El 94 por ciento de las personas que se infectan cada año, lo hacen por medio de las relaciones sexuales sin protección. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el VIH y el Sida y en Guatemala hay poco que celebrar.

Las denuncias sobre la falta de acceso a los métodos de atención para las personas afectadas por el virus no son pocas y la discriminación se extiende entre los sectores más vulnerables.

Jeanne –nombre modificado– ha ejercido el trabajo sexual y lo ha adoptado como un medio de subsistencia desde hace siete años, pues de sus ganancias “sacaba” lo necesario para cubrir los gastos de la universidad, donde estudiaba Comunicación.

Hace como año y medio, un compañero de estudio la invitó a salir, a lo cual ella accedió. Recuerda que después de ingerir bebidas alcohólicas perdió el conocimiento y todo se nubló.

Al día siguiente, Jeanne se dio cuenta que había sido violada por la persona en la que había confiado; ese día amaneció con restos de semen en su área genital.

Según el testimonio, a los días del suceso decidió realizarse una prueba de VIH en un centro de salud de Escuintla, y cuando recogió sus resultados se conmocionó al ser informada que su diagnóstico era seropositivo; rompió en llanto y deseó morir.

ACTUALMENTE ES PORTADORA DEL VIH

La ahora activista cuenta que comenzó a exponer su caso a la opinión pública como medio para prevenir a otras personas que podrían estar en su misma situación y así evitar que la transmisión del virus siga en aumento en el país.

Con la vista perdida y tratando de evocar los momentos que vivió en ese entonces, relata que actualmente quien decía ser su “amigo”, atraviesa un proceso penal en los tribunales de Justicia por violencia sexual, delito penado en la reciente Ley de Femicidio, y los querellantes al caso buscan imputarle otros agravantes por haberle transmitido la enfermedad en el mismo acto de violación.

Jeanne afirma que muchas de las personas que conocía han fallecido por el VIH/Sida, al ser víctimas de violencia sexual, y también ante la constante negativa de medicamentos en los servicios de salud pública, los cuales califico de “ineficientes” y “discriminadores”.

BATALLA POR DERECHO

En 2008, el Diagnóstico de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas enfatizó que en Guatemala se debía priorizar el acceder a servicios médicos a las personas portadoras de VIH, así como facilitar la disponibilidad de espacios y el cese de la discriminación del personal de salud, luego de una supervisión realizada a nivel nacional.

En el mismo documento, se denunciaba que continuamente el personal sanitario les negaba los servicios médicos por la supuesta «falta de higiene» de estas personas. No obstante, el decreto 27-2000, Ley contra el VIH, define que el Estado de Guatemala está obligado a garantizar el derecho a la salud de todos los  ciudadanos que son portadores del virus, sin embargo, las personas que están en situaciones precarias a veces no cuentan con servicios de salud debido al temor a ser discriminadas.

Y es que a pesar que ha habido esfuerzos estatales por cubrir el derecho a la salud a través del sistema gratuito de antirretrovirales hacia el control de la enfermedad, la atención integral de los pacientes sigue siendo un tema aparte, pues pareciera que con estos “esfuerzos” se está garantizando el derecho a la salud, pero no hay políticas públicas que definan esta atención integral que incluya servicios de psicología o asesoría legal cuando estas personas son discriminadas.

Esta situación apunta a que estas personas llegan a ser discriminadas cuando intentan ingresar a un hospital, pues el personal les impide el acceso en algunos casos. Incluso, relatan otros sobrevivientes del VIH, “algunos médicos nos han dicho: ‘hasta que no lo traigas limpio no lo podremos revisar’, o dicen ‘nos podemos contaminar’ ”.

EL VIH Y LA DISCRIMINACIÓN

Cada año unos 2 mil 500 guatemaltecos se contagian de VIH, 300 de éstos son niños que lo contraen al nacer, aunque en la última década los infectados se han reducido en un 1.7%, según cifras oficiales dadas a conocer la semana pasada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Según las cifras oficiales, hasta agosto pasado estaban registrados un total de 30 mil 871 casos, de los cuales el 36 % corresponde a personas con VIH, y el restante 64% con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA.

Sin embargo, las autoridades reconocen que existe un subregistro, y que la cifra de infectados puede superar los 65 mil, lo cual implica que más de la mitad de éstos no cuenten con acceso a los antirretrovirales necesarios para tratar la enfermedad. Se estima que en el presente año murieron casi tres mil personas debido a esta situación.

Ernesto Ponce, director del Programa Nacional de Prevención del VIH en Guatemala, indica que el Estado ha invertido desde el año 2012, 52.6 millones de dólares para prevenir, tratar y combatir la enfermedad, cuatro veces más de los 12.6 millones de dólares que otorgó en el 2002, pero lejos de los 86 millones de dólares que, según las previsiones, se necesitan para el 2015.

Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto específico para el tratamiento de las personas con VIH, que alcanza los Q98 millones, producto de una subvención con el Banco Mundial, el cual lleva un 60% de ejecución, aunque finaliza en marzo del 2014.

El 94% de las personas que se infectan cada año, lo hacen por medio de las relaciones sexuales sin protección, el 5% de forma lineal, es decir trasmitido de la madre contagiada al hijo al momento de nacer, y el restante 1% por otros medios «accidentales».

Cabe mencionar que recientemente se lanzó la iniciativa de comunicación Ver para Entender, una propuesta dirigida a eliminar el estigma y la discriminación por VIH y que desde 2011 promueve cada año el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH y Sida (ONUSIDA), la Cruz Roja Guatemala y la Comisión Nacional contra el Sida (CONASIDA).

El objetivo de facilitar el acceso a información correcta sobre la prevención del VIH es uno de los componentes básicos de la respuesta nacional a la epidemia, pero también es fundamental lograr la eliminación del estigma y la discriminación hacia las personas con VIH y hacia las poblaciones en mayor riesgo, según los promotores. Además, unificar esfuerzos en la eliminación del estigma y la discriminación por VIH.

Hace ya más de 30 años que apareció el primer caso de VIH en Guatemala. La diferencia desde entonces es que ya se cuenta con medicamentos antirretrovirales, pero el estigma y la discriminación continúan vigentes.

Según Ernesto Ponce, el estigma y la discriminación a las personas con VIH se da por la ignorancia de las demás personas que no saben cómo se transmite la enfermedad, aunque se sepa actualmente que esta situación se logra superar con prevención e información adecuada.

Según datos del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud: de los casos acumulados desde 1984, solo 16 mil 500 son atendidos actualmente con tratamiento de antirretrovirales, pues el resto de personas ha fallecido debido a que antes del 2002 no existían en Guatemala estos medicamentos.

SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA EN GUATEMALA

En Guatemala, la epidemia del VIH está concentrada en grupos de mayor riesgo: mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales y jóvenes en riesgo social. El Centro Nacional de Epidemiología recoge a diciembre de 2012 un total de 29 mil 664 personas con VIH y VIH avanzado. Sin embargo, las estimaciones y proyecciones elevaban hasta 57 mil 827 el número de personas con VIH.

Las consecuencias del estigma y la discriminación, o el temor a sufrirlas, implican una menor utilización de servicios preventivos, de pruebas y asesoramiento; un retraso y parcialidad en la revelación del estado y el aplazamiento o rechazo del tratamiento, atención y el apoyo. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se estima que en 2012 cada día 11 personas adquirieron el VIH en el país.

MEDICAMENTOS

Los antirretrovirales de primera línea son para aquellas personas a las que se les ha detectado a tiempo la presencia de VIH en el cuerpo, los cuales es el 90% de los casos. Según autoridades del MSPAS, estos y los demás tratamientos son gratuitos; pero específicamente en este caso el costo por paciente para el Estado es de Q600.

En el caso de los pacientes de Segunda Línea, que son los pacientes que se le detecta tardíamente, el costo mensual asciende a unos Q1 mil 200, y la prevalencia de esta fase es en el 7% de los casos atendidos.

Finalmente, en lo que se le llama Fase terminal o presencia del SIDA, el Estado invierte hasta Q6 mil mensuales por paciente para el suministro de los antirretrovirales; y esto corresponde al 3% de los casos.

Aunque el tratamiento de antirretrovirales es similar para cada uno de los casos, para la primera línea se cuenta con 8 esquemas de tratamiento y cada 6 meses se les realiza pruebas médicas a los pacientes en otras áreas del cuerpo para ver los efectos secundarios.

Cabe mencionar que los medicamentos sirven para controlar y prolongar la vida, no para curar, por lo que la expectativa de vida en la primera línea es hasta 20 años más tomando los medicamentos en orden; mientras un paciente con Sida puede vivir el mismo tiempo si no presenta a futuro, otras infecciones mortales que no solo atacan el sistema nervioso sino el gastrointestinal y otras áreas.

Además, en el Seguro Social son atendidos 4 mil pacientes aproximadamente, en el Ministerio de la Defensa se atienden 76 uniformados y en el Hospicio San José, se brinda el tratamiento a unos 790 niños con fondos semiprivados.

Hay dos fármacos antirretrovirales que provocan una reacción alérgica en los  primeros días o semanas de tomarlos, aunque en un número muy reducido de  personas. Los síntomas más habituales son diarrea, mareo, cansancio y trastornos de sueño.

Actualmente las recomendaciones de la OMS aconsejan iniciar el tratamiento tras el diagnóstico, independientemente de la carga viral y el recuento de CD4. Se ha estudiado en los últimos años el beneficio de un comienzo temprano del tratamiento para reducir la carga viral a indetectable y minimizar así las posibilidades de transmisión del virus.

Se estima que aproximadamente un tercio de las personas con VIH permanece estable hasta 10 años tras la infección, incluso sin tratamiento. Además el 60% inicia el tratamiento 5 años después de la detección del virus en el cuerpo y un 3% de las personas puede llegar a vivir hasta 10 años sin tratamiento.

ESTRATEGIA Y POLÍTICAS, AUSENTES

Respetar, proteger, promover y garantizar los derechos a la salud para las personas con VIH, así como no discriminarlas por su condición, son algunas de las estrategias que establece el decreto  27-2000.

Gabriela Tuch, coordinadora de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y PEMAR, manifiesta que el VIH se considera un problema nacional cuya respuesta debe ser de urgencia nacional. Sin embargo, cuestiona que no hay compromiso del Estado para el combate a esta pandemia; pero espera que a través de las reformas a la ley en el Congreso, quede plasmada la obligación de planes estratégicos armonizados y consensuados.
 
Además, explica que no hay clínicas especializadas o diferenciadas para atender esta temática en la red hospitalaria y que incluso, la lejanía de los centros de salud tiende incidir en el comportamiento actual de la epidemia en el país.

La Red Legal interpuso una denuncia en el 2012 en contra del Ministerio de Salud, por la poca ejecución de la subvención del Banco Mundial para la compra de medicamentos. A partir de entonces la existencia ha mejorado, pero siempre persiste en las instituciones la poca coordinación en la distribución de los medicamentos.

DE ASESORÍAS A DENUNCIAS

Según la Ley para el Combate del VIH en Guatemala, la iniciativa privada está facultada a realizar pruebas de detección de VIH solo si a través de un expediente clínico, se hace constar que es con fines exclusivamente de atención a la salud de los trabajadores, a fin de contar con mejores criterios para su tratamiento.

David Sánchez, abogado de la Red Legal, critica que las empresas tengan autorizado como requisitos para optar a un empleo, la prueba de VIH, pues dice que la persona que necesita trabajar lo hace por obligación y no voluntariamente. Además, expone que lo mismo sucede cuando se trata de renovación de contrato o se quiere ascender a un cargo superior, y cuando se enteran que es portador de VIH los despiden con la excusa de la reestructuración.

Asimismo, argumentó que una de las debilidades de la ley es que no habla de sanciones penales y económicas, sino de sanciones morales. Pero el Código Penal establece sanciones por revelar secretos o en este caso, revelar diagnósticos, lo cual ha sucedido, según el entrevistado, en el 40% de las pruebas realizadas. Es por ello que se habla que de cada 10 asesorías brindadas por la Red Legal, 4 se convierten en denuncia mensualmente.

“La persona es excluida o tratada mal y comienzan a desplazarlos de los espacios públicos. La gente comienza a sentir miedo por la falta de información. Tenemos denuncias de personas que se quejan de que el IGSS no proporciona los medicamentos a tiempo, lo cual es grave porque ellos tienen que tomarlos con cierta temporalidad y les dicen que no había en bodega y que lleguen al otro día”, refirió

La entidad brinda acompañamiento legal a las personas que han sido discriminadas por ser portadores de VIH en distintos ámbitos; ante lo cual ponen una denuncia en el Ministerio Público para iniciar el proceso de resarcimiento a los afectados.

“Tratamos que las partes lleguen a un buen término. Se aboga por las audiencias de reconciliación porque a veces las personas son de escasos recursos y no pueden  pagar el acompañamiento de un abogado. Buscamos en último término que se sancione al Estado o la empresa para sentar un precedente y no se vuelva a permitir esta violación de derechos; que sea resarcida o reinstalada. Otro problema que se da es que se despiden y no pagan prestaciones laborales, pues los amenazan”, apuntó Sánchez.

“VINO PARA QUEDARSE”

Para Aldo Dávila, director ejecutivo de la organización Gente Positiva, que trabaja en la prevención del VIH a través de información en centros educativos y la diversidad sexual, las personas portadoras del virus no se ubican como una población de prioridad para el Estado, pues en algunos casos han recibido denuncias de personas que no tienen acceso a los sistemas de salud ni a información sobre educación sexual.

Asimismo, Dávila reprocha que el Ministerio de Salud no brinda una atención adecuada a las personas que portan el virus, dado que solo se les brinda los medicamentos a los pacientes y con eso “pretenden callarles la boca”, pues la atención debe ser integral y contar con nutricionista, trabajador social, educador y un psicólogo para el correcto abordaje.

Por su parte, Israel Orrego, técnico del Programa contra el VIH de la Cruz Roja Guatemalteca, revela que cada lunes llevan a cabo las Jornadas de Detección de VIH en la sede de la zona 1 capitalina, la cual ha servido para proyectar el problema y el tratamiento de los casos. Además, facilitan la distribución de condones e información para todas las personas que lo requieran, sean heterosexuales, transexuales, y homosexuales.

Finalmente, menciona que brindan acompañamiento y atención, tanto en el plano de la salud física así como en el ámbito social y mental de las personas cuyo diagnóstico es seropositivo. Dichos casos reactivos la Cruz Roja los remite al Hospital Roosevelt o la clínica de atención integral en el Hospital San Juan de Dios para el protocolo específico. Aunque el número de pruebas realizadas semanalmente varía, se estima que están entre las 15 a 20 cada lunes.