Desde el pasado 28 de octubre fuerzas militares y policiacas tomaron el control perimetral de algunas de las principales aduanas del País, todo dentro del marco de la denominada “intervención operativa” decretada por el Gobierno de la República, con la finalidad de controlar lo que el mismo gobierno calificaba como fuera de control.

Como se recordará, la intervención operativa fue el resultado final de varios amagones que realizó el Gobierno por intervenir directamente a la SAT, intención ampliamente cuestionada tanto por su viabilidad legal como operativa, pues pretendía designar como interventor al mismo superintendente  de la SAT, de  manera tal que este autointerviniera las aduanas del País.

Finalmente y como se ha vuelto costumbre, sin planes concretos o metas establecidas se procedió con  este corralito aduanero sobre el cual ya empiezan a conocerse algunos datos o resultados, tal y como los que publica el matutino Prensa Libre en su edición del día de hoy, en el cual cita al intendente de recaudación de la SAT, Omar Franco, indicando que la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en las aduanas incide en que los contribuyentes declaren “un poco” mejor el valor de las mercancías que ingresan al País. Con independencia de percepciones o frases vertidas, los datos que arroja la recaudación en las aduanas sitiadas, reportan un incremento de alrededor de 3 millones de quetzales en la primera semana de intervención operativa. Si bien es cierto que un incremento en la recaudación es positivo, deberá de esperarse en primera instancia a que se conozcan los resultados de recaudación del mes de noviembre en curso, lo cual permitirá tener una perspectiva de mayor plazo sobre la eficacia de la operación y  sobre todo,  el Gobierno, debería de dar a conocer los costos de mantener al Ejército y a la policía  haciendo presencia en las aduanas intervenidas, pues como es del conocimiento público, el Ejército e imagino que el Ministerio de Gobernación también lo hará, trasladará el costo del “servicio” a la SAT y tendremos que analizar cuál fue finalmente el provecho que obtuvo el Estado de Guatemala por esta aventura intervencionista.

Los débiles resultados de la recaudación tributaria anual hacen necesaria la implementación de medidas para el correcto pago de los tributos en todos los niveles, las aduanas son uno de los lugares de mayor incidencia de esos controles, sin embargo en mi opinión la forma en que se realizan los controles no es la adecuada. El Gobierno debería de fortalecer a la SAT y ésta a su vez debería de incrementar los controles en los usos de las  partidas arancelarias que utilizan los importadores,  en los aprovechamientos de exenciones fiscales de manera tal que se beneficie quien realmente lo merezca y no que se beneficie el que aproveche los agujeros de la ley, allí, sin duda haría un mucho mejor trabajo el ente recaudador y no tendríamos que estar gastando en utilizar fuerzas de seguridad para disuadir a que se declare correctamente lo que ingresa o sale del País.

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