La seguridad tiene costos negativos en la vida y en el bienestar de las personas, en sus comunidades y sus instituciones y también está relacionada con los déficits y los desafíos del desarrollo humano en América Latina, destaca el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, en el que se ubica a Guatemala como uno de los países con mayor número de homicidios, adelante de El Salvador, Honduras, Belice, Venezuela y Colombia.
Según el estudio sobre el homicidio realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2011, la probabilidad de ser asesinado por un arma de fuego en América Latina es seis veces mayor que por arma blanca.
El documento refiere que el consumo de alcohol está asociado con conductas de alto riesgo, entre ellas, el recurso a la violencia. Las encuestas en las cárceles evidencian la asociación entre el consumo de alcohol y la comisión de delitos.
Además, es un factor asociado a la violencia de género; encuestas realizadas en 12 países de la región muestran que las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja perciben que estas agresiones se relacionaron con consumo de alcohol.
La investigación detalla que hay un debate abierto sobre la relación entre la tasa de criminalidad, los niveles de violencia y la posesión de armas de fuego; la discusión gira en torno a dos perspectivas: las armas como instrumento de disuasión las armas como facilitadoras de la violencia ay el crimen.
Sin embargo, considera que las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delitos; han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos.
Sobre las drogas, el informe del PNUD destaca que esta problemática constituye una temática hemisférica; no admite tratamientos distintos en cada una de sus fases; además, señala que no existe una relación indisoluble entre el problema de las drogas y la situación de inseguridad en que viven muchos ciudadanos de las Américas.
La inseguridad afecta más a aquellas sociedades en las cuales el Estado no está en condiciones de entregar respuestas eficaces; es necesario enfrentar el consumo de drogas con enfoque de salud pública, añade.
El Informe de Desarrollo Humano regional subraya que los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana deben de tener en cuenta las necesidades y demandas específicas de los jóvenes y las mujeres y ofrece 10 recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas de la región entre ellas: 1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado; 2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito y 3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad.