El estudio “Violentas y Violentadas” realizado por Interpeace revela la situación de las mujeres pandilleras en el triángulo norte de Centro América –Guatemala, El Salvador y Honduras– y la función “pasiva” que desempeñan.  Según el Sistema Penitenciario (SP), solo 138 de estas jóvenes están detenidas en los centros carcelarios, ya que anteriormente eran 152, pero 14 desertaron de sus grupos.

Siguiendo órdenes, empiezan a tomar un rol más activo

Hay 138 pandilleras recluidas en el Sistema Penitenciario

 En el país la situación se agudiza debido a una importante cantidad de adolescentes que quieren formar parte de las clicas y mostrarse incluso más violentas que los hombres, mientras el riesgo social se fortalece con la deserción escolar, las violaciones sexuales y el maltrato infantil que sufren en su entorno.

Estadísticas oficiales revelan que la cantidad de mujeres integrantes de pandillas es mucho menor en comparación con el número de hombres detenidos y miembros activos de las células criminales.

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), de las 180 mujeres detenidas este año por el delito de extorsión –actividad delictiva particularmente utilizada por las maras–, al 60 por ciento se le considera pandillera o tiene vínculos con esos grupos.

El informe “Violentas y violentadas”, sobre las relaciones de género en las maras Salvatrucha y Barrio 18 del triángulo norte de Centroamérica, realizado por Interpeace entre mayo y diciembre de 2010, indica que en el ámbito interno de las maras las mujeres continúan cumpliendo con roles pasivos como compañeras sexuales de los pandilleros, criadoras de los hijos, cocineras para los grupos, cuidadoras de los enfermos y visitadoras de los presos.

Mientras que en el ambiente público son utilizadas para trasladar armas, drogas, dinero y mensajes, aunque también son el rostro visible para realizar los cobros de extorsión en algunos negocios.

En el país constantemente se confirma esta teoría y no solo se limita a las parejas de los pandilleros, sino también a las madres, hermanas o familiares.

Por ejemplo, el pasado 30 de marzo de 2012 fue detenida Antonia de Paz Cajbón de Ixpatá, de 48 años, progenitora de Héctor Mendoza de Paz, pandillero detenido en el sector 11 del Preventivo y sindicado en aquella ocasión de dirigir a una estructura de extorsionistas desde la cárcel.

FACTORES DE RIESGO

Según el estudio, los factores de riesgo para que una niña sea parte de estos grupos son la desigualdad social, la violencia sexual, el maltrato infantil, la deserción escolar y el desempleo, así como el fácil acceso a las armas y drogas.

El documento explica que algunas jóvenes se sienten atraídas por la identidad y la dinámica de las pandillas y desean formar parte de esos grupos, sin embargo, las exigencias para aceptar a las mujeres son mayores que aquellas que solicitan a los hombres.

“Para ser reconocidas por el grupo, ellas deben demostrar valor y lealtad, igual que los hombres, pero la sospecha de su posible deslealtad aumenta por el hecho de ser mujeres”, explica el estudio.

La publicación devela que las adolescentes tienen dos opciones para entrar a la pandilla: recibir una paliza o sostener relaciones sexuales con varios miembros del grupo, por un periodo igual de tiempo.

La investigación de Interpeace revela que se constató que prácticamente la mayoría de las jóvenes optan por la paliza y no por la violación sexual colectiva, porque les parece “más digno” y porque de esa manera el grupo las respeta más debido a que tienen que mostrarse mucho más violentas, “más valientes para ser respetadas”.

“Es una manera de demostrar honor, fuerza y valentía, reproduciendo un modelo masculino que es de suma importancia para el grupo”, indica.

MÁS VIOLENTAS

A criterio de Eluvia Velásquez, de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede) –que trabaja con jóvenes en riesgo social y en rehabilitación– en todos los tiempos las adolescentes pandilleras han pretendido demostrar su “valentía”, para sobresalir del grupo y ser respetadas por sus integrantes.

“La modalidad actual, aunque creo que siempre ha existido pero no se evidenciaba mucho por el tema de ser mujeres, es el de ser sicarias; ha existido siempre aunque no todas se han animado a hacer misiones de asesinato.  El tema responde a una lucha de poder porque han sido discriminadas como género, intentan demostrar su valor y su fuerza para hacer las cosas”, reitera.

Algunos casos recientes y que han destacado por el impacto social, fue el ocurrido el pasado 24 de octubre, cuando fue asesinado por dos mujeres presuntamente pandilleras, el piloto del bus extraurbano Álvaro Castellanos, de 35 años, mientras que el pasajero Bartolo Saquij, de 42 resultó herido.

Sin embargo, uno de los actos con más saña, fue el suscitado el 3 de enero de 2011, cuando  Doménica Isabel Carrera Hernández, de 20 años, colocó una bomba incendiaria en un bus de las Rutas Quetzal y causó la muerte de nueve pasajeros, entre ellos tres niños.

 “Los jóvenes dicen que ellas son más aventadas que ellos, son más estratégicas.  En una ocasión alguien me comentaba que ya no quería que la siguieran viendo como una prostituta, sino como una integrante del Barrio, quería ser tratada igual que los hombres”, explica Velásquez.

La entrevistada concluyó que la mayoría de mujeres que han sido detenidas, prácticamente dejan de ser útiles a las maras que las invisibilizan, pero a pesar de ello, sólo un pequeño porcentaje decide declinar.

“Ellas por la situación en que se encuentran ya no tienen mayor incidencia, están inmovilizadas aunque siguen enamoradas de la pandilla, si pueden salir de la cárcel obviamente continuarán, pero si no desde adentro siguen como cualquier privada de libertad para continuar con el protocolo del proceso de rehabilitación”.

SIN POLÍTICAS

Julio Rivera Clavería, exviceministro de Seguridad y analista del tema de pandillas, explicó que el fenómeno de las maras responde a la ausencia de políticas públicas de prevención.

“Existe un Viceministerio de Prevención de Violencia, en la parte legal y administrativa, pero en la práctica y realidad de gobierno, no existen políticas de control y prevención del delito, en este caso de las maras, al no existir es muy difícil combatirlas”, refiere.

Clavería dijo que las políticas públicas se logran al abrir escuelas de arte, de deporte, mejorar las condiciones físicas de los parques y el alumbrado, aunque según él se hacen algunos esfuerzos; también al incrementar el trabajo policial y de barrio para relacionarse con la población.

Por otro lado, el entrevistado indicó que la educación, las mejoras en los salarios de los trabajadores son otros factores que pueden contribuir a reducir el riesgo social de los jóvenes y las familias completas.

“La gente de muchos de estos lugares –zonas rojas– no tiene acceso a un trabajo decente y a un salario digno, optan por organizarse y extorsionar, eso es lo más fácil.  Es un tema bien complicado”, dijo.

INSTITUCIONALIZAR PROGRAMAS

El viceministro para la Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación (Mingob), Árkel Benítez, destacó que en las zonas rojas donde proliferan las pandillas y existen adolescentes en riesgo social, se trabaja a través de una unidad de género y con ello se busca que las comisiones de prevención, las juntas de participación juvenil y el programa de escuelas seguras lleven como eje transversal el tema de violencia contra la mujer.

“El tema de seguridad que es lo que nos corresponde a nosotros, no sólo que estén con plena conciencia los policías, sino que tengan acciones concretas para erradicar la violencia contra la mujer, se han trabajado protocolos con la PNC, se han capacitado al momento como 3 mil policías con diplomado en prevención de la violencia contra la mujer y aplicación de los protocolos que se elaboraron con el Sector de Mujeres, precisamente para que los policías –la primera cara de la seguridad del Estado– traten adecuadamente el tema de las mujeres para evitar revictimización”, indicó.

El viceministro dijo que hay prioridad en 35 municipios con índices violentos. En algunos como Mixco y Villa Nueva las municipalidades implementaron acciones para la atención integral de las mujeres y en el caso de las adolescentes, se pretende que participen en talleres de arte, deporte y diversas actividades.

Por otro lado, explicó que buscan institucionalizar programas para prevenir la violencia en contra de las mujeres y muestra de ello fue la publicación reciente del Acuerdo 463-2013.  La disposición reforma el Acuerdo Gubernativo 831-3013 de fecha 24 de noviembre de 2000, Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.

Según la publicación, la Coordinadora para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer (Conaprevi) funcionará con carácter coordinador, asesor e impulsor de las políticas públicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres, teniendo en su mandato en lo preceptuado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Con las reformas en el artículo 10 se integrará a la Conaprevi la Secretaría Presidencial de la Mujer, el Fiscal General de la República o su representante, el Presidente del Organismo Judicial o su representante, el Tercer Viceministerio del Mingob, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), el Procurador General de la Nación (PGN), un representante del Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (Propevi) y un representante de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi).

“Esta es la integración y parte de la transformación que estamos haciendo nosotros para darle institucionalidad al tema de la mujer, no es sólo visibilizar el problema, sino que darle integración jurídica y empezar a desarrollar acciones, la Conaprevi por ley es la que debe orientar las políticas generales para prevenir la violencia contra la mujer, y si no estaba funcionando había que hacerla funcionar”, explicó Benítez.