Hoy tendremos todos una sonrisa porque hemos llegado a acuerdos significativos con el magisterio nacional, es un pacto histórico que beneficiará a miles de niños que necesitan recibir una educación con calidad. Necesitamos maestros que trabajen con corazón”.

Por su parte Joviel Acevedo, secretario del Steg, indicó: “agradecemos al gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, que permitieron que se alcanzara este acuerdo, es una muestra de que siempre buscamos el diálogo y evitamos la confrontación”, dijo.

La educación y la salud no han tenido una mejoría sustancial como consecuencia del mejoramiento de condiciones laborales, porque para ello han faltado otras medidas integrales que no se han ejecutado.

Concretamente, el Gobierno recibió el respaldo de los sindicalistas de Salud, que manifestaron frente al Congreso para pedir que se aprobara el presupuesto que propuso el Ejecutivo para 2014, mientras que los maestros apoyan la reforma educativa impulsada por la cartera de Educación.

La ministra interina de Finanzas, María Castro, entiende bien el tema político detrás de los acuerdos con los trabajadores y sindicatos. Según la funcionaria, todos los pactos colectivos tienen una cuota técnica y otra política, y señala que ambas son importantes.

Castro indica que el magisterio es el gremio más fuerte que paraliza al país si el Gobierno de turno no le responde, algo que a su criterio debería tener presente el Congreso de la República.

A criterio de la funcionaria, este Gobierno hizo un “acuerdo político” y sobre lo técnico asegura que “cuando se formuló el presupuesto, la primera prioridad fue atender ese tipo de requerimiento, considerando que el Gobierno se encontraba en la capacidad para cumplir con este pacto colectivo”.

“Nosotros cumplimos con la responsabilidad de formular un presupuesto que tenía programado el cumplimiento del pacto colectivo. El Congreso decidió no aprobarlo. Entonces nosotros tendríamos que evaluarlo, porque nosotros no somos capaces de cumplir con una obligación de esa magnitud si no hay una estrategia distinta”, puntualizó.

¿QUIÉN PIERDE?

Para el director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar (URL), Renzo Rosal, los pactos colectivos se han convertido en un instrumento de los gobernantes para “apaciguar” las críticas de los trabajadores y ser complacientes con los sindicatos.

Sin embargo, advierte que la trascendencia del problema es que los acuerdos laborales comprometen las finanzas del Estado irresponsablemente: “Hoy se tiene una serie de pactos colectivos con compromisos que en términos de recursos públicos son enormes; al final erosionan las finanzas de las instituciones para quedar bien y ser complacientes”.

“Un caso en concreto es la propuesta de aumento a los trabajadores del Ministerio de Educación.  Es un aumento que no tiene nada que ver con la calidad educativa o de ampliación de cobertura, sino fundamentalmente es para quedar bien con los sindicatos, porque de lo contrario pondrían a dicha cartera en condiciones complicadas”, ejemplifica Rosal.

Según el analista, las autoridades no analizan las finanzas públicas, pero “sí les interesa ser complacientes con la dirigencia sindical, que ha hecho de los pactos colectivos su modus vivendi”. 

Por otro lado, Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, indica que en la medida en que los pactos traten un incremento salarial comprometen las finanzas del Estado: “Son obligaciones financieras del Estado y por lo tanto implican erogaciones de gasto público”.

El problema es que aun ante la falta de recursos, los pactos colectivos se mantienen vigentes y los ministros realizan ajustes presupuestarios que debilitan áreas importantes de las carteras. “Los ajustes de gasto tienen que ver más por el lado de la inversión pública en infraestructura, y por eso el pacto fiscal del 2000 sugería que la inversión no fuera una variable de ajuste”, señala Barrientos.

Barrientos dice que en esta dinámica de ajustes, lo primero que se sacrifica es la inversión, segunda los programas sociales y luego la adquisición de bienes y la contratación de servicios, y solo al final están los salarios y el pago de la deuda pública

Si estos compromisos continúan creciendo sin límite ni control cabe la posibilidad que el Estado encuentre serias complicaciones para cumplirlos en el futuro, advierte el analista del Icefi.

Rosal indica además que los pactos colectivos también funcionan como un fomento del tráfico de influencias y la corrupción, además de fomentar el enriquecimiento ilícito tanto de los funcionarios públicos como de los supuestos dirigentes sindicales.