El tema del amparo dictado por la Sala Tercera de Apelaciones del ramo civil para dejar en suspenso durante dos años, en tanto se resuelve la situación legal de la cadena de anomalías en cuanto a las inscripciones en el Registro de la Propiedad de una finca en Izabal, tiene una cantidad de aristas que son muy importantes. Pero sin irnos tan atrás como para entrar al origen del problema, hay que decir que el mismo Registro de la Propiedad Inmueble en el acta número 353 del año 2008, ya en tiempos de Álvaro Colom, señala que el departamento de seguridad registral realizó una investigación con base en informaciones de la Secretaría de Asuntos Agrarios relacionada con las fincas que fueron objeto del amparo resuelto por la Sala.

En el acta se afirma que “por haberse verificado que los hechos que se hicieron constar en acta o actas anteriores persisten, que se desconoce si hubo investigación por parte del ente idóneo, y los resultados de la misma, en protección de la base de datos del Estado, de la seguridad jurídica y por tenerse el fundado temor que con los números de finca identificados se están usurpando baldíos de la nación, a. Se suspenden las operaciones registrales en las fincas…” relacionando los números precisos de las que fueron materia del amparo.
 
 Suspendidas esas operaciones registrales, no había cómo realizar las posteriores pero en el año 2011, todavía en tiempos de Colom, se inscribe la propiedad de todas esas fincas unificadas en una nueva a favor de las sociedades NYSSA, CASSIA, RAPHIA y ZELKOVA, según escritura autorizada por el notario Josué Figueroa Son. Ese mismo notario presenta al registro, exactamente seis meses después, otra escritura en la que esas sociedades adjudican a Tableros de Fibra de Madera El Alto, Sociedad Anónima la finca constituida mediante la unificación realizada no obstante lo dispuesto en el acta del mismo Registro. Posteriormente la sociedad Tableros de Fibra de Madera El Alto adjudica el mismo bien a Tableros de Aglomerado, Sociedad Anónima, misma que pasa a ser parte del Fideicomiso de Apoyo Inmobiliario constituido por tal entidad en el Banco G&T Continental.
 
 La pregunta a la registradora actual es si no le parece sospechoso que un inmueble cuyas inscripciones habían sido suspendidas, por el mismo Registro, por la sospecha de que se están usurpando baldíos de la Nación, haya sido objeto de nuevas inscripciones cuando el registrador nombrado por Colom autorizó su operación y que las famosas fincas pasaran a sociedades en las que es socio dominante uno de los allegados al  expresidente.
 
 Todo es tan obvio como obvia es la motivación política de la Registradora para usar este caso a fin de quedar bien con los que le pueden apalancar su campaña tras el Ministerio Público.

Minutero:
Hablar de propiedad
 sin entender de despojos
 es no ver los puntos flojos
 de donde hay venalidad