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El mandatario anticipó la víspera en un mensaje de Twitter que además de la aprobación de esas dos leyes -una referida al control de costos, ganancias y precios en la venta de todos los productos y otra sobre importaciones- aplicará desde el fin de semana inspecciones a tiendas de centros comerciales e iniciará en todo el país un censo de pequeños y medianos comercios.

Venezuela, con 15 años de un proceso «revolucionario socialista» implantado por el fallecido presidente Hugo Chávez y que mantiene Maduro, ha visto acentuarse los controles sobre la economía en áreas como la compra y venta de divisas, en manos exclusivas del Estado desde 2003, así como expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y tierras que ya no producen en las manos públicas, según gremios privados como Fedecámaras.

Felipe Benítez, director del no gubernamental Observatorio de Derechos de Propiedad, dijo a The Associated Press que sobre otras normas que podría decretar el presidente en los próximos meses «es muy difícil anticipar por un simple hecho: que no está claro la teoría que acompaña estas cosas (controles)». «Si la política de control de precios funcionara… todos los gobiernos del mundo lo habrían hecho», destacó en entrevista telefónica.

Benítez anticipó que lo que se afianzará en el país son los «mini mercados negros» de productos que ya existen, con vendedores ambulantes que ofrecen alimentos como harina, cuyo precio está fijado por el gobierno, pero a mucho más valor. «La gente está dispuesta a pagar», dijo Benítez, porque no lo consigue. Lo mismo podría pasar con electrodomésticos que se han vendido en los últimos días con rebajas ante las fiscalizaciones del gobierno, agregó.

«La gente lo que va a hacer es que los van a revender… (porque) ven una oportunidad de negocios más adelante» cuando eventualmente falten los productos en los estantes de las tiendas, indicó Benítez al resaltar que el gobierno tiene antecedentes de no ser buen importador ni buen productor.

Ante una inflación de 54,3% acumulada en los últimos 12 meses y la escasez de decenas de artículos, Maduro comenzó a aplicar desde comienzos de mes inspecciones a comercios como de venta de electrodomésticos y ferreterías, entre otros, para combatir lo que denomina una guerra económica desatada por sus opositores. Decenas de comercios han reducido sus precios hasta un 70% y ante el despliegue de las autoridades en locales de todo el país muchas cadenas han optado por aplicar descuentos voluntarios.

El presidente, que pidió en octubre a la Asamblea Nacional que le otorgara poderes especiales para decretar a lo largo de 12 meses medidas con fuerza de ley, está facultado desde el miércoles para emitir esas normas, que dice que son la pieza fundamental para combatir la especulación y usura que atribuye a sus adversarios políticos.

Ante la presión oficial, gremios como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), que agrupa a 200 cámaras en todo el país, han hecho esta semana propuestas públicas de diálogo al gobierno para discutir temas como una revisión a la normas que les impiden despedir trabajadores -lo que ha estimulado el ausentismo laboral que se calcula en al menos 20% en los comercios- o las medidas que mantienen congelados desde hace varios años los precios de productos alimenticios.

Además «tenemos que regresar a la producción nacional como mecanismo para que el crecimiento sea sustentable. Nosotros no podemos pretender que vamos a crecer de una manera sólida a punta de importaciones», dijo telefónicamente Mauricio Tancredi, presidente de Consecomercio, un sector que creció 9,2% en 2012 pero para este año «vamos a tener un crecimiento prácticamente nulo».

El gobierno describe a gremios como Consecomercio como parte de la «oligarquía» que mantiene esa guerra económica en su contra.

En tanto, ante las declaraciones la víspera en las que el Departamento de Estado en Washington manifestó su preocupación por los poderes especiales entregados a Maduro, la cancillería venezolana rechazó en la jornada tal «intromisión en los asuntos internos» del país y denunció «ante el mundo que el gobierno de Estados Unidos utiliza a su tarifada oposición venezolana para ejecutar un plan de desconocimiento del orden constitucional venezolano», según indicó en un comunicado divulgado en su página en internet.

Por años, el gobierno venezolano ha acusado a la oposición de seguir instrucciones y ser financiada por Estados Unidos, lo que dirigentes opositores niegan.